La Corte Suprema le asestó, ayer, un nuevo revés al Gobierno. Desestimó un pedido de aclaraciones formulado por el Ejecutivo Nacional sobre las cautelares dictadas a principios de mes. ¿Qué decían aquellas cautelares? Que las medidas económicas que implementó el Gobierno, tras la derrota electoral en las primarias, tenían que ser solventadas con fondos nacionales, sin afectar la masa de recursos coparticipables de las provincias.
Se trata de la reducción al impuesto a las Ganancias y la baja del IVA para los alimentos de la canasta básica, que afectaban directamente la masa coparticipables, mermando los recursos que reciben las provincias.
La decisión que tomó la Corte en el día de ayer, llevó la firma de los ministros Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. En la resolución, los magistrados aclararon que la presentación que realizaron los abogados del Estado Nacional, no se explicó cuál era la “complejidad técnica” y las supuestas “dificultades” para cumplir con las medidas, por lo que se desestimó el pedido de aclaraciones.
El Gobierno presentó días atrás precisiones sobre la medida cautelar dispuesta sobre los efectos de los decretos que disponían la reducción del impuesto a las Ganancias y la baja del IVA para productos de la canasta básica, pero que afectaban los fondos coparticipables.
El ministro de la cartera de Justicia, Germán Garavano, sostuvo días atrás que la sentencia era compleja y en tal sentido planteó que le pedirían aclaraciones a la Corte, las cuales fueron finalmente desestimadas.
La gran mayoría de las provincias afectadas, habían litigado contra el Estado Nacional por la merma de sus recursos. Entre ellas se encontraban Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En la resolución que tomó la Corte en el día de ayer, le recordó al Poder Ejecutivo que debió haber cuantificado los costos de las reducciones que dispuso y tenido en cuenta sus efectos al momento de establecerlas por decreto.
En esa línea, también recordó el máximo tribunal que es el Presidente, como responsable político de la administración del país, el que cuenta con los elementos y potestades tendientes a cumplir de forma efectiva lo resuelto en el ámbito judicial.
Al mismo tiempo, la Corte no obturó el diálogo que puede existir entre la Nación y las provincias para resolver el conflicto económico, escenario de baja probabilidad dado el contexto electoral.
La respuesta del Gobierno llegó a través del diputado e integrante del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli, quien en medio de la tensión con la Justicia, pidió reducir los recursos de la Corte. “Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial”.
