Por Clarisa Demattei Licenciada en Ciencias Políticas (UCA) y Mg. en Comunicación Política (Universidad de Alcalá de Henares, España)
Probablemente, el estallido social en Chile sorprenda a más de uno, especialmente a los que hayan viajado al país vecino en este último tiempo. Siendo un país con el Indice de Desarrollo Humano (IDH) más alto de América Latina, con tasas de pobreza de casi un dígito o un PIB per cápita que no para de crecer, parece extraño ver las imágenes que nos llegan por televisión. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Estalló una burbuja que la clase política no supo o no quiso ver o por el contrario estamos presenciando la crónica de un desenlace anunciado?
A simple vista y por lo que hemos podido conocer, hasta hace un mes Chile parecía el modelo a seguir: estabilidad económica, índices de inflación bajísimos, un sistema de partidos políticos moderado entre candidatos de centroizquierda y centroderecha, alternancia pacífica del poder, cifras de transparencia institucional más que aceptables, el mejor desempeño en seguridad ciudadana de todo Latinoamérica, proliferación de obras públicas y una significativa reducción en las estadísticas relacionadas con la pobreza. Entonces, ¿qué fue lo que provocó este estallido social en un país en que en apariencias parecía ideal?
Después de casi un mes de crisis social y política, queda claro que motivo inicial de la protesta, el alza de 30 pesos chilenos del precio del boleto de subte, era solamente la ínfima parte de un problema social y estructural muchísimo más complejo y transversal. En líneas generales, existe un enorme sector de la sociedad trasandina que durante décadas esperó mejoras socioeconómicas que nunca llegaron. A continuación, algunas claves para analizar y entender lo que está pasando en Chile.
La desigualdad, la gran deuda. Si bien Chile tiene una pobreza estimada del 8% según el Banco Mundial (o sea, personas que viven con menos de US$ 5 por día) y un IDH de 0,843 (muy alto), esto no necesariamente implica que el vecino país esté aprobado en materia de bienestar social. De hecho, si analizamos la pobreza en Chile según el estudio de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la Cepal, esta cifra alcanza el 20%. Si bien es cierto que Chile redujo significativamente los niveles de pobreza e indigencia en los últimos 30 años gracias a políticas de intervención estatal enfocadas en lograr una mayor redistribución del ingreso (la pobreza se redujo del 67% a las cifras actuales), estas políticas no beneficiaron a todos por igual. Las estadísticas son eso: promedios que no necesariamente abarcan a todo el conjunto social. Mientras que efectivamente una enorme porción de la sociedad chilena pudo salir de la pobreza, la desigualdad se mantuvo prácticamente estable en los últimos 10 años. Chile es uno de los 5 países más inequitativos de la región y el más desigual de los países de la OCDE, ya que el 1% más rico acumula el 25% de la riqueza total de la nación, según cifras de PNUD.
Los pocos mecanismos de movilidad social. Pero la desigualdad no sólo es un problema de cifras, sino que esto es aún más preocupante cuando vemos que no existen mecanismos eficientes que promuevan la movilidad social. En Chile el que nace en el decil más desfavorecido, es muy probable que permanezca en esa posición durante toda su vida, por lo que esa desigualdad es estructural. Y esto sucede, ya que instituciones que deberían ayudar a la población a adquirir un mejor nivel de vida, por el contrario, agrandan la brecha entre ricos y pobres. Y esta institución por excelencia es la educación, especialmente la universitaria. Es sabido que la educación es el principal motor de ascenso social. Pero en Chile, la educación es extremadamente cara. Una carrera universitaria puede costar alrededor de US$ 10.000 mientras que el salario mínimo es de US$ 400, según PNUD. Esto genera una gran porción de la población que está altamente endeudada (según un informe del Banco Central de Chile, ese fenómeno alcanza el 73% de los hogares trasandinos). Pero poder pagar la cuota universitaria no es el único escollo que tienen los chilenos que no nacieron en sectores privilegiados. El sistema educativo chileno actual, reproduce y aumenta las diferencias sociales a través de sus reglas de juego: para poder acceder a una carrera, los estudiantes deben rendir una Prueba de Selección Universitaria (PSU) en la que obtienen un puntaje. Ese puntaje adquirido en esa única prueba, determina la carrera y la universidad en la que podrán ser aceptados. ¿Cómo se determina? Según el prestigio tanto de la carrera como de la casa de estudios. Por ejemplo, la carrera de medicina en la Universidad Católica requiere uno de los puntajes más altos. Para esa prueba se necesita una buena preparación y en líneas generales, los que obtienen esos mejores puntajes provienen de los mejores colegios del país. Por lo tanto, aquellos que no pudieron tener una buena educación media, están prácticamente destinados a obtener un puntaje bajo y por lo tanto, podrán acceder a carreras y universidades con menor prestigio. Cuatro o cinco años después, en caso de que esos alumnos logren graduarse (y pagar las onerosas cuotas), seguramente tendrán un salario más bajo que sus colegas de universidades con buen status.
