El Consejo Social y Económico que el presidente Alberto Fernández procura crear con respaldo del Congreso, y que plantea como uno de los puntales de su gestión a largo plazo, tiene por ahora pocas definiciones y muchos desafíos. Las definiciones están vinculadas a los anuncios que el Gobierno aceleró en los últimos días y que generan una atmósfera para encarar la mesa de diálogo, pintan un marco en el que ya se escuchan voces disconformes. Los desafíos están en los ámbitos restantes, porque se desconoce todavía quién estará al frente para negociar ese pacto y qué objetivos concretos perseguirá.
Después de los días en los que la transición se llevó la atención, el Gobierno encaró en el cierre de la semana -y también en pleno fin de semana- una batería de anuncios que marcaron el terreno para el “pacto social” que tendrá al Consejo Económico y Social como institución articuladora. El establecimiento de la doble indemnización sacudió a uno de los actores clave del acuerdo que la nueva administración busca establecer, el de los empresarios.
Entre los hombres de negocios ya se hicieron oír voces en contra de la doble indemnización, que Fernández decidió por decreto. Una de ellas fue la de Daniel Funes de Rioja, quien integra instituciones de peso como la Unión Industrial Argentina y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) cuestionó la iniciativa. Funes de Rioja había dado señales previamente de estar a favor de un congelamiento “temporario” de precios y salarios en un acuerdo social.
Un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones del agro sacudió al sector y generó otro frente de tensión. Todas las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace se quejaron y comenzaron a hacer asambleas para evaluar posibles protestas.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, será un funcionario vital en este entendimiento entre sectores que busca Fernández. De buena llegada con los gremios, con la doble indemnización ya hizo un primer gesto que el sindicalismo valoró. La posibilidad de inyectar dinero en los bolsillos con aumentos de sueldos y jubilaciones aparece como otro factor a evaluar.
Los movimientos sociales son otro actor que deberá sentarse en esta mesa de negociaciones. El denominado “Triunvirato de San Cayetano”, que integran Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular es un sostén de Fernández. Algunos de sus líderes tienen lugar en cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, y son fundamentales para la contención en barriadas vulnerables y para garantizar ausencia de protestas callejeras.
La Iglesia, también con fuerte presencia en los sectores más pobres del entramado social, puede ser otra convocada al diálogo. El restablecimiento de un protocolo para la interrupción legal del embarazo, decidido por el ministro Ginés González García, tensó la cuerda con los obispos, que se reunirán con el Presidente.
El Consejo Económico y Social fue una bandera que levantó en plena campaña Roberto Lavagna, quien se postuló a presidente por Consenso Federal. No es casual que su nombre suene como un hipotético titular de ese consejo, aunque en el lavagnismo por ahora prefieren no dar crédito a esas versiones. El sector, no obstante, ya tejió líneas de entendimiento con el gobierno del Frente de Todos, cuya expresión más palpable es la designación de Marco Lavagna el frente del Indec. Su padre, Roberto, en su rol de excandidato presidencial, se ubicó en un estratégico lugar junto a Fernández para escuchar la misa que se desarrolló en Luján el domingo 8, por el Día de la Inmaculada Concepción.
Fernández buscará hacer funcionar un esquema en el que aceitar las expectativas de todos los sectores será complejo. La elección del bastonero para este diálogo será un aspecto fundamental para su éxito. Según él mismo adelantó, será una decisión con acuerdo parlamentario.
