Una opción win-win para el Estado y los acreedores

9 de diciembre, 2019

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Por José Dapena Director de la Maestría en Finanzas de UCEMA

 

El crédito financiero, en su esencia, es muy similar a un alquiler inmobiliario. En este último, un propietario cede el uso de un inmueble a un locatario, que a cambio paga una renta periódica (alquiler) y al finalizar el contrato devuelve el inmueble en similares condiciones a las recibidas. El locador desea mantener su inmueble alquilado, ya que gracias a eso percibe una renta. En el crédito sucede algo similar, un prestador cede capital financiero a un prestatario, que se compromete a pagarle una renta periódica (tasa de interés) y devolverle el capital en partes o todo junto. En ambos casos mantener el capital sin uso genera una pérdida financiera al locador o prestador, por lo que desean mantener el capital prestado o el inmueble alquilado. Sin embargo, y siguiendo esta analogía, Argentina tiene un problema de deuda soberana porque la conducta del locatario es riesgosa, y el locador tiene miedo que no le restituyan el “inmueble” (un default), ya que hay otros países con mayores niveles de deuda relativa al PIB (como Japón) pero percibidos como más previsibles.

 

Si repasamos algunas cifras de la deuda, la misma representa aproximadamente 75% del PIB (dependiendo como se mida), pero con un gran componente intraEstado (casi un tercio). Los intereses representan 3% del PIB, aproximadamente. Finalmente, aun con recesión e inconvenientes, la tasa de riesgo país antes de las PASO era de 800 puntos promedio y saltó a un promedio de 2.100 posteriormente. Si bien estas cifras son significativas, no son más alarmantes que las de otras economías vecinas, más aún con el esfuerzo realizado en términos fiscales en 2019 y la reversión del saldo de cuenta corriente. La incertidumbre política respecto del futuro hace el resto.

 

Argentina ya acudió al prestamista de última instancia, y no tiene en el corto plazo de donde obtener mágicamente recursos. El desafío es lograr un acuerdo voluntario de renegociación con los acreedores. En tal sentido, un aspecto positivo es que la deuda soberana se viene pagando regularmente y no hubo default a pesar de sus paridades (cotizan al 40% promedio de su valor).

 

Sin embargo, los plazos de renegociación no deberían extenderse más allá de marzo de 2020, atento a los vencimientos que operan. Al respecto, y dadas las tasas de interés que imperan a nivel internacional, hay un espacio de win-win para acreedores y el Estado, en el cual ambos pueden resultar favorecidos.

 

El desafío del Gobierno es el de cambiar la expectativa actual de un flujo de fondos (capital más intereses) por una expectativa diferente del mismo flujo de fondos, que permita contar con un waiver de los vencimientos de corto plazo, que son los que ponen mayor presión sobre la economía, y logrando un cupón de intereses (que puede ser progresivo en el tiempo). En tal sentido, variedad de alternativas en cuanto a plazos, cupones y monedas le confiere atractivo.

 

Esto requiere de un plan fiscal que ayude a reducir la incertidumbre política a la que me refería previamente. Pretender una renegociación exitosa sin considerar la sustentabilidad fiscal es utópico.

 

Finalmente, un aspecto crucial es la cuestión jurídica, para evitar errores que posteriormente signifiquen reclamos con sustento legal. Los pasos a darse deben ser cuidadosamente planeados en tal sentido, que es casi tan importante como la propuesta financiera a realizarse.

 

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.