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La presión tributaria por BB.PP. se duplicará en patrimonios más chicos

23 diciembre de 2019

Uno de los puntos incluidos en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, impulsada por Alberto Fernández y sancionada la semana pasada por el Congreso, es la modificación en el esquema del impuesto a los Bienes Personales, cuyas tasas serán más elevadas, las cuales regirán para el ejercicio fiscal de este año. En el nuevo esquema, la alícuota mínima (0,25%) se duplica y la máxima, que es de 0,75%, pasa a 1,25%. Además, las cuotas fijas que se suman a los porcentajes también se elevaron considerablemente, casi al doble.

Un estudio del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf) resalta que “en todos los niveles de activos analizados, el incremento en la presión tributaria se encuentra en valores aproximados del 70% o más, con la característica de que el porcentaje de aumento es superior en los contribuyentes alcanzados de menor nivel de riqueza, dado que el porcentaje de incremento de la alícuota inicial (100%) es superior a la de la más alta de la escala (66,66%)”.

“La recaudación de este impuesto es muy baja, por lo que los aumentos incluidos en la Ley no tienen demasiadas justificaciones. Sobre todo cuando anteriormente se había reducido este impuesto patrimonial para que las provincias aumenten los suyos (y para fomentar el éxito del sinceramiento fiscal previsto por la ley 27260)”, señaló Diego N. Fraga, socio de RCTZZ Abogados.

En tanto, para el caso de los activos radicados en el exterior, el incremento de la presión tributaria será aún mayor, aunque no puede precisarse exactamente todavía de cuánto será, toda vez que la fijación del valor final de la alícuota queda delegada al Poder Ejecutivo (puede ser hasta 3,5%, según indicó Iaraf) y puede reducirse en caso que se proceda a la repatriación (total o parcial) del producido de su realización.

No obstante, se prevé que gran parte de los contribuyentes no “aprovecharán” el “beneficio” de la reducción de tasas por repatriación. “No se esperan grandes cambios. Los contribuyentes no están dispuestos a repatriar sus patrimonios, ya que la falta de seguridad jurídica sigue pesando mucho más”, estimó ante El Economista Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, quien afirma que la Ley no fue debatida lo suficiente.

Por otra parte, el nuevo esquema mantiene el mismo nivel del Mínimo No Imponible (MNI), que es de $ 2.000.000. Al respecto, los especialistas señala que habría sido necesaria una actualización hacia el alza, ya que por la inflación producida, mantener el mismo nivel implicaría una baja del MNI en términos reales y por lo cual se incorporarán nuevos contribuyentes a este tributo.

Nuevo esquema

El nuevo esquema del impuesto a los Bienes Personales mantiene el mínimo no imponible de $ 2.000.000. A partir de ese monto, se deberá pagar anualmente una alícuota por el excedente, en la cual desde $ 0 hasta $ 3.000.000 de excedente, el impuesto será de 0,5% sobre el valor de los bienes; entre $ 3.000.000 y $ 65.000.000 de excedente, se pagarán $ 15.000 más 0,75% del valor del patrimonio.

Entre $ 65.000.000 y $ 18.000.000 de excedente, se abonarán $ 41.250 más 1,0% del valor de los bienes. Desde los $ 18.000.000 en adelante, el tributo será de $ 156.250 más el 1,25% sobre el valor del patrimonio. Este impuesto alcanza a todo el patrimonio (no sólo a los bienes físicos), incluyendo el dinero en efectivo.

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Sólo gravarán los plazos fijos en dólares

En el marco de los cambios impulsados por el Gobierno respecto a impuestos y otros temas incluídos en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, se estableció que los plazos fijos en pesos y las acciones, bonos y títulos públicos en pesos y en dólares no estarán alcanzados por el Impuesto a la Renta Financiera, tributo que fue implementado en 2018. En tanto, el impuesto alcanzará sólo a los plazos fijos en dólares.

“Únicamente pagarán Ganancias los plazos fijos en dólares, con una alícuota del 35% ya que se elimina el impuesto cedular”, aseguró desde su redes sociales el diputado nacional Luciano Laspina, que en el mismo posteo afirmó que los depósitos en pesos, además de las acciones, bonos y títulos públicos en pesos y dólares quedarán exentos del pago de este impuesto.

Esta medida, según justificó el Gobierno, tiene como objetivo estimular la demanda y el ahorro en moneda local, lo cual hace parte de la iniciativa del Ejecutivo de aplicar un impuesto de 30% sobre la cotización del dólar para la adquisición de la moneda extranjera para ahorro o atesoramiento, así como para las compras efectuadas en el exterior mediante tarjetas de crédito y pasajes al exterior cotizados en dólares.

El impuesto a la renta financiera fue impulsado por el espacio político de Sergio Massa en 2017 y los especialistas le adjudican a esta normativa haber contribuido en la crisis cambiaria que se desató en mayo de 2018, mientras que su recaudación no fue significativa ($ 5.500 millones en todo 2018).

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