Por Ignacio Labaqui Politólogo y docente en UCA y UCEMA
El presidente electo Alberto Fernández anunció que no pedirá al FMI el desembolso de los cerca de US$ 11.000 millones restantes del acuerdo stand-by firmado por el actual oficialismo en 2018.
Esa decisión muestra, por un lado, un análisis realista de parte del futuro mandatario acerca de las chances de revivir el acuerdo. Sin el apoyo de la administración de Donald Trump, Argentina quedará librada al staff del FMI que muy probablemente sea más exigente en materia de condicionalidades que lo que lo ha sido con el Gobierno de Cambiemos.
Fernández tal vez sea consciente de que es baja la probabilidad de acordar rápidamente con el FMI y entonces quiere evitar el calvario que sufrió Eduardo Duhalde en 2002, que penó durante un año para obtener solo una mera refinanciación de parte del organismo.
Por otro lado, al renunciar al desembolso de los tramos restantes del paquete de asistencia financiera, Fernández prepara el terreno para la renegociación de la deuda. El próximo Gobierno asumirá con un BCRA con reservas netas de alrededor de US$ 13.000 millones, suficientes para afrontar las obligaciones de deuda hasta fines del primer trimestre del año que viene.
Sin el refuerzo del FMI, Fernández juega su suerte a una renegociación rápida. De no mediar un prestamista de última instancia alternativo, la renegociación de la deuda deberá completarse a fines del primer trimestre de 2020. De lo contrario, Argentina entrará en default. La decisión de dejar a un lado al FMI, al que solo habrá que comenzar a repagarle a fines de 2021, endurece la postura negociadora de Fernández con los tenedores de deuda soberana sepultando definitivamente la idea de un “canje a la uruguaya”.
La postura de Fernández es consistente con lo que treinta años atrás escribió Robert Putnam en un célebre artículo titulado “Diplomacia y la lógica del juego de dos niveles”. Allí, Putnam planteaba que cualquier negociación internacional puede ser analizada como un juego de dos niveles. En un tablero negocian los jefes de Estado, mientras que en el otro tablero cada jefe de Estado negocia con su propia sociedad civil. Las chances de un acuerdo internacional exitoso radican en que lo que los jefes de Estado acuerdan a nivel internacional goce de consenso a nivel local. Las implicancias de este enfoque van más allá de las perspectivas de éxito de una negociación. El tablero interno de cada jefe de Gobierno tiene impacto sobre la distribución de ganancias y pérdidas de la negociación internacional. A primera vista es contraintuitivo, pero un jefe de Gobierno internamente débil tiene chances de negociar con mayor dureza en el plano internacional dado que no cuenta con el consenso interno suficiente como para lograr ratificar un arreglo desfavorable. A ello debe agregarse que los negociadores cuentan con información incompleta o imprecisa sobre el tablero doméstico de sus contrapartes. En la negociación internacional conviene, por ende, exagerar la debilidad interna, no al extremo de sembrar dudas sobre la credibilidad del negociador ?lo cuál tumbaría la negociación?, pero sí al punto de usar tal debilidad como pretexto para realizar la menor cantidad de concesiones posibles.
Un acuerdo con el FMI habría implicado, sin dudas, un mayor compromiso de ajuste fiscal y a la vez habría dado al Gobierno un mayor nivel de reservas, reduciendo la necesidad de una quita más agresiva de la deuda a renegociar. De cara al frente interno, revivir el Stand-By con el FMI habría implicado probablemente un mayor grado de continuidad con la política económica de Mauricio Macri que el que la base de votantes del Frente de Todos está dispuesta a tolerar. Al fin y al cabo, Fernández fue electo presidente para cambiar la política económica actual.
La ausencia de un acuerdo con el organismo le permite, entonces, al próximo Gobierno argumentar que, si bien hay voluntad de pago, los recursos no están y que un mayor nivel de ajuste fiscal, compatible con una reestructuración más amigable, es políticamente inviable, dadas las preferencias de los votantes del Frente de Todos, y especialmente los episodios de baja tolerancia al ajuste que se observan en países vecinos. En consecuencia, renegociar la deuda requerirá un mayor grado de cooperación de parte de los acreedores privados.
La renuncia a los recursos del FMI también supone buscar una renegociación rápida. Ambas partes, Gobierno y bonistas, son conscientes que si para marzo no hay arreglo, Argentina irá al default, y que en ese escenario ambas partes pierden.
Uno de los problemas, sin embargo, es que la contraparte de Argentina no es un gobierno o un comité de bancos como en la crisis de la deuda de los años '80, sino una multiplicidad de actores a los cuales, por razones de simplicidad, tendemos a denominar “los mercados”.
Es difícil que haya homogeneidad entre los tenedores de deuda argentina. A riesgo de ser simplista es posible suponer tres situaciones diferentes: a) actores que están atragantados de bonos argentinos, que no pudieron salir a tiempo y que apuestan a una renegociación rápida y exitosa para salir a un precio mejor al actual y así minimizar la pérdida; b) aquellos que compraron a un precio muy bajo, probablemente luego de las PASO, y que también especulan con una rápida resolución para realizar una importante ganancia, y c) los que apuestan a comprar aún a un precio más bajo, que en el pasado demostraron tener una paciencia zen y que eventualmente decidirán si les conviene aceptar la propuesta que oportunamente eleve el próximo Gobierno, o ir a los Tribunales a buscar un mejor resultado. En teoría, las cláusulas de acción colectiva reducen los riesgos de ello, pero tampoco es que son enteramente a prueba de buitres.
Probablemente, Fernández sea consciente del trade-off entre la agresividad de la quita a imponer a los bonistas y el “vivir con lo nuestro” (los años que pasen hasta que Argentina recupere acceso al crédito internacional). Cuanto más agresiva sea la propuesta argentina, mayores chances hay de que haya holdouts, incluso a pesar de las cláusulas de acción colectiva, y mayor será el tiempo de “vivir con lo nuestro”. Pero a la vez, poco sentido tiene comenzar la renegociación con la propuesta de un canje demasiado amigable “a la uruguaya”, dado que ello podría ser insuficiente, forzando a realizar una nueva renegociación en pocos meses.
Por ello, el Gobierno entrante buscará seguramente exagerar la fragilidad económica del país con el objetivo de lograr el mayor alivio posible en materia de deuda y, por ende, aliviar también la necesidad de ajuste fiscal. Lo que estamos viendo es solo el comienzo de la negociación. Y es lógico que la postura inicial sea de dureza, para así tener espacio para ceder en el curso de las negociaciones. Sin dudas, es una apuesta riesgosa en la que el próximo Gobierno jugará la suerte de su primer año de gestión.
