Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
Si Argentina tuviera una dirigencia un poquito más lúcida, tanto el Gobierno como los protagonistas de la sociedad civil serían menos adictos a pedir la sistemática intervención del Presidente para resolver conflictos internacionales de política comercial altamente complejos. Sobre todo cuando el país debe tratar con un personaje visible y nada fanático de los hechos como Donald Trump y una clase política nacional que está cerebralmente maniatada para evitar obstáculos al reperfilamiento de la deuda, lo que nos induce a pedir perdón no por nuestras acciones, sino por las acciones ilegales y mercantilistas de Washington.
Por fortuna, y a pesar de que se emplearán argumentos de otro tenor, esta columna ya no predica en soledad. El sábado 7 de diciembre, The Financial Times tuvo el acierto de recoger la opinión de Carlos Abadí, quien bajo el título “Aranceles (originados) en falsas pretensiones” (Tariffs by false pretenses), llega a conclusiones muy similares a las que se incluyen en el presente comentario.
La iniciativa estadounidense que emergió para restaurar los aranceles a la importación de acero y aluminio aplicables a las exportaciones originadas en Argentina y Brasil, demuestra que la supuesta relación especial con Washington nunca rigió para las acciones o reglas injustificadas, ilegales y de capitalismo de amigos que aplica el Jefe de la Casa Blanca (algunas de esas manipulaciones figuran en la reglas de origen del nuevo Nafta, aún no ratificado por el Congreso de Estados Unidos).
Tal anuncio se plasmó con un tuit de Trump no precedido por el requisito de oportuna consulta técnica o por alegatos dignos de debate ante una audiencia educada en el tema. Hasta el momento de redactarse la presente columna, no se registraba difusión alguna de un comunicado oficial en los sitios de internet del USTR (el Representante Comercial de ese país), la Secretaría de Comercio o la Casa Blanca.
La anterior no es una movida accidental de Washington. Al concluir el tercero de los cuatro años de este primer ciclo Trump, él sólo demostró cierta buena voluntad hacia Argentina al no persistir en el antiguo cajoneo de viejas y excesivamente publicitadas restricciones ilegales y proteccionistas a nuestros limones y carnes (este último fue uno de los items del paquete de concesiones que Argentina obtuvo de la Ronda Uruguay del ex GATT que me tocó negociar y suscribir en persona), cuyo valor económico no hace mucha sombra en el piso pero tiene la virtud de mostrar que las exportaciones del país satisfacen las exigencias técnicas y sanitarias de dicho mercado, una valiosa referencia para incursionar en otras plazas de similar dificultad.
Los aranceles que Trump decidió reponer a las exportaciones de Brasil y Argentina también fueron la frutilla del postre de una semana de gloria destructiva y autodestructiva. En estas horas, la cabeza del Presidente estadounidense podría rodar si el juicio político promovido por la Cámara de Representantes, consigue torcer el voto de la mayoría propia que tienen los republicanos en el Senado, lo que no parece fácil. La moraleja del asunto es simple: los diálogos políticos de alto nivel sólo sirven si están apoyados por un caso bien fundado y existe la clase de legalidad internacional que el Washington histórico ayudó construir durante los consensos de los '80 y el Washington actual intenta desmantelar pieza por pieza a velocidad ultrasónica.
En este fin de año Estados Unidos consumó su retiro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, mutiló seriamente el sistema de solución de diferencias de la OMC (al descabezar la membrecía y los fondos destinados al Organo de Apelación), y por lo tanto la efectividad contractual de esa organización, un enfoque que resulta inaceptable para la casi la totalidad de los restantes miembros del sistema. Al respecto sería interesante saber qué hará el presidente Jair Bolsonaro, quien en su momento dijo que se proponía seguir uno por uno los pasos de Trump y cuenta con un funcionario de su propia Cancillería al frente de la secretaría de tal organización.
Con anterioridad, Washington también se había ido de la Unesco, nunca quiso ratificar el Protocolo de Kioto, no es miembro de la Convención sobre Diversidad Biológica y cometió la tontería de irse del Acuerdo de Asociación Transpacífica tras una reacción hepática que el propio mandatario hubo de lamentar expost. Horas atrás le faltó
muy poco para dar un absurdo portazo en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La Casa Blanca y sus apóstoles tampoco parecen contar con fundamentos reales y legales (la evaluación del FMI por ejemplo) para sostener que las devaluaciones del peso argentino son de naturaleza competitiva. Lamentablemente los gobiernos de nuestro país pecan de lo contrario. Jamás actuaron con suficiente madurez y conocimiento para forjar una sólida competitividad de la economía, uno de los problemas estructurales que impiden consolidar la actividad exportadora.
