La región, inmutable ante el bastardeo de la democracia

28 de octubre, 2019

america latina mapa

Por Atilio Molteni Embajador

 

El mes de octubre mostró inesperados y fatídicos acontecimientos institucionales, graves tensiones políticas y fuertes sacudones socioeconómicos en muchos rincones de América Latina. Las noticias ya no provienen de los regímenes autoritarios que imperan en Cuba, Venezuela y Nicaragua, ni afectan a las sólidas democracias como Costa Rica y Uruguay. La nueva ola de ficción o indiferencia democrática llegó a otros puntos del mapa.

 

Esa realidad incluye a la singular crisis de gobernabilidad que afecta a Perú. A la inutilidad del control político que respiran las instituciones de México cuando hiciera agua el paradigma de seguridad nacional que anunciara el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien capituló a la vista de todos ante el chantaje armado del cartel de Sinaloa. Se refleja en la anárquica situación que dejó el estallido social en el Ecuador. Huele a irregularidad y fraude en el proceso que puede derivar en la cuarta elección de Evo Morales en Bolivia, un hecho confirmado por el Tribunal Electoral. De nada valieron, en este último caso, las denuncias de su contrincante, el ex presidente Carlos Mesa, ni su pedido de realizar (el que rápidamente obtuvo apoyo internacional) una segunda vuelta de elecciones. A su vez, Morales alega que tales intento están encaminados a gestar un golpe de Estado y está decidido a permanecer en el poder.

 

En ese escenario conflictivo acaba de incorporarse el grave descontento social en Chile, ya anticipado por varios analistas, que se agudizó a partir del 14 de octubre. Cuatro días después de los primeros escarceos se iniciaron las manifestaciones populares y disturbios que causaron graves destrozos en las líneas de subterráneos, estimados entre US$ 200 y US$ 300 millones. El detonante fue un aumento inferior a 4% en el precio del transporte. Al día siguiente, el presidente Sebastián Piñera decretó el Estado de Emergencia, y afirmó que el país estaba en guerra (juicio que no fue compartido por el jefe de las Fuerzas Armadas). Sin embargo, al ver el nivel de confrontación, los militares tomaron el control de Santiago y de otras ciudades, acontecimiento que no se veía desde 1990, cuando se produjo el retorno del país a la democracia. Los movimientos y acciones de las tropas hicieron recordar escenas de la terrible dictadura del general Augusto Pinochet. Tanto el despliegue de tropas como el toque de queda no impidieron que continuaran las movilizaciones populares, las que no exhibieron liderazgo ni color político definido. El nuevo escenario sólo originó un creciente número de víctimas y detenidos, acciones que provocaron denuncias ante la ONU por la violación de los derechos humanos.

 

Ante este cuadro de anarquía y destrucción, Piñera reconoció errores, pidió perdón por su actitud y anunció un paquete de medidas de reparación. Muchos consideran que el mandatario actuó sin entender el motivo de los reclamos, enfoque que lo llevó a demorar las necesarias decisiones de contención política y búsqueda de compromisos. Es así como el 25 de octubre, tuvo lugar una marcha multitudinaria y pacífica (con más de un millón de participantes) que se movilizó bajo los lemas “Chile despertó” y “No estamos en guerra”, buscando que el Gobierno escuche sus demandas, a pesar de que ciertos grupos solicitaron la renuncia del Presidente. Al día siguiente anunció que había decidido reestructurar el Gabinete de Ministros y que, en breve, se levantaría el Estado de Emergencia.

 

El origen de la crisis se relaciona con los bajos sueldos, el desempleo (7,2 % en el trimestre anterior), jubilaciones y pensiones muy menguadas, educación y servicios de salud muy costosos y el aumento de precios decidido para los servicios brindados por compañías privatizadas. Todo ello dio lugar al intento de concluir con la indiferencia gubernamental, desarrollada por amplios sectores de la población (lo que abarca a una clase media que compone el 65% de la población, cuya gran parte se caracteriza por ser una clase media baja y muy vulnerable). Estas expresiones de rechazo fueron motorizadas por las redes sociales y su objetivo explícito fue provocar la consecución de resultados inmediatos. Los textos invocaron la marcada desigualdad económica y la falta de movilidad social al compararse con los gigantescos ingresos que obtienen los sectores privilegiados. También pusieron de relieve la generalizada insatisfacción popular ante el papel que cumple la dirigencia política del país, lo que califica tanto al actual Gobierno como a los cinco presidentes de centro izquierda que gobernaron Chile a partir de la transición hacia la democracia que se iniciara en 1990.

