Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
La gran novedad de la pasada semana no radica en los tres “históricos anuncios” de soluciones comerciales que negociaron, con apuro, y decreciente orgullo y seriedad, el Presidente de Estados Unidos y sus calificados apóstoles. Lo que mantiene eléctricos a los inversores y a la clase política es ignorar el alcance real de lo que se concibió para resolver las crisis generadas por su propio gobierno. ¿Acaso Donald Trump ya aceptó que no puede seguir sobreactuando? ¿Entendió que el próximo 3 de noviembre se disputa su presidencia? ¿Percibe que la Cámara de Representantes no piensa abortar el juicio político orientado a destituirlo?
El propósito de esta nota no es sintetizar otra vez el nuevo escenario, sino incurrir en uno de los tempraneros intentos de especular acerca de los motivos que parecen torcer la conducta normal (es una manera de decir) de los grandes actores de esta tragicomedia. El lector tendrá que disculpar el hecho de que los anuncios oficiales del viernes último ya fueron anticipados y analizados hace varios meses, debido a que el jefe de la Casa Blanca anuncia y desmiente repetitivamente la misma verdad o fantasía.
No obstante esa advertencia, y si bien dos de las tres grandes anuncios emitidos el viernes son políticamente difíciles para algunos de los signatarios, el cambio de rumbo debería causar generalizada alegría para quienes tratan de buscar antídotos a los fuertes vientos de crisis que se registran en la economía y el comercio global. El primero de esos anuncios surgió del aparente consenso logrado entre la Cámara de Representantes y la administración Trump al adoptar un texto común de reformas complementarias para el nuevo NAFTA, proceso que hizo posible aprobar primero por México y luego por Estados Unidos la versión que se habrá de barrer legalmente y firmar a corto plazo. Los observadores destacan que tanto republicanos como demócratas dieron conformidad al texto ajustado sobre estándares laborales y dejaron para mejor ocasión las ambiciones extremas sobre propiedad intelectual de la industria farmacéutica (referida a las drogas biológicas).
Pero al escribirse esta columna el Gobierno de López Obrador descartó la idea de aceptar auditorías externas en su país con el fin de vigilar el cumplimiento de las reglas laborales. El principal negociador del texto, el embajador Jesús Seade, sostuvo que nunca se aceptó el anexo que fue enviado por la Oficina del Representante Comercial, lo que pondría en duda el progreso de esta negociación.
Desde el vamos quedó claro que, por México, no suscribirán tales agregados el Presidente o el Canciller, sino el aludido Subsecretario para América del Norte, embajador Jesús Seade. El Presidente López Obrador aceptó estoicamente ser el único de los tres socios del acuerdo en debate que ya tenía ratificado el texto original por el Senado y ahora deberá explicar qué pasa con este asuntito laboral.
¿Si no existiera ese entredicho pendiente se resolvieron con tal receta todos los problemas de política comercial de América del Norte?. Obviamente no. El indómito Presidente Trump le tomó gran cariño al uso irrestricto e ilegal de los aranceles de importación para demandar, por ejemplo, que su colega mexicano pare en frontera, con sus propias fuerzas de seguridad, las emigraciones de personas que desean entrar ilegalmente a los Estados Unidos. O para arreglar las relaciones personales con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, por no hacer todos los aportes financieros a la OTAN que le pide Washington. O por haberlo ironizado, a sus espaldas, con otros líderes mundiales, al exaltar los peculiares rasgos de su personalidad.
Con estos amplios flujos y reflujos, en nuestro país todavía no circuló la desmentida del Director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos, Lawrence (Larry) Kudlow, quien restó toda veracidad al anuncio formulado vía tuit por su jefe acerca de la intención estadounidense de restaurar los ilegales aranceles de importación de acero y aluminio provenientes de Brasil y Argentina (tema sobre el que esta columna volcó alguna munición gruesa la pasada semana). No sucede todos los días que el titular de un organismo asesor desmienta silbando bajito al Presidente de su país.
Uno de los dos temas restantes que produjo notable confusión el viernes, es el valor real que cabe asignar al denominado primer acuerdo consensuado entre China y Estados Unidos para congelar y desarmar, en etapas, la guerra comercial que hace temblar al planeta. La sustancia del texto ya fue enunciada, en términos generales, a través de los debates de entidades del pensamiento (think tanks) desde setiembre y octubre pasado, tras los titubeos del Presidente Trump ante los textos negociados. Un repaso de los hechos indica que China asumió el compromiso de modernizar con firmeza sus reglas y acciones en materia de propiedad intelectual (sin que resulte claro si tal cosa incluye el cambio de las reglas que hoy se aplican a la transferencia obligatoria de tecnología que exige a los inversores extranjeros radicados en su territorio).