Al proseguir usando las normas unilaterales e ilegales establecidas bajo la Ley Omnibus de 1988 sobre Comercio Exterior y Competitividad, que estableció el rito de vigilar la política cambiaria de sus contrapartes comerciales y recurrir a un cuestionable procedimiento de evaluación, Estados Unidos se autodenominó auditor de facto de la Ley Internacional. Como en muchas otras cosas, el Washington actual interviene en lo que no sabe y casi nunca conforme a derecho.
Las tres legislaciones sobre comercio aún vigentes en Estados Unidos resultan, por todo ello, inconsistentes con el Artículo XVI:4 del Acuerdo de Marrakech que estableció la OMC y este es un temita que un día de estos habrá que discutir en serio con la Casa Blanca.
Por otra parte, ninguno de los escándalos y maniobras de política comercial impulsados por el Washington de estos días, como las guerras comerciales lanzadas contra China y otros once países y regiones (cuyo origen tenía justificada razón de ser) distan de ser un gigantesco paso en la buena dirección. Y si bien casi todos esos proyectos están en veremos, o por aprobarse en cualquier momento, ello no impide que sus enfoques presionen fuertemente hacia abajo el crecimiento del comercio y la economía mundial. En ese tinglado se entiende mejor el nuevo e ilegal exabrupto contra Brasil y Argentina.
Que se sepa (espero estar equivocado), el gobierno nacional no le preguntó a Washington cual es el fundamento o fuente legal que permite la barrabasada de restaurar unilateralmente los aranceles a la importación del acero y el aluminio por razones de Seguridad Nacional (sección 232 de la Ley de Comercio de Estados Unidos). Los informes internos de Washington dan cuenta de que tales razones son inexistentes (según una estimación del Departamento de Defensa, la demanda de aluminio para garantizar las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional no supera al 5% del consumo). Y dos cosas más. Primero, hace tiempo que el propio Senado estadounidense logró elevado respaldo bipartidario para la noción de devolver al Congreso la potestad, hoy unívoca, de adoptar las decisiones sobre Seguridad Nacional en la Casa Blanca, ya que la mayoría de los legisladores desconfían del buen juicio del Gobierno de Trump.
Los que estuvimos en ese batalla, sabemos claramente que uno de los temas centrales de la Ronda Uruguay del GATT fue reflejar el consenso orientado a exigir la terminación de las decisiones unilaterales de política comercial de Estados Unidos, incluyendo en ello la aplicación de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Quizás por mera bisoñería supusimos que el tema estaba muerto y enterrado. En ese entonces resultaba impensable concebir un Trump en la Casa Blanca.
Tampoco ayuda la explicación de que las medidas punitivas contra las cuotas asignadas a Brasil y Argentina constituyen una defensa de los mercados agropecuarios internacionales de Estados Unidos, hoy relativamente castigados por la pérdida de acceso a muchas de las compras chinas (va de suyo que esa objeción abarca a la dudosa legalidad de los subsidios compensatorios por US$ 28.000 millones que Washington otorgó a los productores agrícolas que perdieron mercados en el último par de años). Si uno alega que es Seguridad Nacional preservar la oferta local y propia de acero y aluminio, sostener ahora que el asunto incluye a las dificultades globales de acceso al comercio agropecuario,
el verso suena a locura o estupidez.
En una de mis felices coincidencias con la UE, cuyas autoridades le iniciaron un panel en la OMC a Estados Unidos por este asuntito (al igual que China, Canadá, México, Noruega, Rusia y Turquía), está claro que el aumento de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio por razones de Seguridad Nacional es, en el mejor de los casos, una disfrazada y torpe aplicación de una cláusula de Salvaguardia. Por si fuera poco, el Jefe de la Casa Blanca amenazó a la UE y a Japón con incorporar a las amenazas sobre Seguridad Nacional las importaciones originadas por sus sectores automotrices, maniobra que hoy habría sido abortada.
Si uno abraza la mencionada hipótesis de Cláusula de Salvaguardia, un recurso que Estados Unidos tiene derecho de aplicar si hace bien los deberes, tal atajo no habilita a imponer el uso de un Acuerdo Voluntario de Restricción de Exportaciones (un VRA en inglés), una práctica que fue explícita y unánimemente condenada en la Ronda Uruguay del GATT). Sin embargo, esa fue la receta que negoció y aceptó el exministro de Producción de nuestro país, Francisco Cabrera. Bajo tal paraguas, Argentina obtuvo dos cuotas con cero arancel (una para el aluminio, la otra para el acero) que dejaron tranquilos a los exportadores nacionales, escenario que amparaba un ingreso anual de uno US$ 1.200 millones, senda que suena comprensible pero muy mal jugada. Por empezar, no había razón alguna para quedar pipones con el arancel cero de la cuota y aceptar auto-inhibirse para eventuales operaciones extracuota.
Resulta superfluo aclarar que la precedente radiografía es sólo un relato de los hechos acumulados hasta el momento. Después de todo, la función normal de un jubilado es alimentar a las palomas.
