Juicio político a un Presidente que desvirtuó la ayuda militar

19 de noviembre, 2019

trump

Por Atilio Molteni Embajador

 

El miércoles 13 de noviembre comenzaron las audiencias públicas del juicio político contra el presidente Donald Trump, al que se le adjudica un manejo incorrecto y perjudicial de la ayuda militar en favor de Ucrania aprobada por el Gobierno de Estados Unidos. Al finalizar los primeros testimonios se supo que la presidente de la Cámara de Representantes, la legisladora Nancy Pelosi, estaba lista para hacer una imputación de soborno (bribery) en estas investigaciones, una figura punible bajo las reglas constitucionales.

 

Según diversos y claros testimonios sobre las conversaciones y gestiones sostenidas con el Gobierno de Kiev, el Jefe de la Casa Blanca hizo llegar, por distintas vías, inclusive en su diálogo con el presidente ucraniano, el pedido de conseguir datos sobre las gestiones e intereses del hijo del exvicepresidente Joe Biden con ese país. También se impuso la convicción de que el jefe de la Casa Blanca había chantajeado, directa o indirectamente, a la diplomacia del Departamento de Estado, para que obedezca y se calle la boca acerca de ese episodio.

 

La solicitud de Trump a su colega ucraniano tenía el declarado propósito de establecer el alcance y papel de los vínculos comerciales y profesionales de Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente y candidato a Presidente en las próximas elecciones.

 

Biden padre asoma entre los que por ahora pueden disputarle la Presidencia al que sea el candidato republicano que se presente en el comicio del 3 de noviembre de 2020.

 

Según Trump, la solicitud de ayuda estaba orientada al normal objetivo de conseguir datos que puedan dañar la imagen del potencial candidato demócrata para el puesto.

 

Tras cinco semanas de audiencias privadas, el cuerpo legislativo aprobó por 231 contra 196 la votación de las reglas de procedimiento a seguir en el proceso de juicio político. Los debates incluyeron la presentación de pruebas en público y una descripción del modo en que el presidente y sus abogados podrán articular su defensa. Los votos sobre el juicio se alinearon en virtud de las simpatías partidarias conocidas ya que, mientras sólo dos demócratas votaron en contra de la propuesta de juicio, la totalidad de los legisladores republicanos rechazaron de plano la propuesta de aplicar tal procedimiento.

 

Lo significativo de la investigación pública es que la discusión en sí podría afectar los respaldos que los diferentes candidatos habrán de tener en las elecciones presidenciales del próximo año.

 

Antes de la votación, Pelosi dijo que lo que estaba en juego era nada menos que la democracia en Estados Unidos. Para los representantes del Partido Demócrata, Trump puso en peligro la seguridad nacional al buscar una ventaja político y partidaria y ejercer abuso del poder cuando presionó al Gobierno de ucrania apelando a la demora del proceso de asistencia militar que, por unos US$ 391 millones, ya había sido aprobado por el Congreso.

 

Los legisladores también entendieron ultrajante las condiciones impuestas a la imagen del exvicepresidente Biden y su hijo Hunter, y la convocatoria a realizar una posible interferencia ucraniana, cuando las elecciones de 2016 ya venían interpeladas por la noción mayoritaria de que hubo interferencia rusa en el proceso electoral estadounidense. Para ellos, existió un quid pro quo, al condicionar con una insólita contrapartida la ayuda militar por el aporte de datos extranjeros sobre un adversario político interno.

 

Según la Casa Blanca, ese cuestionamiento es sólo una maniobra creada para destruir la imagen de Trump y hacerlo objeto de una caza de brujas.

 

La principal prueba en el juicio político es una conversación telefónica grabada de unos treinta minutos de duración entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, electo el 21 de abril en segunda vuelta electoral. Este último es un novato en las lides políticas de su país, que basó toda su campaña en la lucha contra la secular corrupción nacional y tiene numerosos frentes de conflicto. Por ejemplo, la contante amenaza política y militar que provocó la pérdida de la península de Crimea a manos del Gobierno ruso y una lucha que originó 13.000 bajas en la región oriental de Ucrania.

 

La investigación legislativa es encabezada por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, cuya presidencia corre por cuenta del demócrata californiano Adam Schiff, asignado a esa tarea por decisión de Pelosi, quien no sólo tuvo en cuenta su capacidad personal, sino el hecho de que los cuestionamientos surgieron de un informe presentado el pasado 13 de septiembre por un informante de la CIA con acceso a la mencionada conversación presidencial.

 

Los datos de tal informe se basaron en insumos consistentes que él mismo obtuvo de funcionarios de la Casa Blanca alarmados por las expresiones presidenciales y por las acciones realizadas por otras personas que pertenecen a su séquito, las que hicieron bastante para ocultarlas.