 

A pesar de esa percepción social, ese país fue considerado persistentemente como el ejemplo a seguir por Latinoamérica desde el punto de vista neoliberal, debido al impresionante éxito obtenido en la reducción de la pobreza. Según un reciente Informe de la Cepal, que contradice otras estimaciones, hace treinta años en ese nivel entraba más del 50 % de la población chilena, calificación que hoy parece alcanzar al 10.7 %. Además, el Informe destaca que en la Argentina ese mismo indicador alcanza en estos tiempos al 33%.

 

En 2010 Chile fue el primer Estado sudamericano en ser admitido a la Ocde. Y tanto Cepal como los portavoces de Chile enfatizan la apertura de su economía y la existencia de una política comercial orientada a insertarse profundamente en el mundo global, buscando el crecimiento económico como factor prioritario. De hecho, en los años de elevados precios para los commodities de origen mineral, el PIB creció a un nivel anual promedio del 5,5 % anual (período 1990 a 2011).

 

Es la segunda vez que Piñera ejerce la presidencia (la primera fue entre el 2010 y el 2014) y es un hombre de negocios cuya fortuna ronda los US$ 3.000 millones. Es el único político de la centroderecha chilena que, en su primera campaña electoral, logró vencer a la coalición de centro izquierda llamada Concertación de Partidos para la Democracia y se desempeñó en un momento en el que aún había un alto nivel de crecimiento económico tanto en Chile como en casi todo el resto de América Latina. A fines de 2017, en una segunda vuelta electoral al frente de la coalición Chile Vamos, llegó nuevamente a la presidencia para el período 2018-2022 por el 54,58 % de los votos, frente al senador independiente Alejandro Guillier de La Fuerza de la Mayoría, que colectó el 45,42 %. Entre otras razones, los analistas políticos atribuyeron este segundo triunfo de Piñera al pobre desempeño de su predecesora, Michelle Bachelet, quien, durante su segundo mandato registraba un nivel de aceptación popular de sólo 23%. La entonces Presidenta fue acusada de notables casos de corrupción y de aceptar que la fuerza conocida como la “Concertación” se presentara por separado en dos agrupaciones en la primera vuelta electoral. Pero estos desarrollos tuvieron lugar cuando la economía ya estaba debilitada por la caída de los precios de las exportaciones chilenas de materias primas, en especial del cobre (50% del total), motivo por el que, en el 2016, el PIB terminó contrayéndose 1,9%.

 

Otro factor importante de la crisis actual fue el menor interés de grandes sectores de la población en el sistema político, en especial en las escalas de jóvenes, un dato que emergió en las diferentes encuestas y se confirmó al caer la participación pública en el proceso electoral. En los años ’90, tal participación superaba el 90% mientras en 2017 tendía a ubicarse en algo más del 50%.

 

Otro factor de desestabilización global se origina en las espontáneas manifestaciones opositoras en Hong Kong, donde la participación popular consiguió que fueran dejadas sin efecto la ley de extradición patrocinada por China, o que en un país tan diverso como El Líbano, miles de personas salieran a las calles espontáneamente para expresar sus penurias económicas y su hartazgo con la conducta con la clase política, bajo el paraguas de una movilización que absorbió la presencia de diversas comunidades del país tradicionalmente muy divididas.

 

La ONG LatinoBarómetro, con sede en Santiago, que realiza encuestas en diecisiete países latinoamericanos (pero excluye a Cuba) presentó, en su informe de 2018, ciertos datos que ayudan a entender esos fenómenos políticos: 1) el apoyo a la democracia cayó al 48% y es el más bajo desde 2001; 2) aumentó al 28% la indiferencia, en especial entre los jóvenes, ante los regímenes autoritarios; 3) el apoyo a los regímenes indicados en el punto anterior en el 15%.

 

A su vez, el profesor Daniel Zovatto, en un magistral análisis de los regímenes electorales de América Latina, destaca que los votantes están enojados y molestos con sus gobiernos y esperan resultados mayores, mejores e inmediatos. Predice que, de no suceder esto último, el apoyo popular comenzará a caer. Justamente lo que le está pasando a Piñera.

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