Por Jorge Paz
Comencemos diciendo que, lamentablemente, carecemos de una línea de base oficial acerca de la pobreza en Argentina. Llegamos a fin de año sabiendo que un poco más de 16 millones de personas en Argentina perciben ingresos que no son suficientes para cubrir una canasta básica de bienes. O que alrededor de 5,5 millones de personas en el país residen en hogares en el que al menos una de las cinco necesidades básicas (vivienda, saneamiento, hacinamiento, asistencia escolar y capacidad económica), está insatisfecha, y que ese porcentaje disminuyó poco desde hace una década a esta parte. Sabemos eso y lo podemos decir porque el Estado lo reconoce. Son los indicadores oficiales de nuestras privaciones y la magnitud del principal problema que enfrentará el Gobierno que asumirá dentro de unos días.
Pero independientemente de quién es el culpable de esa situación (si es que puede identificarse algo así como un/a “culpable”), el Gobierno heredará compromisos diversos y que van más allá de la deuda pública tradicional. Deberá cumplir una agenda de honor, un compromiso adquirido allá por 2015 y que fuera compartido por 193 estados nacionales: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS fueron considerados un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Quedan tan sólo diez años para rendir cuenta al mundo de lo hecho y de lo no hecho hasta ahora.
Es muy poco lo que podemos decir de los 17 ODS con los datos oficiales de Argentina. Más específicamente, los ODS 1, poner fin a la pobreza; 2, hambre cero; 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género; 6, agua limpia; 7, energía no contaminante; 8, trabajo decente y crecimiento y 10, reducción de las desigualdades, para citar sólo un grupo de los 17, pueden cuantificarse sólo parcialmente a partir de los indicadores de pobreza oficiales.
Es más, nuestro Indec respondió a esta necesidad de información y monitoreo, publicando con cierta sistematicidad un informe sobre condiciones de vida en el que se da cuenta de algunos de estos aspectos, pero tan sólo a manera de indicadores unidimensionales, esto es, parcial.
Ya varios países en el mundo advirtieron la necesidad de contar con información un tanto más potente que la mencionada para seguir de cerca los progresos o retrocesos de los estados en el cumplimiento de los ODS.
Entre las respuestas dadas a esa necesidad de información y monitoreo aparece el cómputo de medidas oficiales de pobreza multidimensional. Muchos Estados adoptaron ya su propia medida de pobreza multidimensional, siendo México el que se tomó el tema más en serio y hoy tiene una medición oficial que está respaldada por una ley.
Así, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) determinó la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuyo principal objetivo es evaluar las políticas y los programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Se busca, con ello, la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
En Argentina no hemos logrado ponernos de acuerdo en algo por el estilo. El seguimiento de la pobreza multidimensional es realizado por universidades y centros de investigación que, si bien son reconocidos por los medios de comunicación y circulan en la opinión pública, no cuentan como herramientas para el seguimiento de las políticas públicas. Por su parte, está reconocido por la comunidad internacional: a) que la pobreza por ingresos es un indicador insuficiente para medir privaciones en los ámbitos listados antes (educación, salud, hambre, vivienda, etcétera), y b) que los indicadores sueltos y desconectados entre sí no son capaces de identificar privaciones múltiples y superpuestas (por ejemplo, personas que experimentan privaciones en varias dimensiones: ingresos, educación, salud, entre otros) que se presentan simultáneamente en una misma persona, agravando su situación de privación y vulneración.
Ocurre, entonces, que estamos hoy a diez años de dar cuenta de los progresos realizados por el Estado Nacional sobre una materia cuyo tamaño y magnitud desconocemos. Ciertamente no deja de ser una estrategia dado que las metas, cuya misión es cuantificar el avance, se expresan en números y que, para saber si mañana estoy mejor o peor, debo conocer el número de hoy. Si no tengo el número de hoy, no puedo responder por mañana.
Convencidos de la necesidad de contar con un valor de partida y sin la menor intención de convertir esta nota en un manifiesto, mostramos por último lo que creemos que son los puntos de partida de la gestión del nuevo Gobierno. Los valores fueron sometidos a prueba en diferentes documentos académicos, presentados en ámbitos diversos y trabajados no sólo con información pública y replicable (la Encuesta Permanente de Hogares), sino con una metodología sustentada teórica y empíricamente.
En el primer semestre de 2019, el 21% de la población no solamente es pobre por ingresos, sino que tiene algún derecho vulnerado en las siguientes dimensiones: educación, protección social, trabajo decente, vivienda digna, saneamiento básico y acceso al agua potable. Decimos “derecho” porque el acceso a estos, ya sean flujos o stocks, están contemplados como tales en algún documento que Argentina firmó comprometiéndose a proporcionárselos a la población.
Documentos que van desde la Constitución Nacional, hasta leyes específicas y generales como la Ley de Educación Nacional o la Ley de Asignaciones Familiares. Ese número implica que al menos 9,2 millones de argentinas/os está privado en alguna dimensión básica ya sea en ingresos, o en algún componente de su matriz de derechos.
Teniendo en mente este número (21%: 9,2 millones de personas) y apelando a las metas 1 y 2 del ODS-1, podríamos quizá plantearnos como país, para 2030, reducir al menos a la mitad esa proporción (Meta 2) y, para la mitad que quede fuera, poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social, intentando lograr cobertura universal para los pobres (Meta 3).
