Otra vez a la espera de un “segundo semestre”

23 de diciembre, 2019

guzmán

Por Héctor Rubini

 

El Congreso aprobó finalmente la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Como observamos el jueves pasado, prioriza la liquidez del Tesoro para asegurar los pagos a los tenedores de deuda pública. La caída del riesgo país muestra claramente quienes son los ganadores de última instancia.

 

Para sostener la demanda interna se dispuso un aumento de la AUH y se otorga un bono por dos meses a los beneficiarios de jubilaciones mínimas como único ingreso, se acordó una baja de 8% de los precios de los medicamentos y se congelaron tarifas públicas por 180 días. En materia impositiva se han puesto en vigencia mecanismos de alivio fiscal para pymes y reintegros a personas de bajos ingresos y microemprendedores, se derogó el impuesto a la renta financiera salvo para depósitos de con cláusula de ajuste (no sólo plazos fijos en dólares, como sugirió en Twitter un diputado nacional) y el BCRA podrá aplicar mecanismos de alivio a los deudores de créditos UVA y círculos de ahorro.

 

En sentido contrario, para mejorar los ingresos fiscales, se aumentó la presión tributaria en materia de retenciones a las exportaciones, tasa de estadística, y del impuesto a los bienes personales. Se estableció un impuesto de 30% a la compra de divisas para atesoramiento o compra de servicios y bienes del exterior, un diferimiento al ajuste por inflación en los balances de empresas y se eliminó el cronograma vigente hasta la semana pasada de reducción de contribuciones patronales. También se duplicó la alícuota del impuesto a débitos y créditos bancarios para el retiro de efectivo de empresas no pymes de cajeros automáticos y se aumentó la tasa del impuesto interno sobre autos 0 kilómetro de precio superior a los U$S 28.000.

 

En materia previsional, se sustituyó por 180 días de uso de fórmula legal para indexar jubilaciones por subas trimestrales por decreto del PEN (por ahora indeterminadas) y se anuló la baja programada de contribuciones patronales para el sector privado prevista en la reforma tributaria de 2017, aunque parcialmente pueden computarse como crédito fiscal de IVA.

 

El mayor efecto directo es el de las de ambos grupos de medidas es el del aumento de los ingresos fiscales. De ahí resulta una reducción potencial del déficit fiscal de 1,5 puntos porcentuales, pero los efectos “colaterales” son difíciles de cuantificar.

 

El bono previsional sólo sería para los que perciben la jubilación mínima como único ingreso. Esto puede leerse como un trato discriminatorio respecto de quienes perciben la jubilación mínima y una pensión. La ley sancionada no distingue, además, entre los que aportaron 30 o más años al sistema de seguridad social y los que no lo hicieron. La baja de los precios de los medicamentos procede luego de trimestres de suba en no pocos casos superiores a las del IPC, de modo que su efecto sobre la demanda agregada sería casi nulo. Las medidas de alivio a las deudas tributarias no incluyen, primariamente, los que no estén fiscalmente inscriptos como pymes y su efecto será mínimo, especialmente en empresas que no logren refinanciar todas sus deudas, no sólo las fiscales.

 

Por el lado del financiamiento, el Tesoro podrá tomar “prestado” divisas del BCRA por U$S 4.570 M, entregando letras intransferibles. La Ley finalmente aprobó elevar a 70% para títulos públicos y hasta el 100% el tope a las inversiones del FGS-Anses en deuda del Gobierno Nacional garantizadas por organismos internacionales. El ejercicio macro es claro: detraer fondos del ahorro privado, y transferirlos al sector de más bajos ingresos, pero fundamentalmente al desahorrador sector público para que cancele sus deudas.

 

La colocación de una letra para afrontar vencimientos “pesados” de este mes fue una buena noticia, pero sería insuficiente para cerrar las cuentas sin acumular atrasos en pagos ni recurrir a emisión del BCRA. Además, el jueves por la noche el Gobierno “reperfiló” pagos letras del Tesoro en dólares hasta agosto próximo. Ocurrió un día después de que MSCI decidiera mantener a nuestro país como “Emergente”, pero Fitch recortó el viernes la calificación de la deuda soberana de largo plazo de Argentina a “default restringido” y Standard and Poor’s a “default selectivo”. Guste o no, los almuerzos gratis no existen… En el largo plazo, aparecen nubarrones que pueden manifestarse a partir del segundo semestre del año: a) poca reacción del consumo, b) lenta reversión de la dinámica de quiebras de empresas y despidos, c) retracción de inversiones en el agro y riesgo de caída de superficie sembrada y de liquidación de cabezas de ganado, d) aumento de la brecha entre el dólar “blue” y el oficial, y de las expectativas de inflación, e) lenta o nula recuperación de la demanda de dinero, y persistente dolarización de carteras si no hay credibilidad en el programa, ni se recuperan expectativas de mejoras en el ingreso disponible permanente del sector privado.

 

El potencial reactivador de las medidas de alivio sería visible en el primer trimestre del año, y luego comenzaría a prevalecer el efecto negativo del “impuestazo”. Su impacto neto dependerá de los efectos colaterales en contra y de muchos efectos cruzados imposibles de cuantificar ex ante. Los eventuales cambios en retenciones a la exportación, la actualización de salarios que puede decidir el PEN, las variaciones potenciales en precios de combustibles, medicamentos y otros precios regulados, tendrán efectos que forzarán a cambios en no más allá de un trimestre o dos. Por caso, el congelamiento de tarifas a 180 días evita una disparada inflacionaria hoy, pero como “ancla nominal” aislada, no alcanza. ¿Qué ocurrirá el día 181? Nadie lo sabe.

 

La prioridad visible es señalizar voluntad de esfuerzo fiscal y político, para negociar un alivio en los pagos de la deuda pública. Pero si no cede la incertidumbre, serán necesarios nuevos anuncios. Por lo pronto, es más que destacable la ejecutividad y rapidez para el lanzamiento del programa contra el hambre, pero también la visible de prisa, hasta ahora, de cumplir con la promesa electoral de asegurar medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados como hasta diciembre de 2015.

 

Los primeros días de Gobierno muestran a las claras un costo, reversible, en términos de la confianza y credibilidad. Se debe, y nos debe, un genuino programa de estabilización y crecimiento económico, coherente, sostenible y creíble. Algo que, más allá de los discursos del nuevo ministro de Economía, brilla notablemente por su ausencia.