Por Pablo Mira Economista e investigador de la FCE-UBA
Hay un amplio consenso de que la sostenibilidad de la deuda es la llave para comenzar a destrabar los traumas productivos y sociales que afectan al país. Pero la sostenibilidad no se alcanza mediante frases pomposas, sino con acciones concretas. Los anuncios con contenido general tienden a satisfacer a todos, pero las medidas específicas no. La razón es obvia: toda medida de política económica tiene ganadores y perdedores en el corto plazo, y por lo tanto no hay posibilidad de que todos acompañen las decisiones en lo inmediato.
Sin embargo, esto no significa que no existan políticas que, tras el impacto inicial, permitan con el tiempo mejorar la situación del país. Si acordamos que la sostenibilidad es clave para avanzar en los desarreglos macroeconómicos que enfrentamos, entonces las medidas deben se consistentes con la prioridad de este objetivo. Atender los problemas de deuda requiere un esfuerzo compartido de parte de los que están en condiciones de afrontarlo, sea porque tienen un resto de recursos, o porque no fueron los más afectados en los últimos años.
Los primeros que deberán esforzarse son los acreedores, sentándose a negociar una reorganización de las relaciones financieras con el país, que dé espacio al país para generar los ingresos que en el futuro le permitan cumplir con sus obligaciones. Pero esto no es suficiente. Para poder ganar tiempo y espacio fiscal es necesario además establecer un sendero creíble de generación de recursos propios, lo que exige un esfuerzo interno adicional. En los últimos años se observó una fuerte reducción del gasto público con impacto social, lo que obligó a un conjunto no menor de la población a ajustar su consumo a la baja. A su vez, esta estrategia redujo drásticamente la demanda agregada y contribuyó a la recesión, dando lugar a la operación del multiplicador que, cuando es a la baja, resulta ser dramáticamente realista.
Agotada esa instancia, solo queda acudir a los impuestos, sean éstos transitorios o no. Dentro de ellos, se ha decidido ajustar las retenciones a las exportaciones de soja en función de la evolución del tipo de cambio. El sistema anterior reducía automáticamente el porcentaje de impuestos a la exportación porque cobraba una suma fija que se deterioraba a medida que el dólar aumentaba. El nuevo sistema actualizó esta contribución y eliminó la distorsión, cobrando proporcionalmente siempre el mismo valor. La medida establece además una relación positiva entre recaudación y exportaciones que es consistente con los objetivos de sostenibilidad. Los proyectos de suba de la alícuota de bienes personales y el impuesto a los consumos en dólares con tarjeta van en un sentido similar, al tiempo que evitan un impacto directo sobre los más vulnerables.
Desde luego, estas medidas no son suficientes. Habrá que seguir trabajando porque no es posible descuidar el gasto público o descansar en una política monetaria imprudente. El sendero de la sostenibilidad exige mejoras paulatinas porque las inmediatas suelen generar reversiones bruscas con costos enormes.
Pero lo que vale remarcar de la estrategia en marcha es su marco conceptual: la idea de que la austeridad ha demostrado ser en la práctica un camino sin salida para encarar la tarea de ordenar la deuda, volver a los mercados de capitales y crecer sostenidamente. En 2009, los autores Alesina y Ardagna publicaron un trabajo analizando 107 experiencias de austeridad fiscal y distinguieron 22 casos supuestamente exitosos en términos de crecimiento. Un año después, los economistas Jayadev y Konczal revisaron esos casos y buscaron cuales de ellos (I) ocurrieron durante una recesión; (II) fueron seguidos de crecimiento del PIB y (III) redujeron la relación deuda/PIB. El único caso que quedó en pie fue el de Irlanda en 1987, que además estaba siendo beneficiado en ese momento porque su principal socio comercial estaba experimentando un boom.
La estrategia única y predominante de contraer el gasto público para permitir la expansión del sector privado simplemente no tiene ninguna evidencia a favor y, por lo tanto, no podemos confiar en ella. Cuando las alternativas son limitadas no existen las medidas óptimas o definitivas, sino un conjunto interdependiente de decisiones que, en el mejor de los casos, conducen con mayor probabilidad a un sendero sostenible de crecimiento.
