El Senado de Mendoza debate hoy en sesión especial la reforma de la ley minera 7722 -que actualmente prohíbe la minería contaminante, para, con algunos cambios, habilitar el desarrollo metalífero en esta provincia, en medio de manifestaciones a favor y en contra.
El debate comenzó desde temprano en una sesión especial en la Cámara de Senadores y a las 14 será el turno del tratamiento en la Cámara de Diputados, donde ya el justicialismo opositor adelantó que apoyará la reforma a la ley.
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El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, explicó ayer que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo a cargo del gobernador Rodolfo Suárez “estará regulada por el Plan de Ordenamiento Territorial y que se realizará un análisis de Impacto Ambiental a nivel provincial y municipal”.
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Asimismo, Guiñazú aseguró que los cuatro puntos presentados por el Partido Justicialista para dar su aprobación “se han reformado y están incluidos dentro de la propuesta final”.
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Eso son que exista un control ambiental efectivo, un cuidado estricto del agua financiado con fondos de las regalías de la actividad, crear trabajo mendocino y que, por ende, participen de las ganancias y riquezas que surjan de la actividad; y garantizar licencia social, que en principio se da en el municipio sureño de Malargüe.
En tanto, para prever incidentes y disturbios, el Ministerio de Seguridad dispuso para hoy un fuerte operativo para garantizar la libre expresión de los manifestantes que asistan a las inmediaciones de la Legislatura. Se espera que haya expresiones a favor y en contra del proyecto.
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Apoyo de Fernández
El gobernador de Mendoza, dijo esta semana que cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández para el plan provincial de “impulsar fuertemente” actividades como la minería y el petróleo, “con controles como los que hacen los principales países”.
Tras un encuentro celebrado en Casa Rosada, Suárez dijo que le expresó al presidente Alberto Fernández su intención de “impulsar fuertemente” actividades como la minería y el petróleo.
“Fernández apoya absolutamente estas acciones que estamos tomando”, afirmó Suárez a la prensa mendocina.
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Qué dicen los asambleístas
Las asambleas ciudadanas de Mendoza protestaron durante toda la semana frente a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la histórica consigna que se repitió en la Plaza Independencia frente al edificio legislativo.
El rechazo, que permitiría la apertura de proyectos de megaminería y fracking, también está respaldado por las principales organizaciones ambientalistas. "Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente", advirtió Greenpeace.
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En tanto, Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, señalaron que "Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años" y "la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos".