El paquete incluye una cláusula mercantilista, por la que China se obliga a hacer compras agrícolas, en el período 2020/21, por unos US$ 40.000 a US$ 50.000 millones anuales. En 2018 las importaciones sectoriales de ese país fueron de US$ 137.000 millones y la participación estadounidense en dicho año sólo llegó a US$ 9.200 millones, una cifra muy inferior a la de 2012, cuando habían tocado los US$ 26.900 millones (estadísticas chinas).
Esos datos son muy importantes y permiten observar que el compromiso de aumentar la demanda china de productos agrícolas originados en los Estados Unidos y otros proveedores, tendencia que halló ímpetu tras las muy graves epidemias y enfermedades que hoy azotan a ese país, seguirá descansando en decisiones oficiales a dedo del quién gana y quien pierde en estas operaciones. Con ello se vulnera el principio de Nación más Favorecida (Artículo I del GATT) y las reglas para la administración de cuotas tarifarias (Artículo XIII) del mismo acuerdo, ya que los firmantes de esa solución se proponen resolver sus cuitas afectando legítimos derechos de terceras partes. Pekín no ignora que se está metiendo en un gran problema, de modo que son los países afectados los que tendrían que despertar de la siesta. Los sectores más beneficiados por este arreglo, no los únicos, son los de carnes porcinas y avícolas (el debate incluye la exportación de soja).
La primera fase del acuerdo bilateral empezaría por dejar de lado la aplicación de aranceles a un paquete adicional de US$ 160.000 millones que Washington iba a lanzar el 15/12/2019. Sin embargo, Estados Unidos mantendría el arancel unilateral a las importaciones chinas de los dos primeros paquetes de US$ 50.000 y US$ 260.000 millones, respectivamente, haciendo algunas excepciones. Por su lado, China bajará del 15% al 7,5% el arancel que aplicará al paquete de importaciones estadounidenses de US$ 120.000 millones, el que engloba a casi todo el flujo comercial de ese origen. Ante los números en juego, uno se pregunta cómo podrá mejorar seriamente el déficit comercial en línea con el objetivo de equilibrar el comercio recíproco que pregonan Trump y sus apóstoles.
Los consensos también abarcan la obligación de no generar devaluaciones competitivas y de facilitar el acceso a capitales extranjeros (leáse de Estados Unidos) al mercado financiero y de divisas de China. El alcance real de la medida sólo podrá entenderse con los textos escritos y al ser comparados con las obligaciones existentes en los protocolos de accesión de China a la OMC (hasta ahora la participación extranjera en el mercado financiero de esa nación asiática se limita al 2%). Este debate no es nuevo y el gobierno de Pekín dijo muchas veces estar abierto a la llegada de capital extranjero al sector de servicios financieros.
¿Se comprende ahora por qué los inversores y operadores del comercio global no quieren emitir opinión hasta ver el texto de 86 páginas del acuerdo? Tan es así, que el viernes por la tarde el Jefe de la Casa Blanca bajó los decibeles y empezó a utilizar palabras menos grandilocuentes al referirse a este acuerdo bilateral. Los textos serán firmados por el titular de la Oficina Comercial (el USTR en inglés), embajador Robert Lighthizer y por el viceprimer Ministro chino, Liu He.
Pekín tampoco ocultó su malestar por las declaraciones originadas en el Congreso de los Estados Unidos acerca de los derechos humanos en Hong Kong y otros territorios de su soberanía.
El mundillo de la política comercial no recibió con vítores y aplausos la idiotez que hizo el Gobierno de Trump al darle pasaporte a la eternidad al Organo de Apelación (OA) de la OMC y matar los fondos para ese apéndice legal, hecho producido oficialmente el pasado 11 de diciembre, tras retirarse dos de los tres Miembros que eran parte de ese órgano.
Las noticias sobre el tema son pesimistas. El Director General (DG) de la OMC absorbió el proceso de reforma y consenso del OA que no logró completar el colega de Nueva Zelandia. El Washington actual quiere degradar sí o sí al OA por buenas y mala razones. Entre las primeras, porque los Miembros de ese órgano creyeron ser legisladores sustitutos de la membrecía de la OMC. En ese punto al gobierno Trump no le falta razón. La gente que está en el tema, ya llama abiertamente al nuevo proyecto (desde fines de 2018), Revisión de Apelaciones (en inglés suena más preciso “Appellate Review”). Los miembros no esperan resultados sobre el tema antes de la próxima Conferencia Ministerial de la OMC a realizarse en junio de 2020. La gente tampoco es optimista acerca de que haya progresos porque, como recuerda Alan Beattie, analista de The Financial Times en Bruselas, Lighthizer tiene cuentas personales pendientes con la OMC de la época en que era lobista del sector siderúrgico de su país y no fue tomada en cuenta, en el 2003, su candidatura a Miembro del OA, anécdota que pertenece a la liturgia de principios de este Siglo. Lo bueno del asunto es que todo ello dará sentido místico a la vida de Roberto Azevedo, el DG de esa organización.
