Evo Morales debería acatar las reglas de la democracia

3 de noviembre, 2019

evo morales

Por Atilio Molteni Embajador

 

Como fuera destacado en una columna anterior, Bolivia no es la única de las naciones de América Latina que parecen añorar sus turbulentas historias de inestabilidad institucional, las que en parte se originan en la dificultad social y política de entender que la democracia y la acción directa no son parte de la misma familia, ni merecen convivir en la misma pieza.

 

Son sociedades que aún se resisten a creer que los resultados electorales no contaminados por el fraude ni otras distorsiones suelen proveer la fórmula menos imperfecta para conquistar la paz, el desarrollo sostenible y el recíproco respeto. Y aunque esto último ya debería ser parte del torrente sanguíneo de Juan Evo Morales Ayma, líder del partido de izquierda MAS (Movimiento al Socialismo), quien en 2006 llegó por primera vez a la Presidencia después de ganar por mayoría absoluta las elecciones (53,74%) montado en un radical programa de transformación del Estado y con el poder que surge de tener el respaldo mayoritario de ambas Cámaras del Congreso, la lección no dejó huella.

 

Desde entonces, Evo encontró la manera de perpetuarse en el mando hasta que llegaron las elecciones generales que acaban de realizarse el 20 de octubre, las que fueron convocadas para establecer quien tendrá el mando presidencial en el período 2020-2025. En esta última ocasión, los principales contendientes fueron el propio Morales y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (un historiador, político y periodista que ya había alcanzado la primera magistratura entre 2003 y 2005), quien encabeza un acuerdo de partidos políticos con gran influencia en el oriente del país.

 

Según la Constitución de Bolivia, en el caso de que ningún candidato presidencial alcance más del 50% de los votos válidamente emitidos, o un mínimo del 40% de ese caudal electoral, con una diferencia del 10% respecto de la segunda candidatura más votada, es preciso realizar una segunda ronda electoral.

 

Pocas horas después de iniciado el recuento de votos, una tarea delegada en  la Empresa Neotec, cuya tarea esencial fue la transmisión de los resultados electorales y cómputo, en momentos en que ya se conocían los números calculados para el 83,79% de la votación, sin registrarse una diferencia del 10% en favor de Evo Morales (lo que hubiera evitado la segunda vuelta) se produjo la paralización del sistema. Con la llamativa novedad de que, al reanudarse el conteo, la diferencia necesaria para triunfar ya existía y el Presidente en ejercicio, el propio Morales, se proclamaba ganador y por lo tanto reelecto para un nuevo (el cuarto) término.

 

Ante semejante escenario, gran parte de la población percibió de inmediato que el proceso electoral estuvo viciado de fraude en favor del candidato oficial, motivo por el que surgieron graves disturbios en La Paz y otras ciudades.  Tal movilización fue rápidamente liderada por comités cívicos de acción popular, cuya actividad es habitualmente inorgánica y no partidaria.

 

Paralelamente, al ver que el Ejército y la Policía optaban por declararse prescindentes, el Gobierno de Morales no se quedó atrás y optó por convocar, con similar dinamismo, a sus propios grupos de choque con la obvia intención de enfrentar a los comités cívicos.

 

El líder socialista se defendió de las acusaciones de fraude alegando que las fuerzas de la oposición no querían reconocer el voto de los indígenas (cuya proporción es minúscula frente al voto de las ciudades) y que su único delito residía en ser un Presidente indio. También acusó a los opositores de propiciar la vuelta al modelo neoliberal y suprimir las conquistas alcanzadas por la Bolivia Plurinacional. Sus oponentes se limitaron a dejar constancia de que la retórica de Morales sólo incentiva a polarización con argumentos segregacionistas y posiciones extremas.

 

Con independencia de las graves reyertas caseras, las declaraciones críticas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países, y de muchos otros vaivenes, el 30 de octubre el Gobierno boliviano decidió aceptar una auditoría del organismo regional, la que sería vinculante para los partidos políticos. Además, invitó a que Paraguay y Perú se transformen en veedores de tales actividades.

 

Al redactar la columna, la OEA ya había enviado 30 técnicos para iniciar el trabajo encomendado, el que no estará exento de posibles y serios problemas de aplicación práctica. Uno de ellos, el interés del Gobierno auditado de limitar el alcance de la tarea en ciernes, ya que desearía que la evaluación se limite a ciertos resultados electorales y nada más. Otro factor conflictivo es la existencia de sectores muy radicalizados que piden lisa y llanamente anulación de las elecciones  realizadas el 20 de octubre.

