Ayer, el Ministerio de Economía dio a conocer públicamente el cronograma del proceso de reestructuración de la deuda que planea llevar adelante. En el mismo, ratificó la decisión de respetar los tiempos previstos inicialmente por el presidente Alberto Fernández, respecto a que la operación con bonistas privados debería culminar el 31 de marzo.
Además, indica que durante la segunda semana de marzo presentará a los acreedores privados la oferta detallada con la que buscará llevar adelante el proceso de reestructuración de títulos emitidos bajo ley extranjera, que abarca a un universo posible de alrededor de US$ 140.000 millones y que equivale al 44,9% del total de la deuda pública.
Si bien el texto oficial de los pasos a seguir con la deuda externa no habla de montos ni presenta lineamientos, del cronograma planteado se desprende que apunta a respetar el tiempo de tratamiento del proyecto de ley que aún deberá ser debatido en el Senado la próxima semana, que por la presencia que tiene el oficialismo en ese recinto se descuenta que será aprobado.
El cronograma fue presentado un día hábil antes del vencimiento de la oferta mejorada que elevó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a los tenedores del bono provincial 2021 (BP21) para posponer un vencimiento de capital hasta el 1 de mayo.
También se acomoda a los tiempos de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que la misión encabezada por Luis Cubeddú vendrá al país el próximo 12 de febrero y asistirán a la presentación del plan de Sustentabilidad que hará en el Congreso el ministro de Economía, Martín Guzmán, que se concretaría entre el 12 y 17 de febrero.
Tras la presentación formal de la oferta argentina durante la segunda semana de marzo, los acreedores privados tendrán sólo diez días para analizar y devolver una contrapropuesta antes de que empiece el roadshow de quince días que tiene previsto realizar el Gobierno para promocionar la propuesta definitiva.
Ese programa permitirá conocer la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), inflación, tipo de cambio y déficit fiscal. A esto se sumará luego la propuesta con los lineamientos del canje, que pueden comprender extensión de plazos y quita, entre otras posibilidades.
A priori, la propuesta oficial fue recibida con cautela por parte de los inversores y analistas financieros. En general coinciden en que los plazos previstos podrían resultar “un poco ambiciosos”, si lo que se busca es la combinación de una propuesta “de buena fe” y “sustentable”.
“Creemos que el cronograma despeja algo de incertidumbre sobre las negociaciones de la deuda, mostrando algunas buenas señales de que el gobierno trabaja junto al FMI antes de discutir la oferta con los tenedores de bonos y el objetivo de una resolución rápida del problema de la deuda”, indicó Ezequiel Zambaglione, de Balanz Capital.
De acuerdo con el especialista, la credibilidad del programa económico será clave para observar una solución rápida, ya que la falta de crecimiento de la economía argentina de los últimos años junto con la capacidad de alcanzar un superávit primario sostenible parece preocupar más a los inversores que el stock de deuda en sí mismo.
“En general, pensamos que las negociaciones podrían tomar más tiempo que el estimado por el Gobierno, ya que no hay un consenso entre los puntos de vista de los tenedores de bonos sobre qué necesita Argentina para sortear la crisis de deuda. Además, las medidas económicas que ha tomado el Gobierno no se encuentran en línea con un programa tradicional de crecimiento, mientras que las medidas fiscales tomadas podrían traer superávit fiscal primario para este año, pero no parecieran sostenibles a largo plazo”, señaló Zambaglione.
“En nuestra opinión, una solución rápida, excepto si se encuentra acompañada de un programa económico consistente y un apoyo total de los tenedores de bonos, no estaría en línea con una Argentina resolviendo sus problemas de sostenibilidad, con lo cual los bonos continuarían cotizando por defecto a precios cercanos a $50”, estimó.
