La calificadora de riesgo Fitch Ratings aseguró que los débiles fundamentos crediticios de Argentina, tanto en términos de liquidez como de solvencia, limitan el alcance de un intercambio de deuda que minimice las pérdidas para los inversores más allá de las extensiones de vencimiento.
Argentina enfrenta una grave crisis de deuda luego de que el mercado se derrumbó en agosto tras la derrota del oficialismo en elecciones primarias, lo que golpeó con fuerza al peso y a los bonos soberanos, forzando al Gobierno a retrasar los pagos de deuda por unos US$ 100.000 millones.
Fitch indicó que un acuerdo que ofrezca al país un alivio mínimo de la deuda, centrado en la liquidez en lugar de la sostenibilidad, requeriría demasiado ajuste fiscal para ser política o económicamente viable.
La aprobación de un acuerdo de este tipo derivaría en nuevos riesgos futuros si no hay un shock económico positivo, situación imprevista para Argentina, alertó la calificadora.
A su vez, cree que podría ser necesario un acuerdo que ofrezca un alivio permanente para la deuda haciendo una quita o reducción de cupones, en lugar de solo aplazar vencimientos para mitigar los desafíos de sostenibilidad de la deuda de Argentina.
Declaraciones oficiales
Hace unos días, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó que la deuda externa “no es impagable” y que “no hay que salir corriendo a renegociarla en los próximos dos meses”. Sin embargo, aclaró que “no hay tiempo que perder” y que habrá un panorama favorable en esa y otras cuestiones si en las elecciones del domingo gana el presidente Mauricio Macri.
Además, sostuvo que cualquiera sea el partido que gane en los comicios hay que impulsar una “coalición proexportadora” para afrontar “esta crisis de crecimiento recurrente”, para lo cual “hay que generar divisas de manera constante”.
El ministro sostuvo también que son necesarios cambios estructurales, pero advirtió que cuando llega el momento de determinar “quien comienza el cambio, empezamos a jugar al don Pirulero y que empiece el otro”.
“Hay sindicatos que dicen 'no cambiemos la regulación laboral', algunos empresarios piden 'que todos compitan menos yo' y hay políticos que dicen 'hay que bajar impuestos pero no me afecten recursos'”, explicó.
A modo de ejemplo, contó que cuando fue ministro de Economía bonaerense había “intendentes que nos decían que baje el costo de las tarifas, pero no querían que se sacaran las tasas municipales”.
Al respecto amplió que hay una idea del “sálvese quien pueda, de tironear del mantel para ver quién se lleva la porción más grande”, y eso ocurre porque aseguró “tenemos un estancamiento institucional en las reglas de juego”.
El funcionario explicó que la deuda del país creció en la actual gestión “US$ 70.000 millones, que es una suba de 29%”, pero aclaró que esto no fue sólo responsabilidad del Gobierno porque “la deuda se determina en la Ley de Presupuesto. “Es fruto de una interacción colectiva de todos los poderes del Estado”, concluyó.