Los factores simbólicos. Pero la desigualdad también se mide en cuestiones intangibles que no figuran en las estadísticas. La sociedad chilena es altamente meritocrática, lo que produjo un clima de esfuerzo y paz social durante décadas. Incluso, se ha escuchado a la clase política decir que los que menos tenían “debían despertarse más temprano y esforzarse más”. Sin embargo, ¿Qué pasa cuando una familia con salario mínimo escucha toda su vida que con trabajo y esfuerzo van a poder salir adelante pero en la realidad esos esfuerzos no se traducen en una mejor calidad de vida? ¿Qué sucede cuando un jefe o jefa de familia viaja 3 horas por día, pagando en transporte el 30% de su salario, para ir a su lugar de trabajo con la eterna promesa de un futuro mejor que nunca llega? Y cuando menciono las 3 horas de viaje no es exageración. Después de todo, Santiago está pensado territorialmente de forma tal que el sector rico jamás se cruza con la población más pobre. ¿Cómo vive una familia que por su condición social está prácticamente destinada a permanecer así toda su vida? ¿Cómo reacciona esa familia cuando se jubila con un ingreso que representa el 70% del salario mínimo o después de tanto sacrificio su hijo no puede acceder a la universidad?
El rol de la clase media. La desigualdad en Chile es materia pendiente y esto no sólo afecta a las clases bajas y medias bajas. Las preocupaciones también son compartidas por la clase media, un sector que si bien ha crecido en las últimas 3 décadas, al día de hoy todavía no accede al estilo de vida prometido por la élite política. Por eso, durante estos días, fue justamente este sector de la sociedad el que extendió el tenor y el alcance de las manifestaciones. Sin la clase media, este conflicto probablemente hubiera quedado circunscripto a una problemática puntual por un asunto determinado: el alza del boleto del subte. Pero este conflicto, se extendió como pólvora por casi todos los estratos porque una gran mayoría de la sociedad comparte inquietudes: el salario que no alcanza, las deudas de los estudiantes, la salud pública carísima e ineficiente que no sólo reproduce desigualdades sino que determina la posibilidad de sobrevivir o no, según uno se atienda en el sector público (FONASA) o privado (ISAPRE). Mientras tanto, del otro lado, la clase dirigente parece responder con los mismos métodos de siempre y de forma completamente fuera de la realidad: con discursos vacíos y reprimiendo cualquier atisbo de manifestación.
El factor político: la crisis de representatividad. Una de las consignas que también se hicieron notar con claridad desde las primeras marchas fue exigir la renuncia de Sebastián Piñera, ya que para el 73% de la población, el presidente no comprende o no quiere comprender las demandas ciudadanas ni puede reconocer el conflicto de forma real. Entonces, en caso de que efectivamente el presidente renunciara, ¿Qué pasaría? Según la Constitución de Chile, el presidente permanece 4 años en su cargo. El actual mandatario asumió el 11 de marzo del año 2018, por lo que tiene vigencia hasta el 2022. El artículo 29 de la Constitución es muy clara: en caso de que el Jefe de Estado renuncie y no haya estado en función el 50% de su mandato, asumiría un ministro en orden de jerarquía, debido a que en el vecino país no tienen Vicepresidente. Ese funcionario que quedaría a cargo de forma interina sería el flamante nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien debería llamar a elecciones dentro de los 60 días.
