Por Atilio Molteni Embajador
Al comenzar el pasado mes de octubre, Ecuador ingresó en la lista de naciones latinoamericanas castigadas por la ola de severa inestabilidad política y económica que algunos sectores atribuyen, en ese caso particular, a la gestión autoritaria del expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, contratado por la televisión rusa y al mismo tiempo reivindicado por el Grupo Puebla que sesionó en Buenos Aires el último fin de semana. También en este debate se dice que la popularidad de cada uno de estos personajes es una buena razón para deslindar de responsabilidades a quien está imputado en una causa de corrupción que involucra a pagos ilegales realizados por la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador y otros países del área. La tesis de que los votos limpian o neutralizan la vigencia de cualquier prontuario es también parte de lo que se dirime en estos peculiares conflictos.
Lo cierto es que el actual presidente Lenin Moreno debió cuerpear disturbios de inesperada magnitud provocados por la reacción popular a la casi duplicación de los precios de los combustibles, fruto de la medida que aplicó al suprimir los subsidios aplicados con anterioridad, cuyo costo económico equivalía a unos US$ 1.400 millones. El conflicto popular que originó tal decisión fue tan intenso que el gobierno decidió trasladar momentáneamente la capital de Quito a la ciudad de Guayaquil y no tuvo más remedio que declarar el estado de emergencia. Al llegar a esa etapa habían perdido la vida varios sublevados y se registraban centenares de heridos y detenciones. Al cabo de dos semanas de cotidianos enfrentamientos el gobierno entendió necesario revocar las medidas cuestionadas por los manifestantes y empezó a buscar otras formas de arreglo y contención.
Según los informes que circularon, el incremento de los precios surgió de una decisión del Gobierno orientada a cumplir los términos de un compromiso la reducción del gasto público que forma parte de un programa de crédito de US$ 4.200 millones concertado en marzo de este año con el FMI (tal nivel de préstamo equivale al 1,22% de la cartera total del organismo e integra un paquete financiero que supondrá un desembolso global de US$ 10.300 millones a lo largo de tres años, el que incluye el aporte de fondos suministrados por otras entidades internacionales). El objetivo del acuerdo fue el de hacer viable un programa destinado a restaurar el crecimiento económico de Ecuador que estaba afectado por un amplio y expansivo déficit fiscal; la falta de crédito externo de fuentes alternativas; la vertiginosa caída de la inversión extranjera; la carencia de reservas internacionales y por un elevado nivel de desocupación, diagnóstico que suena bastante familiar en oídos argentinos.
Esta situación exhibía un fuerte contraste con la evolución del crecimiento generado por los elevados precios de los “commodities” que coincidió con el gobierno de Correa, cuyo gobierno también había contraído deudas de cierta significación con China, una entrada de capitales que le permitió llevar a cabo una serie de obras civiles de considerable magnitud, estímulos que permitieron aumentar el bienestar de la población. Según distintas estimaciones, en 2011 el crecimiento del PIB había alcanzado 7,9%, nivel que se fue marchitando paulatinamente hasta desaparecer por completo en 2015 y a transformarse en una visible contracción económica en 2016.
Tanto en 2017 como 2018 hubo una tenue recuperación (del 2,4% y 1,4%, respectivamente).
El factor protagónico de la creciente debilidad económica fue la caída internacional de los precios del petróleo. Es el producto que origina el 58% de las exportaciones ecuatorianas, cuyo descubrimiento, en la región amazónica, revolucionó los pilares de la economía del país. Antes de ese acontecimiento Ecuador era conocido como el principal exportador mundial de bananas. El otro factor fue la apreciación del dólar estadounidense, divisa que se convirtió en moneda del país en el 2000. Inicialmente la sociedad creyó que tales ficciones monetarias serían la receta para superar otra de sus graves crisis económicas y los efectos de un terremoto altamente destructivo que afectó seriamente al país en abril de 2016.
Pero las penurias económicas fueron escoltadas por batallas políticas. El actual presidente del país, Lenin Moreno, electo en 2017 con el apoyo del carismático y populista líder Correa con 51,16% de los votos, no tuvo muchos períodos de tranquilidad. En primer lugar, sólo consiguió triunfar al tras dar pelea en una segunda vuelta electoral, en la que el obstáculo a vencer fue una coalición presidida por los partidos de la derecha ecuatoriana. Con anterioridad, entre 2007 y 2013, Moreno había sido el vicepresidente de Correa por dos términos consecutivos. Ambos provenían del Partido Alianza País (Alianza Patria Altiva y Soberana) creado en 2006, que para algunos analistas es una estructura de base clientelista y montada para ganar elecciones desde la izquierda. En esa etapa la acción política de Moreno dio prioridad a la lucha contra las discapacidades personales en Ecuador, un tema que luego impulsó con gran brío en el ámbito de la ONU, donde ejerció las funciones de enviado especial del Secretario General. Esa vocación está relacionada con su triste experiencia personal, ya que tras haber sido víctima de un disparo en el desarrollo de un robo, quedó paralítico de por vida.
