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Una propuesta concreta contra el hambre en Argentina

En la Argentina existen cerca de 620.000 empresas pequeñas y medianas y su endeudamiento alcanza 1,8% del PIB. La propuesta concreta es que se instrumente el pago de dichas deudas en especies (alimentos) en un plazo de diez años. Eso tiene diversas ventajas para todos.

20 noviembre de 2019

Por Gustavo Lazzari Economista y empresario

Alberto Fernández iniciará su gestión con una política de Estado contra el hambre. Anunció la creación de un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, un Fondo Federal y la sanción de medidas y leyes que, pese a los anuncios, poco contribuyen a la solución del problema.

En primer lugar, hay que destacar que un hogar hay hambre y/o necesidades básicas insatisfechas por el simple hecho que los ingresos de sus responsables (padres o tutores) no alcanzan para adquirir una canasta básica de bienes.

Tenemos, por tanto, una solución de largo plazo que es el trabajo genuino, registrado y bien remunerado. Enfrentamos, pues, un problema en el mercado laboral (faltan incentivos a la contratación formal) y un problema en la productividad (faltan máquinas y/o educación).

Tenemos, además, un problema monetario. Todo lo que generan los pobres es confiscado por el impuesto inflacionario. Sin solución a la inflación no hay solución posible al hambre.

La solución al problema del hambre pasa por el trabajo. Todo lo demás son paliativos.

Dentro de estos, que erróneamente el Gobierno venidero considera medidas de fondo, el reciente Consejo “Argentina Contra el Hambre” propone.

Precios Cuidados por ley. Esto significa que por ley se controlarán los precios clave de la canasta familiar. Un extraño mecanismo de precios máximos acordados o no con las empresas productoras. Dicho mecanismo tiene una historia de 4.000 años de fracasos. Cada vez que se intentó controlar los precios afloraron las mermas de calidad y, posteriormente, el desabastecimiento y los mercados marginales. Los consumidores supuestamente beneficiados terminan pagando precios más elevados si no acceden a los alimentos racionados.

Devolución de IVA mediante una tarjeta alimentaria. Esta medida es acertada pues el 45% de los precios de los alimentos son impuestos nacionales, provinciales y municipales. La presión impositiva sobre los alimentos atenta contra los pobres.

Reducción de precios de los productos saludables. La introducción del concepto “saludable” es hijo de la demonización de la industria de los alimentos y eso constituye un error conceptual con una carga ideológica del pasado. Un debate inservible.

Ley de Góndolas. La ley no tiene ninguna relación con la solución al problema del hambre. En primer lugar las grandes superficies explican sólo el 30% de los alimentos que se comercializan en blanco. Es decir que sólo dos de cada diez alimentos estarían alcanzados por dicha ley. En segundo término, esa ley parte de un error de diagnóstico respecto a la concentración económica y su eventual consecuencia. La inflación es un fenómeno monetario, nada tiene que ver la cantidad con la cantidad de jugadores ni con la calidad de los mismos. En otros países comercializan las mismas empresas y producen los mismos jugadores y no hay inflación. En tercer término, la Ley de Góndolas parte de la arrogancia de pensar que los consumidores pobres no saben qué producto elegir para economizar su presupuesto. Implica asumir que el funcionario desde el escritorio elije mejor la canasta familiar que el propio jefe o jefa de familia. Arrogancia fatal en estado puro.

Una propuesta concreta

Todo programa de asistencia a los indigentes debe ser necesariamente transitorio. Plantearlo de manera permanente implica reconocer que no habrá reformas fiscales, monetarias y laborales que resuelvan de fondo el problema. Convivir con el hambre sólo es negocio para los políticos.

En términos de asistencia paliativa y transitoria presentamos una propuesta concreta con impacto directo, inmediato y eficiente sobre la provisión de alimentos a los más necesitados.

En la Argentina existen cerca de 620.000 empresas pequeñas y medianas.

El endeudamiento del conjunto de tales empresas alcanza al 1,8% del PIB. Tal endeudamiento es fiscal (nacional, provincial y municipal) y financiero (bancos privados y públicos). Y por eso es crítico. En muchos casos está vencido, intimado, próximo a embargos y/o concursos preventivos y amenazas de quiebras.

El endeudamiento traba todo el desarrollo de las empresas, genera rentas extraordinarias en abogados y peritos. Multiplica los costos vía intereses y genera problemas de sustentabilidad y quiebres en los índices de solvencia y liquidez.

Dicha deuda empresaria es de corto plazo y, por tal, dada las circunstancias, de dudosa posibilidad de pago efectivo.

La propuesta concreta es que se instrumente el pago de dichas deudas en especies (alimentos) en un plazo de diez años.

Esto implica en primer lugar, cambiar “plazo corto por plazo largo” y “moneda mala” (pesos) por moneda buena (“alimentos”).

Una pyme que acceda a dicho programa (el cual debería ser voluntario para las empresas) deberá consolidar toda su deuda (fiscal y financiera) y establecer un quantum de determinados alimentos seleccionados por la autoridad del Ministerio de Desarrollo Social, que deberá comprar y enviar a los centros alimentarios que se determine.

Algunas ventajas

Para las empresas es un alivio pues estira el plazo

Para el Estado, la renegociación de deudas no implica confiscación ni licuación

Para el sector financiero, también, pues se limpian todos los balances empresarios.

Para los bancos cambian una deuda de dudosa cobrabilidad por una compensación con el Estado.

Para el programa alimentario, implica recibir alimentos comprados eficientemente, en tiempo y forma, sin intermediaciones ni burocracias costosas. También sin “manos porosas”.

En números, para un PIB de US$ 400.000, la deuda fiscal y financiera de las pymes alcanza 1,8%, es decir, unos US$ 7.200 millones.

Serían pagados en especies (alimentos) en diez años. Supone por tanto un flujo de alimentos de US$ 720 millones durante los próximos diez años, unos $3.600 millones al mes.

La principal bondad del sistema es la finitud temporal (los mencionados diez años) pues la solución al problema del hambre está en la creación de riqueza y no en la distribución, por más eficiente que sea.

Sin duda, una propuesta para tener en cuenta, mucho más efectivo que buscar la posición en las góndolas, medir la distancia entre alimentos, o crear consejos y fotos selfies de famosos más o menos bien intencionados.

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