Sin embargo, ¿el llamado a elecciones sería una posible solución al conflicto político y social o bien dejaría al descubierto una crisis de representatividad y liderazgo? Desde 2012, en Chile el voto es voluntario. En los primeros comicios desde la puesta en vigencia de esta normativa, en 2013, la participación electoral fue del 49,3%. Sin embargo en las últimas elecciones esta cifra cayó 6 puntos, ya que solamente acudió a votar el 43% de la ciudadanía. Ambos antecedentes muestran una creciente apatía de la sociedad chilena hacia sus representantes, hecho que los dirigentes no supieron ver. Tal vez por los recientes casos de corrupción que involucraron tanto a Bachelet como a Piñera o bien por la falta de surgimiento de nuevos liderazgos fuertes o convincentes, los últimos dos presidentes de Chile ganaron las elecciones con altos niveles de abstención electoral. En el caso del actual mandatario, obtuvo 3,7 millones de votos de los 13,5 millones de chilenos habilitados para sufragar.
Por lo tanto, esto evidencia una profunda crisis de representatividad de la que difícilmente la clase política, de todos los colores partidarios, puedan escapar. Por lo tanto, un nuevo elemento para pensar es: En caso de que efectivamente se convocaran a nuevas elecciones, ¿el próximo Presidente con qué porcentaje de los votos ganaría? ¿Y con qué legitimidad debería gobernar?
¿Qué puede pasar a corto y mediano plazo?
Si bien con el pasar de los días, las demandas de la ciudadanía se fueron diversificando, quedan aún 3 grandes consignas que los chilenos piden a gritos al gobierno nacional: mejora de los sueldos, reformas sustanciales en el sistema de salud y la eliminación de las AFP, el sistema privado de pensiones y jubilaciones. Además de una revisión y reforma constitucional, ya que la Carta Magna del país trasandino si bien tuvo algunas reformas menores, data del año 1988, bajo la presidencia de facto de Augusto Pinochet.
Plantear la reforma constitucional es la piedra basal que debe hacer el presidente Piñera. Según las encuestas CADEM, el 85% de los chilenos cree necesaria un cambio en la misma y un 75% considera que este proceso debe realizarse a través de una Asamblea Constituyente.
El martes 12 de noviembre, tras una jornada de movilización ciudadana con algunos graves incidentes, el presidente Piñera convocó a un acuerdo multipartidario y multisectorial para una nueva Constitución. Según su discurso, la idea es que se lleve a cabo a través de instancias de participación ciudadana y con un plebiscito ratificatorio. Si bien para la ciudadanía esta decisión del presidente representa un pequeño avance, para el mandatario implicó tensas negociaciones con su frente interno. Basta recordar que Piñera gobierna con una alianza de distintos partidos de centroderecha y derecha y no todos comparten las mismas visiones acerca de los pasos a seguir para mermar el conflicto social. Este frente interno complejo, asegura una demora en la toma de decisiones que genera que cuando el presidente toma una decisión, para la opinión pública parece ser lenta, débil y tardía. Así, la brecha entre las demandas sociales y las respuestas de la clase política parece agrandarse y polarizarse cada vez más.
Por lo tanto, ¿qué puede pasar en Chile a continuación? La respuesta es incierta. Sin embargo, se vislumbran algunos elementos que nos pueden ayudar a comprender el futuro cercano. Por un lado, queda definir los próximos pasos del presidente y la reacción de la ciudadanía ante sus propuestas. Sobre todo, la clave estará en la definición del proceso de reforma constitucional. ¿Cómo se realizará? ¿A partir de cuándo? ¿Quiénes podrán participar? ¿Cómo estará conformado el Congreso o Asamblea Constituyente? ¿Será con los mismos diputados y senadores nacionales o abrirán el juego político para que participen organizaciones sociales, instituciones e individuos referentes en el tema? ¿Particularmente en qué consistirá la reforma? ¿Cómo actuará la oposición? ¿Qué rol seguirán teniendo las Fuerzas Armadas y Carabineros en el estallido social? ¿Qué sucederá con la moneda local que tras el anuncio se devaluó a sus mínimos históricos?
En conclusión, Chile necesita una reforma estructural que alcance todas las esferas de la sociedad y que incluya a todos los sectores y no solamente a aquellos que entran dentro del modelo que este país quiere mostrar al exterior. Por ahora la sociedad se mantiene expectante para ver si finalmente, la clase política entiende la magnitud de este reclamo y actúa en consecuencia.