Como es sabido, el doctor en Economía Correa se desempeñó como presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 e imaginó que podía convertirse en el candidato ideal para continuar con su llamada Revolución Ciudadana, o con el Socialismo del Siglo XXI a imagen y semejanza de la experiencia registrada por los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tales objetivos lo llevaron a constituirse en un personaje central de la red de acción bolivariana.
A diferencia de sus antecesores neoliberales, quienes no lograron concluir sus mandatos, Correa logró hilvanar un período de estabilidad económica y política en base a una gestión populista y autocrática. Durante esa etapa se concentró en la trasformación tecnológica y la distribución de los ingresos originados por el alto precio internacional del pe
tróleo. Además propició la modificación de la Constitución e hizo una reconocida gestión educativa, con el objeto de conseguir un mejor control de las instituciones del país y su reelección, pero con una cláusula transitoria que le impedía presentarse en 2017. En estos días se dedica a resucitar su carrera política y la opción de volver al poder, con enfoques similares a los que adoptó en Argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Pero a diferencia de Correa, al llegar a la Presidencia, Moreno decidió enfrentar las dificultades económicas y políticas sobre la base de desarrollar, desde el mismo Partido, una agenda totalmente distinta a la de su antecesor. Asignó prioridad a la lucha contra la corrupción e intentó hacer pie en políticas de austeridad y diálogo con todos los sectores además de promover una amplia apertura económica (movida que incluyó sacar a Ecuador de la OPEP y del ALBA, la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América” impulsada por Chávez y otros gobiernos simpatizantes). En esa barrida política denunció a la administración de Correa como autoritaria y corrupta e impulsó, en febrero de 2018, un referéndum y consulta popular con el fin de adoptar diversos cambios, que incluyeron la pérdida de derechos políticos para los condenados por corrupción y la paralela eliminación de las reelecciones indefinidas. Ambas propuestas fueron aprobadas.
Semejante desarrollo llevó a Correa a provocar un cisma en Alianza País y consiguió que 28 de sus 74 legisladores se unieran a la cruzada que el ex Presidente denominó “Revolución de los Ciudadanos” (el apoyo popular del expresidente oscilaría en estos momentos en una franja que va del 30% y 40%), con lo que Moreno perdió la mayoría en la Asamblea Nacional y hoy depende de coaliciones con otros partidos para poder gobernar. Paralelamente, el actual Presidente sufrió el constante ataque de diversos grupos sociales y campesinos ?la población ecuatoriana, de 16,5 millones de habitantes, es básicamente mestiza e indígena- donde tiene bastante influencia su predecesor, ya que esos grupos lideraron los disturbios de octubre respaldados por la actividad de la “Conferencia de Nacionalidades Indígenas”.
Otros aspectos notables de Moreno fueron la suspensión y posterior condena del vicepresidente Jorge Glas (próximo a Correa), por haber recibido un millón y medio de dólares de la compañía brasileña Odebrecht mientras se desempeñaba como titular de la empresa ecuatoriana de petróleo y minería. Tal conexión explicaría el motivo de los cambios de la Ley de Comunicaciones de 2013 auspiciada por Correa, un texto que facilitó la aplicación de restricciones a la libertad de prensa, a través de una entidad gubernamental de supervisión denominada “Supercom” (que impuso centenares de multas a periodistas independientes y críticos de la políticas de su Gobierno), instrumento que el expresidente complementó con un sistema de medios gubernamentales. Esa ansiedad por controlar la prensa, también ayuda a entender el paradójico acercamiento de Moreno a las actuales políticas de Estados Unidos en la región.
El caso que mejor ilustra las abismales diferencias entre las gestiones de Correa y Moreno, es el de Julián Assange, el australiano que creó “WikiLeaks”, quien se refugió en la Embajada del Ecuador en Londres en junio de 2012 para evitar su detención por la policía británica. Mientras el Gobierno de Correa le otorgó de inmediato asilo diplomático argumentando que el personaje estaba sujeto a una persecución política como resultado de sus revelaciones de corrupción, y dejó que permaneciera en la misión diplomática de ese país por casi siete años, el 11 de abril de 2019 el presidente Moreno le retiró la protección afirmando que Assange había violado las normas que se le habían impuesto de no interferir en los asuntos internos de otros países y dejó que fuera arrestado por la policía británica.
Y como Assange se halla requerido por Estados Unidos, pero por ahora está sujeto a procesamiento por haber violado la ley británica de Espionaje, su eventual juzgamiento hoy depende de que el Reino Unido acepte su extradición.
