Por Joel Vaisman Economista y Profesor de Microeconomía y Finanzas Corporativas
Pese a mostrar los nervios naturales que tendría cualquier joven funcionario, el nuevo ministro de Economía, Martín Guzman, fue muy claro a quienes les habló: la prioridad será la reactivación de la economía. Sin dar números estrafalarios ni medidas incumplibles. ¿Por qué fue tan importante la conferencia de prensa?
Porque el público en general, tanto trabajadores como inversores, pudieron inferir quienes son los interlocutores a los que busca hablarles el nuevo Gobierno. Y en este caso, la comunicación fue para ambos. El sincericidio, la prudencia y un intento de brindar tranquilidad a los sectores productivos y trabajadores, parecen ser la nueva norma.
El Gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió en diciembre de 2015, tuvo una constante: hablarle a los mercados. Primero, mediante la reapertura del canje a los holdouts, instrumentada por el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
Luego, la misión de enviar mensajes positivos a los inversores, recayó especialmente en el supuestamente independiente presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, que, con el esquema de Metas de Inflación, intentó anclar las expectativas inflacionarias mediante el control de la tasa de interés de referencia, en una economía con muy baja penetración de los mercados financieras.
En definitiva, siempre se le habló a un público inversor, que en Argentina es extremadamente minoritario. El “Inflation Targeting”, tal cual es la denominación en inglés de ese, requería que el BCRA fuera creíble. Ante la insistencia de la autoridad monetaria sobre el tema, los inversores, tras el canje de 2016, le creyeron inicialmente a Sturzenegger. La apertura de los mercados llegó a un extremo tal que hasta se gestó un bono (AC17), conocido como el “Bono Centenario”, mediante un “reverse enquiry”, es decir, fueron los privados los que pidieron que el Estado emitiera un bono con semejantes características.
Los anuncios de política económica, que muchos calificaron como “gradualistas”, fueron, en realidad, una sucesión de pequeños shocks de ajuste fiscal y noticias recesivas: aumento de tarifas, despidos en la administración pública, fin de regímenes de promoción industrial en La Rioja, San Luis y Tierra del Fuego, entre otras medidas.
Se priorizará la actividad económica para cumplir con los deseos tanto de inversores como de los trabajadores.
El canal de comunicación elegido fue, en definitiva, el de retornos de inversión. Una baja en el riesgo país llevaría a que los rendimientos exigidos por los inversores internacionales disminuyeran, generando un incremento en las cotizaciones de activos locales, lo que mejoraría la cantidad de fondos que el Gobierno podía obtener mediante el endeudamiento, y una suba del valor actual de los proyectos.
Lo que se olvidaron es que, al dejar a un lado al público “no inversor”, más del 99% de la población, los flujos ?esos que se comienzan a gestar cuando hay ventas? comenzaron a disminuir. Los salarios reales se pulverizaron. El consumo disminuyó, la recesión se consolidó y las fábricas y locales comerciales iniciaron a desplomarse.
Un error
El BCRA mantuvo muy altas las tasas de interés es pesos, como señal de una política monetaria “hawkish”, es decir, totalmente destinada a combatir la inflación. Las tasas en dólares disminuyeron en un principio, pero en moneda local se hizo cada vez más imposible acceder al crédito. Y los costos de oportunidad de invertir en proyectos productivos se hicieron altísimos, haciendo más rentable comprar Lebac y renovar ante los vencimientos, y no comprar maquinaria.
Pero el golpe final tuvo un día preciso. El 28 de diciembre de 2017, un día después que el Congreso sancionara el proyecto de Presupuesto 2018 que tenía como meta de inflación promedio una de 12% punta contra punta. Fue la archifamosa conferencia de prensa brindada por el jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y Sturzenegger. El mensaje fue muy sencillo: el BCRA cambiaba la meta de inflación a 15%. Un número quizás más razonable.
El problema no fue el mensaje per se sino el momento y el mensajero. El momento, porque se esperó a que el Presupuesto se convirtiera en ley para anunciarlo. Peor aún, el mensajero: si la política monetaria debe estar en manos de un BCRA independiente, no tendría que haber sido comunicado por Peña, ministro coordinador del Poder Ejecutivo, ante la impávida presencia de Sturzenegger. Los mercados, que habían sido convencidos de que las metas de inflación requerían confiabilidad, dejaron de ver al país como “de inversión” para transformarlo en un escenario especulativo. Las corridas al dólar generaron devaluaciones, y un incremento en las tasas que, para 2019, llegaron a niveles récord.
La reactivación, esencial
Guzmán, por otro lado, decidió iniciar su gestión en el retornado Ministerio de Economía aclarando que su prioridad será la reactivación económica. Eso es, en términos financieros, hacer hincapié en la generación de caja. En términos económicos: priorizar el empleo, que los consumidores gasten, que haya ventas, contrataciones de personal.
Por supuesto, reconoció la importancia de una convergencia a un superávit fiscal, y dejó entrever su deseo de volver a los “gemelos”: fiscal y comercial. Primera señal a los mercados: el objetivo de largo plazo es ser sustentables.
Segunda señal: reconocer diálogos para poder cumplir con los compromisos asumidos, pero en el marco del crecimiento de la economía, y con el FMI como parte involucrada. Sin anuncios estridentes ni números inalcanzables.
Pero lo más preciso de la conferencia fue que, hagan lo que hagan, las medidas no generarían un “ajuste brutal”. De cumplirse con lo anunciado, se estaría gestando un verdadero giro de 180 grados: priorizar la generación de empleo y la actividad económica, como objetivo que permita cumplir con los deseos tanto de inversores como de los trabajadores.
