Por Héctor Rubini Economista
Latinoamérica cierra la década con convulsiones de todo tipo. EL 2017 y 2018 mostraban que el gran problema en Sudamérica era la emigración de venezolanos escapando del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, desde entonces se han producido fuertes protestas populares (y trágicas) en Nicaragua, Ecuador, Chile y con menos dramatismo en Haití y Perú. Pero ayer se concretó la caída del gobierno de Bolivia luego de las sospechas de todo tipo sobre las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
Ayer, el titular de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, distribuyó un comunicado final sobre esos comicios con afirmaciones más que contundentes: a) “en el componente informático se descubrieron graves fallas de seguridad”, b) es “estadísticamente improbable” que Morales haya triunfado por una diferencia de 10 puntos para evitar un balotaje, c) “el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección por lo que se recomienda otro proceso electoral”, d) “la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente”, y e) “cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder a llevar a cabo comicios confiables”. Acertada, pero tardíamente, el presidente Evo Morales anunció por la mañana la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, y renovar totalmente la composición del Tribunal Supremo Electoral, pero por la tarde debió renunciar a su cargo.
El 20 de octubre se mostraba un triunfo ajustado de Morales sobre su opositor, Carlos Mesa. Computado el 84% de los votos, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se interrumpió durante casi un día. La diferencia era inferior a 8 puntos, siendo inevitable una segunda vuelta para el 15 de diciembre. El lunes 21 se publicaron datos con el 95% de los votos y Morales imponiéndose sorpresivamente por 46,86% a 36,72%. Con una diferencia mayor -10,14 puntos-, quedaba reelecto sin ir a un balotaje.
Mesa denunció un “fraude gigantesco” ante la lentitud más que sospechosa de la entrega de actas escrutadas (a las 20 del lunes 21 de octubre no llegaba al 60%). Los enfrentamientos comenzaron con la difusión de videos en redes sociales que mostraban a fiscales y simpatizantes de Evo Morales retirando urnas del Tribunal Electoral y destruyendo boletas, ante el más que sospechoso silencio oficial. Para peor, el 25 de octubre se difundió un resultado “definitivo”: Morales se imponía por 47,08% versus 36,51%, iniciándose revueltas en todo el país.
En la última semana las fuerzas policiales se negaron a reprimir a manifestantes en contra del Gobierno y en Potosí renunciaron el gobernador y el alcalde de la ciudad. El sábado, manifestantes concentrados en la plaza de Oruro se dirigieron a la vivienda del alcalde y la incendiaron, al igual que a la vivienda de la hermana de Morales. A su vez, grupos afines al Gobierno atacaron a los canales de TV Televisión Universitaria, Unitel y Red Uno Bolivia, e interrumpieron por varias horas la transmisión de las protestas, mientas grupos opositores hicieron lo propio contra el canal oficial Bolivia TV y la radio Patria Nueva.
Morales llamó entonces al diálogo invocando un “golpe de Estado en marcha”, pero ya era tarde. Las FF.AA. manifestaron el sábado que no se enfrentarán con el pueblo, pero advirtiendo que los problemas políticos “deben ser solucionados en el marco de los más altos intereses de la patria antes de llegar a momentos irreversibles”. Conocido ayer el informe de la OEA, el comandante de las FF.AA., Williams Kaliman, “sugirió” a Evo Morales que renuncie. Nada ilógico luego de las renuncias de diversos funcionarios durante la mañana.
Con las fuerzas de seguridad sublevadas, el plan de Morales de renovar el Tribunal Electoral, organizar las nuevas elecciones y fiscalizarlas ya no era factible. El líder de las protestas, Fernando Camacho, a su vez, fue más allá y llamó ayer a una caravana a las 13 para entregar a Morales una carta exigiendo su renuncia y la de todos sus ministros y diputados. Sin embargo, Morales y todos sus ministros y diputados presentaron su renuncia sin recibirlos. Al cierre de esta nota, Bolivia se encontraba en absoluta acefalía y sin nuevo Gobierno constituido.
El episodio no es más que un golpe de Estado de manual. Ante las revueltas, las fuerzas policiales optaron por no reprimir a los opositores en las calles y luego se amotinaron contra el Gobierno. El sábado, las FF.AA. junto a las policiales dejaron a Morales en un total vacío de poder. Luego, Camacho “puso la cara” en público para forzar la caída del Gobierno. Consumada la renuncia de Morales, la última etapa la inició el comunicado de prensa de las FF.AA. poco después de las 15. “El mando militar ha ordenado la ejecución de operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la Ley”, señalaron. Frente a la acefalía, el poder de facto lo tienen las fuerzas policiales y militares. Supuestamente en línea con la Constitución, ¿pero quién las controla?
El futuro de Bolivia depende de las negociaciones entre la Corte de Justicia, lo que quede en pie del Poder Legislativo y las FF.AA. Los caminos que se abren a Bolivia ahora son tres: a) una transición hasta el llamado y concreción de una nueva elección presidencial en breve, en paz, sin proscribir al Movimiento al Socialismo, b) un Gobierno provisional, sin participación del derrocado Movimiento al Socialismo de Morales, a riesgo de más incidentes, o c) un régimen de facto con la suma del poder en manos de las FF.AA. y policiales. La solución a) es la más difícil hoy de imaginar y la b) la más fácil para quienes derrocaron a Morales, pero la c) no es nada improbable.
Roto el orden constitucional, la legitimidad de quien administre el vacío de poder nació viciada desde el inicio. Pero tampoco debe olvidarse que el proceso político que precedió a los legítimos comicios que llevaron al poder a Morales, se inició con dos golpes de Estado: el que derrocó a Gonzalo Sánchez de Losada el 17 de octubre de 2003 y el que derrocó en 2005 al hoy candidato Carlos Mesa, consecuencia directa de las protestas impulsadas entonces por Evo Morales.
Claramente, lo de ayer es un golpe de Estado, pero esto no borra prácticas que en el pasado bien fueron justificadas (y no sólo mediáticamente) y que involucran a quienes hoy padecen la misma medicina que aplicaron en el pasado para llegar al poder. El futuro para Bolivia es ahora absolutamente incierto.
