Ante el aparente fin del reinado de Netanyahu

2 de diciembre, 2019

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at his office in Jerusalem on September 3, 2017. / AFP PHOTO / POOL / ABIR SULTAN (Photo credit should read ABIR SULTAN/AFP/Getty Images)

Por Atilio Molteni Embajador

 

Como se sabe, el 21 de noviembre el Procurador General de Israel, Avichai Mandelblit, decidió imputar al Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, de los cargos de fraude, soborno y abuso de derecho. Esa novedad lo desplazó al singular pedestal histórico de ser el único mandatario del país envuelto en una grave situación judicial mientras aún conserva en su plenitud las responsabilidades oficiales, hecho que también aceleró la caída de su imagen y aumentó el daño político que le venían produciendo los sucesivos intentos fallidos de formar nuevo Gobierno.

 

Tanto su partido de derecha Likud, como el opositor de centro- izquierda Azul y Blanco (los colores nacionales), conducido por el ex líder de la Fuerzas de Defensa, Benny Gantz, se vieron forzados a aceptar que esta vez no les resultó posible armar la coalición que se requiere para normalizar la gestión gubernamental.

 

Tras esta agotadora gimnasia prevaleció la obvia sensación de que fueron inútiles las elecciones generales de abril y septiembre de 2019, lo que reaviva la que sería una nueva y frustrante opción de convocar a un tercer intento de comicios ad hoc. De verificarse tal iniciativa, Netanyahu llegará a los comicios como un ser debilitado por el proceso judicial en marcha.

 

Ante ello, y salvo que consiga una casi milagrosa solidaridad de sus partidarios y un replanteo social que induzca a valorizar al Likud como el menor de los males, no existen grandes chances de que los acontecimientos que emergen en el horizonte permitan cimentar la indispensable base electoral (bancas parlamentarias) para cortar semejante impasse.

 

Durante las dos primeras votaciones, la simple sospecha de manejos delictivos jugó en contra del respaldo a su partido y de la obtención de los 61 votos parlamentarios que se necesitan en la Knesset, un pilar decisivo para el que ya lleva más de diez años en el poder (a los que cabe sumar otros cuatro años de gestión entre 1996 y el 2000, cuando logró derrotar al laborista Shimon Peres, ayudado por las consecuencias de una ola de terrorismo auspiciada por Hamas). De esta manera, Netanyahu supera en el tiempo al ciclo que ejerció como primer ministro uno de los creadores del Estado de Israel, David Ben Gurion.

 

Sus seguidores lo suelen apodar “Bibi, el Rey de Israel” o “El Mago” porque lleva adelante una política activa en una región muy difícil del planeta. Tal habilidad incluye la utilización de la fuerza en Siria y el Líbano contra Hezbolá y los “proxies” iraníes. También una forma sutil de guerra ilimitada, mientras mantiene un diálogo constructivo con países que influyen en la región, como Rusia y Turquía, o ampliando sus relaciones con varios Estados del Golfo más Egipto y Jordania. Tampoco le falta habilidad para encauzar los problemas económicos y geopolíticos, mientras sostiene una posición de extrema dureza ante Irán, a cuya dirigencia considera como el mayor peligro para la seguridad y supervivencia israelí.

 

Hasta ahora la estrategia de Bibi permitió frenar los avances de un posible acuerdo de paz comprensivo con los palestinos, acentuar el desarrollo de los asentamientos de su país y mantener la presencia militar en la Margen Occidental. Con tales progresos suele dar a entender que se ve a sí mismo como el único gobernante capaz de defender eficazmente a Israel.

 

Las acusaciones de corrupción que enarbola Mandelblit fueron precedidas de una investigación de casi tres años en la que, con ayuda de la policía, entrevistó a testigos y reunió múltiples datos. En el caso denominado 1000 imputa a Bibi de fraude y abuso de derecho por haber recibido regalos por un valor de miles de shekels (la moneda israelí) de los multimillonarios Arnon Milchan y James Packer. En el caso 2000 lo imputa, por los mismos delitos, al haber conspirado con el editor Arnon Mozes, del grupo periodístico Yedioth Ahronoth, el más importante de Israel.

