Es uno de los objetivos concretos que se fijó el gobierno de Alberto Fernández: eliminar el hambre. Y para ello promete un trabajo en varias dimensiones y poner en acción varias áreas del Estado. El Plan Argentina contra el Hambre, a cargo del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es la punta de lanza. Y tendrá en el Presupuesto 2020 pautas que replanteen prioridades. Ayer tanto Arroyo como el jefe de Gabinete Santiago Cafiero volvieron a ratificar el sentido de esas políticas.
“Este gobierno ha despertado gran expectativa en la gente porque viene a resolver los problemas más urgentes, que son el hambre, la desocupación. Tenemos urgencias que no las podemos postergar. Hay gente que la está pasando muy muy mal”, sostuvo el jefe de ministros. Y agregó: “El mercado no ha podido resolver esto, ha profundizado las desigualdades y las inequidades en la sociedad. Por eso ahí tiene que estar el Estado. Es inmoral que en la Argentina haya hambre”, sentenció Cafiero.
“Terminamos con 60% de pobreza en los niños y 40% de pobreza general. Está realmente mal la situación, es muy crítica. Hay que trabajar para reconstruirla. El tema del hambre es el primer punto, pero también hay que empezar a vincular planes sociales con trabajo, desendeudar a las familias, que no están en cero, están en menos diez”, sostuvo Arroyo en el mismo sentido. Y agregó que “la baja del consumo de leche es desesperante”. De ahí la necesidad de implementar una tarjeta alimentaria que cubra necesidades alimenticias básicas.
“La tarjeta es para madres de niños menores de seis años. Servirá para adquirir únicamente alimentos, no permite extraer dinero del cajero. Y contarán con el apoyo de un conjunto de nutricionistas y promotores de la salud, que las van a orientar en qué productos conviene consumir”, explicó el ministro. “Este es un Gobierno de abajo hacia arriba, comenzaremos por los lugares más críticos del país”, agregó el ministro, que ayer se reunió con el presidente Alberto Fernández para analizar la puesta en práctica de las políticas de la cartera.
El dato de la última semana brindado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (40,8% de pobres) es apenas una muestra de la profundidad de la crisis social que el país atraviesa. Registros que tenderán a acentuarse en lo inmediato con el impacto mayor de la inflación. Para revertir esta situación, el Gobierno apuntará a darle mayor impulso a la economía popular (comedores, cooperativas, fábricas recuperadas, pequeños productores de alimentos y comercializadoras alternativas) para ofrecer mayores herramientas a los más vulnerables. En sintonía con esto, Arroyo también apunta a generar crédito para los sectores populares y capacitar a los jóvenes.
También confirmó que el Gobierno enviará un proyecto de ley para mejorar la situación de los jubilados y los ingresos por la Asignación Universal por Hijo.
