Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
Al pensar el título de esta columna, emergió con naturalidad la tentación de adoptar como referencia el análisis y mensaje del politólogo chileno Patricio Navia, quien hizo un buen trabajo al explicar las causas y la probable dirección del conflicto que desde mediados de octubre socava la gestión del Presidente de Chile, Sebastián Piñera. Aunque la protesta no evidenció liderazgo ni un pliego de demandas conocidas, dio origen a severos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a víctimas fatales y heridos, a cientos de detenciones y a la destrucción de importante patrimonio físico. En semejante escenario, las imponentes marchas populares del último fin de semana acogieron a gente de todos los colores políticos que parecían adherir a la noción del cambio en paz. A su vez, el Jefe del Palacio de la Moneda produjo un plan de trabajo y un cambio de gabinete, con la expectativa de retomar el control de la situación, objetivo que merece diversas acotaciones hoy inoportunas. Va de suyo que en algún momento tendrán que retornar el diálogo y el consenso que permitan hallar un atajo a la normalidad. Mientras llega tal convergencia, parece lógico preguntar de qué se trata todo esto.
El mérito de la reflexión de Navia, que llegó el pasado viernes a través de la revista estadounidense Americas Quaterly, es haber inventariado los hechos, creencias, suposiciones y enfoques que cuadran el accionar de un país que en los últimos treinta años se venía identificando0 como el modelo de “democracia más estable y de economía más desarrollada de América Latina”. Al llegar a ese punto, uno trata de saber cómo y quién define el concepto de desarrollo de un país cuya principal y visible dificultad reside en la incapacidad de forjar nuevos pilares del crecimiento y de generar estables y equitativos mecanismos de distribución de la riqueza.
La Ocde definió la economía chilena “como basada en la eficiente producción de recursos naturales” y eso para muchos identifica, me incluyo entre ellos, a la madre del borrego. También adhiero a los que piensan que una economía competitiva es una indispensable garantía de solvencia y gran porvenir, siempre que la dirigencia política rompa el cordón umbilical con la idea de importar y aplicar, a sobre cerrado, las denominadas buenas prácticas que suelen concebir los gobiernos del capitalismo tradicional, cuyos líderes ni sueñan en hacerlas realidad en sus propias naciones.
Navia recuerda que la mayoría de los 17,8 millones de habitantes de Chile simpatiza más con la experiencia y los valores convocantes de las naciones de la Europa nórdica, como Alemania, Suecia y Dinamarca. Sostiene que el pueblo chileno no suele admirar a la Cuba de los Castro; a la Venezuela de Nicolás Maduro, a la Argentina de Mauricio Macri o al Brasil de Jair Bolsonaro. Y si bien Piñera tiende a ser cordial con todos los que puede, no da el perfil de dirigente que admira el chamuscado mercantilismo que hoy se respira tanto en la Casa Blanca como en Planalto y se dirige a empantanar, sin necesidad, la economía del planeta.
Ninguno de los analistas que saltó al ruedo, inclusive el propio Navia, decidió sumergirse con intensidad en las numerosas alertas tempranas que a los largo de las tres décadas de democracia chilena fueron realizando analistas de ese país o entidades como la Ocde, la Unctad y la Cepal, en cuyos trabajos siempre se destacó que el actual modelo económico chileno, y sus ramificaciones socio-políticas, podían tener patas cortas si no se ejercía el profundo replanteo de los pilares o polos de desarrollo de una economía que depende en 60% del comercio global (Australia el 40% y nuestro país 20%) y de una minería muy concentrada en pocos productos y pocos mercados (la que origina el 55% de las exportaciones, a pesar de que sólo ocupa a 220.000 personas en las cruciales explotaciones del cobre y el litio).
Lo que se dice en los nuevos textos figura hace tiempo en la biblioteca de casi todos los archivos de las instituciones de Bretton Woods, de la Ocde, la Cepal y de las otras organizaciones que hicieron el reciente diagnóstico.
Esta percepción tiende a resultar frustrante para colmar las aspiraciones de una población que desea crear una afluente y masiva clase media, o sea una sociedad más inclusiva en el lenguaje, sólo en el lenguaje, que patrocina el Presidente Donald Tump. Semejante enfoque presupone recordar que las explotaciones del cobre (Chile es el primer productor y exportador mundial de este y otros minerales como el litio) son commodities. Y cualquier especialista serio sabe que la demanda y el precio de los commodities minerales son esclavos de esa demanda y suelen depender del ciclo económico en los principales mercados importadores. En el caso del cobre chileno, sus clientes estratégicos están en tres grandes mercados de alto desarrollo (Estados Unidos, China y Japón).
