“Es una Corte tan independiente que parece opositora”, dijo ayer el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Con esa frase, dejó en evidencia la tirantez en la relación entre el Gobierno y el Tribunal Supremo, que con sus últimos fallos contradijo al oficialismo en cuestiones sensibles.
Si bien resaltó el respeto del oficialismo por las decisiones de la Corte, el ministro afirmó: “Es una Corte tan independiente que parece opositora, pero recordemos también que los jueces que la integran fueron designados por el oficialismo”. El gobierno del presidente Mauricio Macri, en rigor, designó en sus actuales puestos al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al juez Carlos Rosatti.
La Corte falló contra el Gobierno en el reclamo de los gobernadores opositores por coparticipación y, esta semana, en un expediente sobre el cálculo de las indemnizaciones a los que tuvieron que exiliarse forzosamente durante la última dictadura militar.
Al referirse a la decisión de la Suprema Corte que benefició a las provincias, el ministro de Justicia consideró que “los fallos no hay que leerlos como que son contra el Gobierno, porque esta diferencia la va a pagar el Estado, la vamos a pagar todos con nuestros impuestos”. El Máximo Tribunal estableció que el costo de quitar el IVA a los alimentos y reducir los alcances del impuesto a las ganancias no debe recaer sobre la coparticipación.
En el caso de las indemnizaciones a personas exiliadas por la fuerza, la Corte falló contra una resolución del propio Garavano que establecía que los exiliados cobrarían el 25% de la indemnización correspondiente a los que estuvieron detenidos durante la dictadura militar de 1976.
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Mayores penas por falso testimonio
Con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, participó ayer del anuncio de un proyecto de ley que crea la figura del perjurio, que busca penalizar “a toda persona que sea parte de un proceso judicial, ya sea penal, civil o administrativo e incurra en una falsedad u omita en todo o en parte la verdad”. La iniciativa propone tipificar “las conductas de abogados, testigos, intérpretes y peritos que aportan antecedentes falsos que obstaculizan el esclarecimiento de un hecho” y, entre otros puntos, prevé para el caso de que el falso testimonio se cometiere en causa criminal.
