Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno estableció la doble indemnización para los trabajadores que sean despedidos sin causa. La normativa estará vigente por 180 días, por lo cual abarcará desde el día de la publicación de la normativa hasta el 11 de junio de 2020. El decreto estipula que la medida no será aplicable para las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
La medida ha generado críticas en distintos sectores, que señalan que esta disposición no va en favor del aumento productivo, que perjudicará a las empresas (especialmente, a las pequeñas y medianas) y que esta medida fracasó en el pasado, al no lograr detener los despidos. Algunos analistas consideran que, más que buscar frenar despidos, es un gesto a los gremios.
“Es una pésima medida cuando se pretende instalar la idea de que el Gobierno va a poner en marcha la economía, porque más bien sugiere que se está preparando para que se profundice la recesión”, señaló el economista Martín Tetaz, que considera que Fernández tiene un “fenomenal error de diagnóstico” porque el mercado laboral no tiene un problema de despidos masivos, sino uno de escaso nivel de creación de nuevos puestos que, según resalta, no se resuelve trabando la salida de empleados.
“En efecto, como acaba de publicar el colega Juan Luis Bour, la tasa de salida del mercado de trabajo está en los niveles más bajos de los últimos quince años”, señaló Tetaz. “La lógica es que se trate de una medida pedida por los gremios o que haya sido lanzada para justificar el argumento de 'crisis de despidos” con el que el peronismo hizo campaña, de espaldas a los datos que muestran que la tasa de empleo del mercado laboral es más alta ahora que en el 2015”.
Además, especialistas señalan que la doble indemnización hará que las pyme pierdan más dinero, tomen la decisión que tomen al respecto: si mantienen un puesto que les está haciendo perder dinero por baja productividad, seguirán perdiendo; si no lo mantienen y despiden al empleado, perderán el doble que antes en la indemnización.
Asimismo, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que en las últimas semanas se han mostrado optimista frente al gobierno de Fernández, también criticaron la medida. El empresario y dirigente de esta entidad, José Urtubey, comentó que se sintió sorprendido ante esta normativa, la cual considera que es inadecuada y que la mejor forma de generar y mantener empleos es mediante políticas productivas.
En tanto, desde la vereda de enfrente, justifican que la medida, al no alcanzar a las nuevas contrataciones, no dificultará la creación de empleo, salvo que una empresa planee despedir empleados para reemplazarlos por otros. En ese caso, cumpliría el objetivo de prevenir el despido, y solo por seis meses, argumentan.
A la vez, señalan que la normativa está pensado para un contexto recesivo. “La economía viene en caída. Difícilmente vuelva a crecer en los próximos meses como para justificar el argumento de 'no se puede crear empleo', no habrá tal rebote hasta tanto no se disipe la incertidumbre (vía renegociación de deuda)”, el economista Pablo Neira.
“En este contexto, con un mercado laboral que no tiene oportunidades de reinserción suficientes (el empleo formal privado cayó en diecinueve de los últimos veinte meses), la doble indemnización tiene efecto neto positivo, al contener (al menos parcialmente) la recesión hasta que se pueda crecer”, afirmó Neira.
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El Gobierno no prevé congelar las tarifas
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una entrevista con el diario La Nación, al ser consultado sobre el esquema tarifario, afirmó: “En principio no está previsto un congelamiento (de tarifas). El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No veo que tengamos una posibilidad de congelar tarifas sin impactar fuertemente sobre núcleos de inversión que son necesarios. Por eso no podemos avanzar en esa líneas”.