Los nuevos y brillantes proyectos no son consistentes aportes del cambio esperado por la población. Obras gigantescas como el parque de energía solar instalado en el desierto de Atacama, son un enorme paso en la buena dirección, a pesar de que su existencia no supone una sustancial fuente de empleo ni un cambio mayúsculo en la redistribución de la riqueza. Además, los nuevos proyectos asociados a tecnologías de punta, exigen un grado de entrenamiento y capacitación de mano de obra, que no se condice con la capacidad de aprendizaje que parece tener un tercio de la población chilena (ver los informes citados en esta columna).
¿Son todos cuellos de botella? De ninguna manera. Entre 1990 y estos días, la población que está en los bolsones o debajo de la línea de pobreza bajó del 40 a menos del 10% de la población y la economía chilena pudo asimilar, en años recientes, una inmigración de casi un millón de personas, un poco más del 5% de la población total. Tampoco la economía anda a los tumbos ya que, por ahora, en 2019 se espera un crecimiento del 3%.
Navia alega que el rasgo más saliente de descontento social, es que la democracia está tratando a sectores mayoritarios de la población como una masa de consumidores y no como ciudadanos de una democracia abierta. De ahí que vale la pena revisar una de las últimas y recomendables alertas tempranas que se elaboró sobre Chile, la que puede hallarse en el trabajo que concibieron el año pasado (2018) la Ocde, la Unctad y la Cepal (el informe sobre La Revisión de la Transformación Productiva de Chile).
Pero el punto sobre el que conviene insistir una y otra vez es otro. La clase política chilena se caracterizó por presentarse como el “mejor alumno” de la corrección política y de los consejos internacionales como las buenas prácticas de la Ocde o de las recetas de acceso al mercado y sobre desarrollo sostenible que suele elaborar la Unión Europea, como si éstas fueran reglas con fundamento superior, de un tribunal divino o datos innegociables de la convivencia global. Al hacerlo, quienes se alternaron en el poder se sintieron un poco mesiánicos y no escucharon los topes de aguante que proceden de la frustración de la clase media que no lo es, y de una movilidad social que avanza mal y con cuentagotas. Se suele acusar a la clase dirigente de escucharse a sí misma. Que no fue cuidadosa de los engranajes del fortalecimiento de los polos de expansión destinados a captar salarios inclusivos de alta rentabilidad. Cualquiera que conozca algo de la Ocde sabe que los países modelo están en naciones como Chile, porque la variedad de doctrinas y argumentaciones mercantilistas y proteccionistas, así como las gestiones de líderes como Trump, Emmanuel Macron, Boris Johnson y la muy respetable Angela Merkel, son el modelo de muchas “malas prácticas”, el mercantilismo y el proteccionismo en primer lugar.
El episodio que en la superficie detonó la inicial rebelión chilena vinculada con el precio del subterráneo y desembocó en gigantescas manifestaciones populares, fue un aumento de 3,75% en la tarifa de transporte, el que constituye un ajuste algo superior a la inflación anual registrada en el país transandino. Desde ese ángulo, la reacción popular no guardaba proporciones con el hecho en sí y sonaba inentendible. El problema deriva de que el gasto en transporte absorbe el 20% del salario mínimo que rige en el país, un factor que hace muy sensible el debate sobre el tema. Tales cuestiones, como la política de las tarifas de los servicios públicos, juegan un papel preponderante en la calidad de vida de los trabajadores, en el debate sobre el costo de la mano de obra y en la preservación de la estabilidad socio-económica.
Las tarifas aplicables a los servicios del Estado o donde el Estado tiene injerencia regulatoria (poder de comando y control); la reforma de los sistemas de jubilaciones y pensiones ante el alargamiento de los períodos de vida y las nuevas ideas o reglas sobre flexibilidad laboral, son tres de las herramientas que, junto con asuntos referidos al ajuste que debería imponer la mitigación del deterioro climático, se integran al debate global. Son temas ultra-sensibles y ultra polémicos, que deberían concebirse racionalmente y llegar a buen puerto. Los números no dan para otra cosa si la recaudación de la gente que trabaja no alcanza a cubrir los compromisos exigibles de la clase pasiva.
En Chile el tema de jubilaciones y pensiones está administrado por el sector privado, lo que no excluye que tales asuntos requieran una solución económica y políticamente viable. Mientras la vida se alargue, los cálculos originales están haciendo agua en todas partes. Y en los días que corren, los proyectos no viables, y los países sin liderazgo, sólo crean bolsones de inestabilidad en cada rincón del planeta.
