Hace falta un ordenamiento previsional integral

27 de diciembre, 2019

Hace falta un ordenamiento previsional integral

Por Jorge Colina Economista Jefe de Idesa

 

En la discusión de la emergencia previsional se produjo un entuerto en torno a los regímenes especiales.

 

Ante la propuesta oficial de suspender la aplicación de la fórmula de movilidad, surgió la demanda de los legisladores por exceptuar a los regímenes especiales.

 

Estas no son solamente los de los jueces, políticos y diplomáticos, que –en particular– son los que haberes más abusivos abonan, sino que también cuentan con regímenes más ventajosos los docentes, los científicos, los trabajadores de Luz y Fuerza, la empresa Río Turbio, los ex presos políticos, las fuerzas de seguridad, entre otros. Por ello es que luego de una intensa discusión se terminó creando una comisión especial para que en 180 días proponga al Congreso qué hacer con la movilidad de todos estos regímenes especiales.

 

Lo que se pasa por alto es que, en Argentina, sólo la minoría se jubiló con el régimen general de jubilaciones. La gran mayoría lo hizo con algún tratamiento especial, ya sea porque está en un régimen especial o porque obtuvo su beneficio sin aportes. Concretamente, de los 9 millones de beneficios que paga el sistema previsional nacional, sólo un tercio (3 millones) accedió al beneficio previsional encuadrados en las reglas fijadas para el régimen general. Casi 1 millón accedió con algún régimen especial y los restantes 5 millones obtuvieron el beneficio sin haber hecho aportes mediante las moratorias y las pensiones no contributivas. Además, dentro de estos 9 millones de beneficios hay 1,2 millones que están duplicados, es decir, una misma persona recibe doble beneficio como jubilación propia y pensión por fallecimiento del cónyuge.

 

Cuando se miran a los que sostienen estos 9 millones de beneficios –de los cuales dos tercios están otorgados con condiciones más ventajosas o sin aportes y muchos están duplicados– surge que son otros 9 millones de trabajadores. O sea una relación 1 a 1. En un régimen de reparto se necesita como mínimo que hay 3 aportantes por cada beneficio.

 

Pero hay un agravante. Dentro de esos 9 millones de aportantes, sólo 6 millones son trabajadores asalariados en empresas privadas que hacen aportes a la previsión social. El resto son empleados públicos (o sea que es el propio Estado el que se hace los aportes) o monotributistas, autónomos y servicios doméstico con aportes (que tiene aportes tarifados muy bajos). Es decir, hay más beneficios previsionales otorgados que aportantes de empresas con salarios razonables para pagarlos.

 

Estos datos muestran que el sistema previsional tiene bases de sustentación muy endebles y que la regla son los tratos inequitativos. Por eso, el sistema previsional argentino necesita un ordenamiento profundo e integral.

 

La mayoría de los afiliados deberían encuadrar en el régimen general. Las excepciones para compensar envejecimiento prematuro deberían estar científicamente justificadas y los mayores costos derivados del adelantamiento de la jubilación cargados a la actividad que los genera. Para ello es clave un estricto cálculo actuarial que evite subsidios encubiertos. En la misma línea, si algún colectivo de trabajadores considera que merece tener haberes previsionales más altos, o sea un régimen especial, debería gestionar la diferencia con el régimen general con regímenes complementarios administrados de manera independiente, no por el régimen público de reparto.

 

Este ordenamiento previsional demanda además un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. En las provincias prevalecen los colectivos típicos de regímenes especiales (docentes, sanidad, seguridad, magistrados, etcétera) por lo que resulta altamente pertinente estructurar estrategias comunes. Además, la masificación de la doble cobertura –que en el sistema nacional llega a 1,2 millones de beneficios– empeora, ya que la duplicación entre un beneficio nacional con otro provincial es también bastante frecuente.

 

El sistema previsional nacional y provincial en Argentina gasta 11% del PIB. Esto es un nivel asimilable al de los países europeos, que ya están en crisis previsional, aun cuando Argentina todavía es un país relativamente joven.

 

Suspender transitoriamente la movilidad es un paliativo para una coyuntura difícil que puede traer consecuencias judiciales a futuro (más gasto público), si es que se prolonga en el tiempo y la inflación licua los haberes más elevados (esto es lo que pasó con el fallo Badaro entre 2002 y 2008, con las consecuencias conocidas). La revisión de los regímenes especiales es un tema importante, pero está lejos de ser el único. El sistema previsional marcha a una crisis donde posponer las decisiones hará que sean cada vez más difíciles de tomarlas políticamente.

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