La crisis económica no solo se siente en las arcas nacionales, sino que también ha tenido su correlato en las provincias y tiene su impacto a nivel político.
Mientras en el orden nacional la transición permanece inactiva, a la espera de que Alberto Fernández comience a designar colaboradores, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la de Santa Fe, los equipos técnicos de Axel Kicillof y Omar Perotti trabajan contrarreloj para llegar al 10 de diciembre con el mejor cuadro de situación posible en cada una de las respectivas provincias, siempre enfatizando en las cuentas fiscales. En ambos casos, a los desequilibrios en pesos se le suman los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera en el corto plazo.
Las transiciones políticas que han habilitado las administraciones salientes de María Eugenia Vidal y Miguel Lifschitz, tienen como principal foco de críticas la fragilidad fiscal por parte del peronismo.
Tal como contó este diario, en la provincia más grande del país estiman que el rojo fiscal ronda los $80 mil millones, lo que no solamente podría tener un impacto sobre salarios si no también sobre los recursos con los que la gobernación de Kicillof contará para poner en marcha el engranaje económico, que es la principal preocupación del FdT bonaerense. Es por eso que el exministro de Economía alerta sobre la posibilidad de que el agujero fiscal sea financiado con recursos o bien del Banco Provincia o del IPS (Instituto de Previsión Social) y es por eso que pretende que los recursos los aporte Nación.
Tal como informó El Economista, algunas voces legislativas del Frente de Todos entienden que Cristina Kirchner podría reclamar ante Alberto Fernández fondos para la gobernación bonaerense, sobre todo luego de la compensación por el Fondo del Conurbano que recibió Vidal y que quedó licuada por la elevada inflación de 2018 y el corriente año.
En el entorno de Perotti dejan trascender que el rojo operativo de la provincia está estimado en $20 mil millones.
Es por eso, que en el equipo de trabajo de Kicillof dejan trascender que buscarán rediscutir el Consenso Fiscal que las provincias firmaron en 2017 con el gobierno de Mauricio Macri, y que planteaba la reducción gradual del cobro de ingresos brutos por parte de las provincias.
La serie de reuniones que tendrán segmentadas por área durante esta semana será clave para el gobernador electo, que buscará a partir del 10 de diciembre poder debatir el Presupuesto en la Legislatura.
En el caso de Santa Fe, la transición lleva meses (Perotti fue electo el 16 de junio), y el encargado de interlocutar con el gobierno socialista es su mano derecha, Roberto Mirabella.
En el entorno de Perotti dejan trascender que el rojo operativo de la provincia está estimado en $20 mil millones y al igual que en Buenos Aires, los cuantiosos vencimientos de deuda en moneda extranjera son una preocupación.
Incluso, el propio Perotti le ha encomendado al auditor general de la Nación, Oscar Lamberto, que eche mano sobre el asunto y colabore en la tarea de auditar las arcas santafesinas.
Aunque no hay transición ni cambio de gobernador en Córdoba, su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, viene alertando sobre las dificultades que atraviesan las arcas provinciales de la provincia que mantuvo aliada a la Casa Rosada.
Si bien en los últimos días ha habido un anuncio de giros de fondos por parte de la gobernación a los municipios, Giordano ha machacado en más de una ocasión sobre la merma en la recaudación y en la caída de las transferencias coparticipables que la Nación realiza. El auxilio que la gobernación que encabeza Juan Schiaretti a los municipios, es producto de las alertas que encendieron los jefes comunales.