 

Pero el caso más incriminador y complejo para Bibi es el 4000, en el que se considera al Primer Ministro como incurso en el delito de soborno, por haber otorgado beneficios por millones de shekels al magnate periodístico Shaul Elovich a cambio de poner a disposición de sus enfoques el portal llamado Walla y brindar una cobertura favorable a las acciones de Gobierno.

 

En el sistema jurídico israelí el último de los delitos es muy grave y tiene una pena de prisión severa, por lo que Netanyahu podría encontrarse en la misma situación del ya condenado ex Primer Ministro Ehud Olmert, quien se desempeñó en esas funciones hasta 2008, aunque éste último fue juzgado después de dejar el cargo.

 

A diferencia de otros países donde el sistema judicial es criticado por gran parte de la población, el de Israel tiene gran prestigio y probada independencia, ya que tanto los jueces como los auxiliares de la justicia se guían por pautas similares a las heredadas del británico, las que provienen de la época en que Palestina estaba bajo los mandatos de Londres; o sea desde 1920 hasta 1948, momento en que se creó el Estado judío. Tanto, que en muchas ocasiones la Corte Suprema disintió de las posiciones jurídicas del Estado aún en casos referidos a las relaciones con los habitantes de origen palestino residentes en Israel o en los territorios ocupados.

 

Netanyahu optó por defenderse de inmediato y argumentando que existía una acción conspirativa de la izquierda y de las clases privilegiadas. Al mismo tiempo alegó que la estructura legal había prefabricado los casos en contra suya, en lo que suponía un intento de golpe contra de su Gobierno apelando a pruebas falsas e investigaciones dudosas (¿Lawfare?). Adujo que sus intereses personales se alinean con los de sus votantes, quienes son los únicos capaces de juzgar su desempeño. En otras palabras, que sólo la derecha, los ultraortodoxos, los que habitan en los asentamientos y los judíos religiosos exhiben autoridad razonable para determinar la ética del mandatario. A partir de tales pautas, sus aliados políticos buscaron, desde hace tiempo, que el Primer Ministro sea exceptuado de toda acusación por corrupción, lo que implicaba aprobar una ley a medida en la Knesset.

 

Sin embargo, en estas horas ya existen cuestionamientos embrionarios a Netanyahu en su partido Likud, los que fueron expuestos por un pedido que formuló el pasado 23 de septiembre el ex ministro Gideon Saar, bajo el que se invoca la necesidad de realizar elecciones primarias en dicho Partido antes de que expiren los 21 días que posee la Knesset para endosar un nuevo candidato para la función de Primer Ministro. Tal atajo evitaría una tercera convocatoria electoral y permitiría eludir la crisis política existente. Pero Netanyahu sostiene que prefiere realizar tales primarias después de vencido ese plazo y disolver la 22va. Knesset.

 

Gideon Saar, un dirigente de 53 años de edad con amplio prestigio, fue Jefe de Gabinete de Ariel Sharon y luego titular de varias carteras ministeriales. Su padre fue médico y nació en Argentina.

 

En paralelo con estos acontecimientos, el pasado 18 de noviembre el Secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, declaró que los asentamientos israelíes no eran de por sí inconsistentes con el Derecho Internacional, declaración que es contraria a la documentación precedente y enfoques históricos del gobierno de ese país.

 

La nueva declaración es un paso adicional a las demostraciones del presidente Donald Trump en torno a la idea de fortalecer la posición de Netanyahu, como sucedió con e el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la aceptación de la soberanía sobre los Altos del Golán, territorio de donde fue desalojada Siria en 1967. De esta manera se deja de lado una posición constante de los Estados Unidos sobre esta cuestión y Washington se aleja cada día más del sentir de la comunidad internacional que, entre otras numerosas expresiones legales, estuvo representada por la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por 14 votos positivos y la abstención estadounidense (no su voto negativo) que, entre otros conceptos, reafirmó la noción de que dichos asentamientos son ilegales y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional.