Por Víctor A. Beker Economista y Profesor de la Universidad de Belgrano y la UBA
Una de las tareas a encarar a partir del próximo 10 de diciembre será la reestructuración de la deuda externa, tarea ya iniciada bajo la actual gestión con la postergación de los vencimientos de la deuda de corto plazo.
La reestructuración de la deuda soberana es un fenómeno mucho más frecuente de lo que se cree. Por ejemplo, entre 1950 y 2010 hubo más de 600 episodios que abarcaron a 95 países, o sea, más de seis casos en promedio por cada país involucrado. Argentina contribuyó a tal contabilidad con once episodios.
Ello hace de nuestro país un miembro conspicuo del club de defaulteadores seriales. Sin embargo, si se toma un período más amplio, se advierte que compartimos el podio con otros distinguidos países. Los economistas Carmen Reinhard y Kenneth Rogoff hicieron una compilación de los casos de default de la deuda soberana a partir del año 1800 hasta 2002 y hallaron que países como Brasil, Uruguay, Alemania y España registraban mayor cantidad de episodios que la “gran deudora del sud”, como la bautizara Sarmiento.
Lo que resulta difícil de entender (y de explicar) es cómo un defaulteador serial como la Argentina que tan solo en 2010 había terminado de reestructurar el grueso de la deuda en default desde 2001 pudo volver a endeudarse en miles de millones de dólares a partir de principios de 2016. Más aún, cuando ello ocurrió en el momento en que recién se había cerrado el juicio entablado por los fondos buitres. Ello pone seriamente en duda el argumento de Reinhard y Rogoff en el sentido que los países que no pagan sus deudas luego tienen serias dificultades para regresar al mercado de capitales.
¿Usted le volvería a prestar una suma considerable a alguien que tardó diez años en devolverle un préstamo anterior? ¿Lo haría apenas dos meses después de ganarle un largo juicio por la última cuota impaga? Sólo lo hará si prevé cobrar el grueso de la deuda antes del probable próximo default. Por ello las altas tasas de interés de los bonos argentinos incluían una prima de riesgo para cubrir un eventual incumplimiento.
Por tanto, nadie puede alegar que las dificultades del país para hacer frente a sus compromisos lo haya tomado por sorpresa. Más aún cuando recibió una clara advertencia en mayo de 2018. El acuerdo con el FMI evitó que Argentina tuviera que declarar el default de la deuda pública en ese momento. A partir de entonces dependió de las transfusiones de aquel organismo para hacer frente a sus obligaciones.
El objetivo de la reestructuración de la deuda externa es hacer que los pagos anuales sean compatibles con el superávit primario (ingresos fiscales menos gasto público antes del pago de intereses) y con el superávit de cuenta corriente (ingresos menos egresos de dólares por compra/venta de bienes y servicios reales y financieros).
Una vez determinada la capacidad de pago anual del país, la renegociación con los acreedores se basa en el uso de tres instrumentos: alargue de los plazos de pago (reperfilamiento), baja de la tasa de interés y quita en el valor nominal de la deuda.
Por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico declaró en 2017 el default de la deuda pública que totalizaba US$ 73.000 millones (sin contar la deuda de los sistemas de retiro y otras, que aumentan el total a unos $140.000 millones). El Congreso de Estados Unidos nominó una Junta de Supervisión Fiscal que acaba de elevar un plan de reestructuración de la deuda.
La propuesta reduce el servicio de la deuda anual a poco menos del 9% de los ingresos del gobierno, comparado con los casi 30% anteriores. El mismo incluye quitas que van desde el 28% hasta el 87% según el tipo de bono y el servicio de la deuda se extiende a un período de treinta años. En promedio, la quita es del 48%, reduciendo la deuda de US$ 73.000 millones hasta US$ 38.000 millones. Es un plan formulado por un órgano designado por el Congreso de Estados Unidos y ha sido elevado al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para su aprobación.
Es un antecedente que seguramente será tomado en cuenta por los negociadores argentinos que deberán encarar el proceso de reestructuración de la deuda pública argentina cualquiera sea el signo del Gobierno que resulte victorioso en la próxima contienda electoral.
