Por Jorge Paz
En notas anteriores publicadas en El Economista expresé mi insatisfacción con el uso del efectismo sobre cuestiones relacionadas con la pobreza y con el mal uso de algunos conceptos relacionados. Tal es el caso de la idea de hambre. En realidad, no sabemos si en Argentina hay hambre y propongo no usar términos de este tipo para problemas tan graves como los de la alimentación insuficiente, pobreza y pobreza extrema.
Ciertamente, hay indicios de cuestiones que requieren respuestas urgentes: aumento en el precio de los alimentos por sobre los demás precios de la economía, reducción del consumo de leche, aumento de asistencia a merenderos y comedores comunitarios, percepción de chicas y chicos durmiendo en la calle y pidiendo comida. Además, explicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que cuando se hace el control de peso y talla en los comedores se comprueba el empeoramiento de las condiciones nutricionales con el paso del tiempo en hermanos de una misma familia, porque sólo comen harina y arroz. Insisto: son hechos preocupantes y que requieren acción urgente.
Casi al mismo tiempo en que se conoció el informe de la FAO según el que, en 2018, el 11,3% de la población (versus el 5,8% en 201416) sufre inseguridad alimentaria grave en Argentina, apareció el dato de una fuente muy poco consultada y muy seria, que va en la misma línea: según la encuesta Latinobarómetro, el porcentaje de población que en 2018 declara insuficiencia alimentaria (“alguna vez” y “seguido”) es el 25% (uno de cada cuatro) contra un 17% (uno de cada seis) en ese mismo grupo en el año 2011 (cuadro 1).
La tarjeta alimentaria no es una mala idea para solucionar urgentemente estos problemas, más aún, considerando que el Gobierno tiene identificada a la población vulnerable que actualmente son beneficiarias y beneficiarios del Programa Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH). El programa de la Tarjeta Alimentaria, cuyo costo ascenderá a $60.000 millones en 2020, consiste en la distribución de un plástico que permitirá comprar alimentos por $4.000 por cada madre con hijo en situación vulnerable y de $6.000 para las que tengan más de un hijo. El lanzamiento masivo comenzó en Concordia, ciudad entrerriana que arroja los valores más elevados de pobreza y pobreza extrema del país: casi 70% de niñas y niños menores de 6 años por debajo del umbral de pobreza y casi 20% por debajo del umbral de indigencia en el primer semestre de 2019.
El impacto a nivel general puede simularse haciendo, desde luego, muchísimos supuestos que dejan fuera los comportamientos ex post de los actores involucrados: beneficiarias (la tarjeta se entregará a madres), políticas y políticos, distribuidores de alimentos (supermercados), etcétera. En el cuadro 2 se muestra lo que ocurriría si el programa se focalizara perfectamente e impactara de manera directa en los ingresos familiares de aquellas familias a los que está dirigido.
El cuadro simula la tasa de pobreza de menores de 6 años una vez que las tarjetas alimentarias fueron entregadas y están siendo efectivamente usadas por sus beneficiarias. Nótese que la pobreza de niñas y niños de 0 a 5 años se reduciría en 7,8 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 5,5 puntos porcentuales. Además, puede verse que el impacto sería altamente diferencial por edad: en el caso de la pobreza favoreciendo más a los más pequeños (menores de un año) y en el caso de la pobreza extrema a los de uno y cinco años. No obstante, dentro del conjunto de precauciones a tener en cuenta al analizar estas cifras, está las bajas diferencias en el caso de la indigencia, lo que hace presumir que el efecto es prácticamente el mismo para todas las edades incluidas.
Claro está que el Programa de la Tarjeta Alimentaria está pensado para los “hogares más vulnerables”. Lamentablemente, no pude aclarar en este sentido qué significa vulnerabilidad en esta situación y por lo tanto tampoco está claro qué hogares serán los beneficiados de manera precisa. Nótese que si por “más vulnerables” son aquellos hogares que están por debajo de la línea de pobreza extrema (tres últimas columnas del cuadro 2), las ganancias serían los 5,5 puntos porcentuales menos de pobreza infantil en menores de 6 años mientras que la tasa de pobreza general sería exactamente la misma para este grupo.
Otra pregunta que surge de observar el cuadro 2. ¿Por qué quedan 6,5% de la población de menores de 6 años en situación de pobreza extrema (indigencia, en el argot argentino) a pesar del dinero adicional que en alimentos provee el Gobierno? Claramente, porque los ingresos e este grupo de hogares están más lejos de la línea de pobreza extrema que los demás. Si bien parece un número bajo (ciertamente es más bajo que el 11% actual de pobreza extrema en ese grupo de edad) equivale a 292.000 niñas y niños que quedarían aún por socorrer de un nivel de carencias absolutamente inadmisible.
Entre los heroicos supuestos realizados en esta nota para simular el efecto sobre la pobreza y la pobreza extrema de la Tarjeta Alimentaria figura que el gasto será distribuido de manera igualitaria entre los miembros de los hogares perceptores. Existe evidencia internacional que muestra que las ayudas recibidas por los gobiernos por mujeres van dirigidas más focalmente a niñas y niños (comparadas con las ayudas recibidas por los hombres a cargo de los hogares). A pesar de esto, el Gobierno deberá prever un presupuesto para el monitoreo del impacto usando entrevistas, encuestas y controles de peso y talla quizá. Estos son los gastos que si bien no hacen al costo del alimento propiamente dicho son necesario cuando lo que se desea es que la política arroje los resultados que busca lograr.
La pobreza en la niñez es algo muy serio como para no hacer nada o como para hacer poco. Y ahora en la Argentina el problema está mucho más que desbordado. Al decir de Fabiana Cantilo: “Algo se prende fuego”.