 

Va de suyo que la crisis boliviana deberá figurar en un lugar prioritario y entre los temas que tenga en cartera el Gobierno de Argentino que asumirá funciones el 10 de diciembre, ya que hay obvias razones históricas, políticas y económicas para buscar la paz y el equilibrio en el territorio de esta vecina nación.

 

Quienes deban trabajar en el tema no podrán ignorar ciertos antecedentes. Por ejemplo, las derivaciones de la nueva Constitución boliviana de 2009, cuyo texto reformó la estructura política y asignó prioridad a los derechos de la población indígena y de las minorías, en uno de los países étnicamente más diversos de América Latina, donde el racismo es una endemia estructural. Bolivia cambió en ese marco su denominación por Estado Plurinacional de Bolivia para reconocer la diversidad cultural y la importancia de los indígenas y campesinos. El censo de 2012 determinó que 41% de la población (11,2 millones en 2018) se autoidentificaba como quichuas o aimarás mientras gran parte del resto son mestizos.

 

Mucho menos olvidar que Morales fue el primer Presidente de origen indígena y que llegó a la jefatura de Estado después iniciarse como líder de la unión de cultivadores de coca, producto que en Bolivia tiene un uso tradicional y lícito, además de ser el componente central de la cocaína. El derecho de ese país al cultivo de coca y la participación de todos los bolivianos en los beneficios provenientes de los recursos naturales, fueron argumentos que utilizó Morales para gestar grandes movilizaciones populares frente a las políticas de Gonzalo Sánchez de Losada y su sucesor Mesa que, como los gobiernos anteriores (desde mediados de los ‘80) y apoyados por la DEA estadounidense, trataron de limitar o erradicar ese cultivo como condición para lograr la ayuda de Washington. La primera victoria de Evo coincidió con un giro a la izquierda o al populismo de algunos gobiernos de la región, hecho que consolidó  su función protagónica a nivel regional.

 

Recién en mayo de 2006 Bolivia optó por nacionalizar los hidrocarburos que estaban en manos de empresas petroleras multinacionales. Sólo entonces reactivó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la que se convirtió en la empresa más importante del país y generó entre 2006 y 2018 una renta de US$ 38.000 millones. Junto con las empresas operadoras invirtió cerca de US$ 15.000 millones para el desarrollo del sector energético, donde predomina la explotación del gas. Tales ingresos permitieron llevar adelante amplias políticas sociales y distributivas, especialmente durante el ciclo en el que se registraron altos precios internacionales para la energía.

 

Como en otros países de América Latina, el ciclo de altos precios de los commodities dio lugar a un gran crecimiento económico y social durante los tres mandatos que acumuló en el poder Morales. Según el FMI, el crecimiento promedio de Bolivia alcanzó, hasta 2018,  el 4,5%: uno de los más elevados de América Latina.

 

En 2019 la expansión económica se contraerá debido a la disminución del precio del gas y de los minerales (estaño, oro, plata y tungsteno) y la menor demanda de sus principales socios comerciales, básicamente Argentina y Brasil, pero sigue siendo uno de los más altos de la región. Estos factores permitieron reducir la pobreza y la desigualdad desde 60% hasta 34% entre 2006 y 2018, pero el ingreso per cápita sigue siendo bajo: US$ 3.682 en 2018. Por otra parte, y a pesar de que el 70% de las personas obtienen sus ingresos dentro de la economía informal, el crecimiento de la clase media boliviana fue significativo y sus miembros tratan de defender los derechos políticos que les suele negar Morales.

 

El mandatario tampoco eludió la tentación de perpetuarse en el poder, característica habitual de muchos líderes con vocación populista. A pesar de que la Constitución de 2009 prevé el derecho a dos mandatos, en mayo de 2013 Evo Morales obtuvo una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que le permitió competir por un tercer mandato, con el fundamento de que sólo había estado ejerciendo el primero de los  mandatos de conformidad con la nueva Carta Magna. Es así como logró presentarse e imponerse en las elecciones de 2014, con 61,36% de los votos.

 

El 21 de febrero de 2016 organizó un referéndum para reformar el artículo 168 de dicha Constitución, que alude a las reelecciones, cuya opción se limitaba al  “Sí” o “No”. Los resultados favorecieron el “No”, motivo por el que no consiguió esa reforma. Sin embargo, la oposición sostiene que, para sortear este obstáculo, Morales utilizó presiones políticas para lograr que dicho tribunal declarara inaplicable la cláusula constitucional, con el argumento de que esa lectura violaba sus derechos políticos conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Admirable.