El 2020, a la espera de nuevas definiciones

30 de diciembre, 2019

El 2020, a la espera de nuevas definiciones

Por Héctor Rubini Economista de la USAL

 

La anunciada redistribución de la renta hacia sectores de menos ingresos aseguró un fin de año en calma. Las mejoras salariales y jubilatorias de emergencia han fortalecido la percepción del giro hacia una política con foco en los “golpeados” por las políticas previas. Pero la captación de ingresos por parte del Estado supera a las transferencias anunciadas y su efecto neto es claramente contractivo.

 

Preliminarmente, las medidas más expansivas serían el congelamiento de tarifas y el programa contra el hambre. Suman 0,4% del PIB estimado a fin de 2020. El no traspaso de las empresas eléctricas a la provincia y la ciudad de Buenos Aires y las subas de suma fija a jubilados llegan a poco más de 0,15% del PBI. En total, 0,55%.

 

Por el lado de los recursos fiscales, en términos de PIB, los más significativos son el impuesto a la compra de divisas (0,55%) la suba a las retenciones a las exportaciones (0,5%), y el ahorro por el abandono de la fórmula de indexación de jubilaciones (0,35%). A esto se agrega la suba de la tasa de impuesto a bienes personales (0,2%), suspensión de la baja de alícuota de Impuesto a las Ganancias (0,2%) y de la rebaja a las contribuciones patronales y del plan de rebajas para pymes (0,15%), y suba de impuestos internos y de la tasa de estadística sobre importaciones (0,1%). Aumento total de recursos fiscales: 2,05%.

 

El resultado neto del paquete es una reducción del déficit fiscal de 1,5%, aun mayor que el de 2019 (en torno de un punto del PIB). Una ortodoxia fiscal no esperada y a todas luces aceptada por el FMI y los bonistas locales y del exterior. Sin cambios en el crecimiento económico, el tipo de cambio y los precios internos (absolutos y relativos), las medidas permitirían alcanzar un superávit primario de poco más de 0,2% del PIB en 2020. Su efecto enfriador de la demanda agregada y de la actividad es inevitable: se está reduciendo el gasto agregado neto desde una recesión y la medida tiene un efecto directo procíclico, aunque por el lado de las expectativas, señaliza un abandono de shock del expansionismo fiscal del período 2009-2017. Aquí es donde la suerte final dependerá del éxito y rapidez para negociar una reestructuración de la deuda. Si se logra cierta holgura financiera, y se estabilizan las expectativas de inflación a niveles más bajos (no menos de un 50% inferior) que la inflación actual, podría apostarse a una baja drástica no sólo de las tasas de interés interbancarias, sino de las tasas activas que pagan empresas y consumidores.

 

Ese efecto no es improbable, salvo que se opten por medidas tanto o más conflictivas que conduzcan a nuevos conflictos sectoriales (como el que ya es explícito con los productores agropecuarios) y la judicialización de decisiones de política (y aquí el frente que se puede abrir es con los jubilados y pensionados).

 

Se observa un interés reparador de los peores efectos de la política bajo los acuerdos del FMI, pero en su esencia reposa sobre las mismas bases: enfriar la demanda agregada, desalentar la compra de dólares y esperar a que la reversión de la cuenta corriente deficitaria y de las expectativas inflacionarias alienten el ingreso de divisas que financien la actividad y el Fisco. Una decisión fuerte que se puede tomar al inicio de la gestión presidencial, pero que, sin medidas que alienten la producción y el empleo, tornan incierto el retorno a un sendero de crecimiento permanente y con inflación más baja.

 

La reactivación vía mayor uso de capacidad ociosa permitirá aumentos de productividad, pero será acotada. A las medidas fiscales de la administración nacional se suma una serie de subas de impuestos provinciales, todavía no implementadas, que tornan incierto el efecto final. La doble indemnización por 180 días bien podría postergarse para el resto del año y, así, la demanda de mano de obra no mostrará grandes cambios. Las definiciones a futuro probablemente se esclarezcan cuando en marzo el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2020. Sin financiamiento externo, sólo resta “seguir tirando” y patear para adelante los vencimientos de la deuda interna con colocaciones de nuevos bonos y “reperfilamientos”. Algo que en el mediano-largo plazo no es sostenible.

 

Sin resolver previamente el problema de la deuda, entonces, no es claro el rumbo futuro de la actividad. Problema que no sólo complica toda programación a futuro de empresarios del agro, la industria y buena parte de las economías regionales. También a la construcción y el mercado inmobiliario, el comercio y no pocos servicios no financieros.

 

Además, sin estabilidad en las instituciones y en las reglas de juego, no abundarán las inversiones en capital fijo. Ya en 2001, en el libro “Sistema Jurídico y Desarrollo Económico”, Alfredo Canavese escribía: “El marco institucional en que se toman las decisiones de inversión afectan a la tasa de interés. Instituciones débiles, impredecibles, y lentas imponen altos premios sobre las tasas de interés vigentes y desalientan así la inversión (…) Dentro del sistema institucional, un poder judicial que repare expropiaciones ilegales con sentencias predecibles, rápidas y a las que se accede a un bajo costo, puede reducir sustancialmente el premio requerido para que las inversiones se realicen, promoviendo así aumentos en las tasas de crecimiento y fuertes mejorías en el bienestar”.

 

El éxito del rumbo elegido depende, entonces, de a) las expectativas de inflación y de depreciación del peso, b) la percepción de riesgo jurídico desde fuera y desde dentro del país), y c) la credibilidad en las autoridades y en sus decisiones de política económica.

 

Por ahora, urge resolver el problema de la deuda para estabilizar expectativas y salir de la trampa cortoplacista actual. Pero esto último exigirá, inevitablemente un programa de estabilización y crecimiento creíble y sostenible. Caso contrario, seguiremos navegando sin rumbo definido.