Por Héctor Rubini Economista
La estabilidad de precios, sea por presiones inflacionarias o deflacionarias, sigue siendo un determinante del estado de humor de votantes, políticos y comunicadores. En países con presiones deflacionarias persistentes, algo habitual después de grandes crisis financieras, se torna necesario reavivar expectativas de aumento de la actividad. La caída en la velocidad de circulación del dinero es la contracara del “atesoramiento” preventivo y las expectativas de deflación de precios. En esos escenarios no queda otra que optar por políticas monetarias y fiscales inflacionistas, algo que no encuentra resistencias internas. Nadie habla hoy, por caso, de “pujas distributivas” en países como Dinamarca, Japón, Suecia o Suiza, sino de la inefectividad de las tasas nominales negativas de sus bancos centrales para reimpulsar la actividad económica. El desafío, difícil de resolver, es el de reactivar la economía sin saltar a senderos inflacionarios permanentes y empobrecedores como los de Zimbabwe, Venezuela o Argentina.
El objetivo de política es claramente el de inducir el gasto privado, que aumente la velocidad de circulación y promover una reactivación económica sostenible. Algo que exige, como condición necesaria (si bien no suficiente) que se revierta la deflación en los mercados de bienes.
Con deflación caen las utilidades de las empresas y se dificulta cancelar deudas bancarias y no bancarias. Lo que subyace es un exceso de demanda de dinero para atesoramiento, no para transacciones corrientes. De no revertirse esto, las tasas negativas y la expansión monetaria no son necesariamente suficientes para volver a crecer con cierta estabilidad o baja inflación.
En países inflacionarios, con alta variabilidad de precios e ingresos relativos, difícilmente se encuentre una política monetaria contractiva. Directa o indirectamente, la expansión monetaria permanente está en la raíz del problema y su reversión es condición necesaria, de mínima, para retorna a un sendero de estabilidad. En una economía abierta, con sustitución de moneda local por el dólar u otra, el problema es más serio. El público prefiere el dólar como reserva de valor y tiende a huir de la moneda local anticipando gastos o compras de activos financieros a la espera de mayor inflación en períodos futuros.
La regulación de precios y su rigidez en el corto plazo no altera el paisaje. Se pueden controlar ciertos impactos por un tiempo, pero se incuba así una mayor inflación a futuro, para el “día D” en que se los libere. Un precio máximo tiene sentido cuando evita presiones alcistas, o sea con exceso de demanda de un bien o servicio. A mayor escasez inducida por dicho control, mayor el “salto” esperable cuando se levante el control de precios.
La Historia Argentina reciente es bastante decepcionante. Los controles de precios de energía, combustibles y carnes entre 2002 y 2015 no fueron acompañados por política que promovieran la inversión real ni la recuperación de la oferta. La liberación de esos controles de los últimos cuatro años se tradujo en aumentos de precios, inevitables por la demanda insatisfecha, pero también por una política monetaria que no revirtió el expansionismo monetario de los catorce años previos. Las crisis cambiarias de los últimos quince meses agravaron el panorama y ya en recesión se aplicó un programa monetario con mayor énfasis en impulsar fuertes subas de tasas de interés para que no suba el tipo de cambio. Desde abril, el programa comenzó a desdibujarse, y terminamos hoy con controles de cambios que operan como control de capitales, y una economía en caída libre, con inflación y pobreza en permanente aumento.
En ese escenario, los asalariados y los jubilados pierden ingresos reales. Cae la demanda de bienes y las ventas, de modo que se perjudican también las empresas. Además, al aumentar la volatilidad de precios absolutos y relativos, es más incierto el futuro. El horizonte para planes de negocios se acorta, y no hay forma de preparar proyecciones para nuevas inversiones.
En ese contexto, todo indica que para reactivar con estabilidad el equipo “albertista” sugiere alguna forma de “pacto social”. Pero su aceptabilidad es una incógnita: el nuevo Gobierno enfrentará una economía más inestable, empobrecida y conflictiva que la de cuatro años atrás. No será fácil lograrlo, ya que los potenciales participantes tienen más incentivos a no sacrificar ingresos. Es como un “juego” en el que se quiere participar sin renunciar a nada, de modo que “todos toman” y “nadie pone”. Es la llamada “tragedia de los comunes” de la teoría microeconómica: la suma de los reclamos supera el total de recursos disponibles de modo que los recursos se agotan y se lo apropian los que llegaron o “arreglaron” primero.
Para no pocos la idea de un “pacto social” suena a música celestial, pero en concreto, sugiere una forma de control de precios e ingresos. En tal caso, debe informarse claramente al público sobre si a) ¿será coherente y creíble?, b) ¿cómo será aplicado?, c) ¿cómo y cuándo sería abandonado?
La experiencia pasada no es muy alentadora al respecto. La estabilidad y el crecimiento económico exige mucho más allá que pactos para pacificación sectorial. Exige decisiones precisas en materia de políticas públicas que no son distributivamente neutras, y que con o sin pactos sociales tarde o temprano deben adoptarse, si es que el objetivo es el de evitar, al menos, nuevas crisis económicas o financieras. Por lo pronto, la experiencia de los últimos diecisiete años muestra un escenario inequívocamente inflacionario y recesivo, en el que la dolarización de neuronas y de ahorros no se ha revertido ni con controles de cambio ni con altas tasas de interés.
El desafío para el futuro Gobierno no se limita, entonces, tan sólo a “medir” con anticipación las presiones sectoriales y la viabilidad de ciertos “acuerdo social”. Lo que se demanda, en general, es un genuino programa de estabilización y crecimiento que sea coherente y creíble. De no lograrse tal cosa, nada va a cambiar, y en ese caso todo “acuerdo social” será finalmente abandonado y sustituido por algún nuevo programa y/o equipo que acierte en revertir este persistente escenario de estanflación y empobrecimiento.
