Los primeros pasos

18 de diciembre, 2019

actividad medidas guzmán

Por Antonela Vitola Economista de LCG

 

La cuestión respecto a si hay que dar un estímulo a la economía o apostar a la austeridad con el argumento de que es expansiva, es un perpetuo debate de política económica sobre el cual la nueva gestión parece haber revelado sus preferencias.

 

Consistencia macroeconómica está resonando mucho en la agenda de la nueva gestión. Y las medidas anunciadas ayer parecen ir en ese camino.

 

Siempre que se implementen políticas públicas que involucran un gasto hay que buscar la forma de financiarlas, sin perder nunca de vista que opera una restricción presupuestaria. Las alternativas son endeudamiento, con suba de impuestos o con emisión monetaria.

 

Como ya sabemos a esta altura, el acceso al mercado voluntario de deuda está cerrado, y así será hasta tanto se ponga en marcha la renegociación de los vencimientos de deuda del Tesoro Nacional y un plan macroeconómico creíble. La emisión monetaria es desestabilizante para financiar todo el déficit, como efectivamente lo ha anunciado el flamante ministro de Economía. Entonces, para acompañar el financiamiento de las medidas paliativas, se recurrió a incrementar determinados impuestos.

 

Estas medidas van en línea con las promesas y el discurso de campaña del Presidente de acompañar y solidarizarse con quienes más han resultado perjudicados por la caída de la actividad, los más vulnerables.

 

Mientras los impuestos que financien las políticas públicas sean de carácter progresivo (gravar más proporcionalmente a quienes tienen mayor base imponible), constituyen un instrumento que puede funcionar para mejorar la distribución del ingreso, si se asignan con un criterio redistributivo. La suba de alícuotas o el establecimiento de impuestos por períodos extraordinarios es una facultad a la que se ha recurrido en otros momentos a lo largo de nuestra historia.

 

Siempre que se modifican alícuotas, que permiten aportar mayores recursos, lo que hay que evaluar es hacia donde se destinan, ya que la teoría económica nos recuerda que los recursos son limitados, y lo que asignamos a una política pública lo dejamos de asignar a otra. Va a depender de lo que cada hacedor de política defina como prioritario.

 

En este caso, en las primeras acciones de la nueva gestión marcaron algunas prioridades, entre las que podemos destacar políticas de incentivos a sectores productivos, tales como un plan para regularización de deudas a micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades civiles sin fines de lucro; devolución del IVA a sectores vulnerados, a través de reintegros, lo que permite focalizar mejor la política pública, identificando a los grupos de población objetivo, sustituyendo la reducción a 0% de IVA que prevalece hasta diciembre de 2019; el otorgamiento de un bono de $ 2.000 para beneficiarios de AUH; la implementación de una tarjeta alimentaria de $ 4. 000 y $ 6.000 (según un hijo o más, respectivamente) para embarazadas que reciban la AUH y madres de niños de hasta 6 años; adelanto de aumentos a jubilados que cobran la mínima, mediante un bono adicional de $ 5.000 en diciembre y en enero, suspendiendo aumentos por movilidad, mientras se prepara una nueva fórmula y congelamiento tarifario durante los próximos seis meses.

 

Vamos a este último caso. La decisión de iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral y mantener inalteradas las tarifas hasta un plazo máximo de 180 días mientras dure la negociación es un punto sobre el cual se especula mucho.

 

Cuando hablamos de tarifas energéticas, abarcamos electricidad y gas.

 

En el caso de la electricidad, el principal subsidio del Estado Nacional es para CAMMESA (0,9% PIB) y en el caso del GAS (0,5% PIB), es para IESA (subsidio a la importación de gas) y Plan GAS (subsidio a la producción de gas no convencional). El factor común de los tres es que garantizan que los usuarios paguemos un precio menor por nuestro consumo de energía. Esto tiene dos caras: cuanto mayor sea la tarifa que pagamos los usuarios por la prestación de estos servicios, menor es la masa de subsidios que corren por cuenta del Tesoro Nacional, y viceversa.

 

Aprovechando que se va a replantear el esquema tarifario, sería oportuno, tanto para mejorar la redistribución del ingreso como para tender al equilibro fiscal, canalizar los subsidios hacia grupos demográficos que por su situación socioeconómica más necesiten de estos aportes para mejorar sus ingresos, reduciendo la incidencia de este gasto y contribuyendo a una reasignación más justa del gasto público.

 

Entendemos que la política monetaria y fiscal deben ser instrumentos que, actuando de forma coordinada tiendan a alcanzar la integridad macroeconómica, y la preserven. Por lo tanto, si bien han anticipado políticas de acción aplicando medidas de índole fiscal, entendemos que apenas son parte de un plan más integral y abarcativo que, de a poco, irá tomando forma.