A tono con las intenciones del presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también impulsa sus propias declaraciones de emergencia. En su caso, son en materia social, económica, productiva y energética. La iniciativa propone mantener las emergencias vigentes en la provincia y la posibilidad de extenderlas todas hasta el fin de su mandato, en 2023.
El proyecto, desgranado en siete capítulos, establece “el estado de emergencia para la prestación de servicios y la ejecución de contratos a cargo del sector público provincial, en los tres poderes y para todas sus dependencias”. Ratifica las emergencias existentes, en “seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica”. Y plantea una “vigencia por dos años, con posibilidad de una única prórroga del Poder Ejecutivo por dos años”, por lo que ese estado de excepción podría durar todo el mandato de Kicillof.
El jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, fue la voz cantante del anuncio del envío del proyecto a la Legislatura. Justificó la intención del gobernador en que “la emergencia tiene una materialidad muy concreta”, porque en el conurbano “la desocupación roza el 13%” y en la provincia hay un total de “845 mil desocupados”. Una comisión bicameral controlará el funcionamiento de las emergencias.
En materia económica, el proyecto girado a la Legislatura establece que “se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la renegociación y/o rescisión de contratos de obras y de bienes y servicios, debido a la existencia de muchos contratos en suspenso”. También se autoriza a “llevar adelante las gestiones y actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública” y se prorroga el presupuesto 2019 hasta que se vote uno nuevo.
En el marco de la emergencia social, en tanto, el gobierno bonaerense propone un “Programa Especial de Emergencia Educativa, destinado al financiamiento de obras urgentes en materia de infraestructura escolar”; articular con la administración nacional la aplicación “de los programas dictados en el marco de la emergencia alimentaria nacional” y “garantizar el normal funcionamiento de la infraestructura sanitaria y el acceso a medicamentos”.
En lo productivo, en el proyecto de declaración de emergencia se anuncia un programa “de regularización de deudas para micro (empresas) y pymes”. Las firmas que se adhieran deberán mantener su plantilla de empleados.
La pata energética del proyecto de emergencia oficializa la suspensión de los aumentos de tarifas mientras exista ese estado de excepcionalidad. Y autoriza al gobierno bonaerense a “iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente”, a “proceder al análisis integral de los cuadros tarifarios, incluyendo los costos, gastos e inversiones comprometidas y efectivamente realizadas”, y a evaluar “el marco regulatorio en materia de transporte y distribución de energía eléctrica y de las actuales concesiones”.