 

También registró el papel desempeñado por el abogado personal del presidente Trump, Rudolph Giuliani (quien anteriormente había sido un exitoso alcalde de New York), y por el Procurador General de Estados Unidos, William Barr, quienes mucho antes ya habían realizado gestiones por fuera de la estructura gubernamental de inteligencia y del Departamento de Estado. No contento con ello, promovieron, en mayo último, el desplazamiento de la embajadora estadounidense en Kiev por no haber facilitado ese accionar.

 

La importancia de la denuncia también fue aceptada por el Director Nacional de Inteligencia mientras diversos comités de la cámara han citado a otros altos funcionarios del Gobierno a declarar y varios de ellos informaron de lo sucedido a pesar de las objeciones de sus superiores. Hasta ahora, la Casa Blanca presentó una versión parcial de dicha conversación, alegando que la denuncia sólo contiene versiones de tercera mano y no refleja nada legalmente inapropiado.

 

En cambio, los senadores republicanos, alentados por Trump, y ante el riesgo de perder el apoyo de la Casa Blanca en sus circunscripciones electorales sostienen que, no obstante las peripecias detectadas, la ayuda militar llegó a su destino. Además, que la existencia de contrapartidas es común en las relaciones internacionales; que esos tratos pueden ser lícitos según las circunstancias y que lo sucedido no tiene las características de traición, soborno u otro tipo de delitos que disparan el proceso de juicio político en el Senado.

 

Debido al carácter partidario que adoptó el tema, los demócratas podrían tener los 218 votos necesarios para adoptar en la Cámara de Representantes la resolución que se persigue. Pero la situación es diferente en el Senado. En ese último cuerpo hasta ahora se sostiene que una eventual decisión condenatoria obligaría al Presidente a renunciar antes de terminar su mandato y semejante decisión requiere el respaldo de dos tercios de los miembros presentes, circunstancia que estaría fuera del alcance de los demócratas, que sólo tienen 45 votos. Este segundo cuerpo colegiado está bajo el control republicano, fuerza con la que se alinean 53 miembros que no dan la sensación de inclinarse por cuestionar la conducta de Trump.

 

Otro problema central que incide en este juego es que los demócratas han buscado desembarazarse del jefe de la Casa Blanca desde que fue electo, ya que lo ven ineficaz e ilegítimo. Cabe recordar que en esa dirección apuntaba la investigación especial del fiscal Robert Mueller, cuyo informe se quedó a medio camino y, por lo tanto, no cumplió el antedicho cometido.

 

Si bien Trump puede ser cuestionado por un conjunto de acciones muy criticables, como su posición sobre el medio ambiente y el cambio climático, o la persecución a los inmigrantes ilegales, su compulsivo ataque a sus críticos y por sus gravísimos y numerosos errores de política exterior, aún cuenta con un bajo pero sólido respaldo de muchos de sus partidarios, a los cuales les cumplió torpemente una cuota de los anuncios que prometiera en su campaña presidencial, como sucede con el polémico caso del seguro de salud.

 

Esa sedación social se recuesta sobre la ficción de pleno empleo y de una economía que, no obstante señales en contrario, continúa exhibiendo un interesante crecimiento relativo.

 

A su vez, el panorama electoral para las elecciones presidenciales por parte de los demócratas es bastante confuso pues en este momento existen entre trece y quince candidatos y ninguno de ellos es un amplio favorito para la campaña que comienza en febrero de 2020.

 

Los principales son el ya mencionado Biden (con 26% de apoyo según las encuestas, pero con una tendencia a la baja); la senadora Elizabeth Warren (con 20%) y el senador Bernie Sanders (con 17%), con la observación que Warren ha presentado una propuesta impositiva que atemoriza a Wall Street y sostiene posiciones demasiado liberales que no son digeribles entre quienes sustentan las ideas políticas moderadas predominantes, mientras Sanders (un “socialista liberal” que sostiene que los seguros médicos deben comprender a todos) tiene problemas de salud que debilitan que realice una activa campaña política.

 

El aludido escenario cambió un poco con la decisión del exalcalde de New York, el multimillonario Michael R. Bloomberg, quien acaba de definir las primeras medidas exigibles para participar en la carrera presidencial. De concretarse ese replanteo, éste introduciría una campaña distinta que contemplaría la posibilidad de evitar las cuatro primeras votaciones en los Estados que tradicionalmente marcan el derrotero de la contienda electoral. A partir de ahí se presentaría en los Estados más importantes que celebran las siguientes primarias. En las últimas, los resultados no dependen tanto del contacto inmediato con los votantes como de grandes campañas publicitarias para las que Bloomberg tiene suficientes recursos. Por su edad (77 años) esta sería su última oportunidad de entrar en la batalla por la Presidencia, tras acariciar la idea en 2008 y 2016.