El problema es el desorden del Estado, no la caída de reservas

30 de octubre, 2019

Sandleris

Por Jorge Colina Economista de Idesa

 

Apenas conocidos los resultados electorales, la autoridad monetaria endureció el “cepo” cambiario llevando el límite de compras para los pequeños ahorristas de US$ 10.000 a US$ 200 mensuales. Esto es prácticamente una virtual prohibición de comprar dólares oficiales para ahorro. Los dólares oficiales ahora se destinan sólo al pago de importaciones. Se oyeron muchas voces aprobatorias de la medida incluso señalando que debería haberse tomado mucho antes. A primera vista, suenan razonables las críticas de no haber endurecido antes el “cepo”. Entre las PASO y la primera vuelta las reservas pasaron de US$ 66.000 a US$ 46.000 millones, o sea, se perdieron US$ 20.000 millones de reservas en dos meses.

 

De todas formas, más “cepo” es frenar la hemorragia con un torniquete, pero no es atacar el origen de la sangría. La causa emerge cuando se mira cómo viene evolucionando la cantidad de dinero en efectivo, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro que mantiene la gente en consonancia con la dinámica de la inflación.

 

 

En diciembre del 2017, la inflación fue de 24% anual y la tenencia de la gente de efectivo y depósitos de disponibilidad inmediata era de 15% del PIB. En diciembre del 2018, la inflación subió al 48% anual y la gente redujo su tenencia de dinero a 13% del PIB. En octubre, justo antes de la primera vuelta, la inflación es del 55% y la gente redujo aún más su tenencia de efectivo a 10% del PIB.

 

Es decir, mientras más aumenta la inflación, menos pesos quiere la gente. Para un economista profesional e incluso para un estudiante avanzado de economía no hay nada nuevo en esta asociación. Todo el que entiende de economía sabe que cuando sube la inflación, baja la demanda de dinero. El punto es que parecería que se está pasando por alto que esta situación está lejos de ser estable.

 

Pasadas las PASO, el Tesoro quiso refinanciar Letras del Tesoro y el mercado le dijo que no. Esto dejó virtualmente sin crédito al Estado para financiar su déficit fiscal. Las voces aprobatorias del endurecimiento del “cepo” también aprobaron en aquel momento la salida que eligió el gobierno, que fue, el “reperfilamiento”, una elusiva denominación para decir que se pospone el repago de deuda pública porque el Estado no tiene más plata. Ahora que el BCRA le dice no a la gente que quiere huir del peso argentino para comprar dólares, se aprueba como el complemento necesario. Pero en realidad no es el BCRA el que le cierra la puerta a la gente a acceder a dólares. Es la gente que ya le cerró las puertas al Tesoro y al BCRA para seguir recibiendo pesos.

 

Sin posibilidades de tomar deuda, sin disposición de la gente aceptar más pesos y sin más dólares oficiales para calmar la inquietud de la gente con la creciente inflación, la posibilidad de apelar a financiar el déficit fiscal con más emisión monetaria parece que está cerrada, sin entrar en un serio riesgo de hiperinflación. Hay que tener en cuenta que el 10% del PIB de demanda monetaria que queda entre la gente es equivalente al déficit fiscal más los pasivos del BCRA que respaldan los plazos fijos. Con lo cual los márgenes para monetizar déficit fiscal o devolución de plazos fijos son extremadamente exiguos.

 

En ese marco un pacto social, que parece ser el próximo instrumento que se mira con optimismo, puede servir para ganar tiempo, pero no es tampoco la solución. La inflación no es el resultado de empresarios que remarcan y sindicatos que piden aumentos de salarios. A esta altura, remarcan y piden aumento de salarios porque la inflación es alta.

 

Si va a haber pacto social el actor protagónico con los deberes más complejos para hacer es el próximo gobierno. Porque para evitar una degradación mayor de la crisis tiene que hacer un plan de reordenamiento del Estado que sea políticamente viable y técnicamente consistente para equilibrar las cuentas públicas. Entre los grandes temas que esto involucra está el ordenamiento y la simplificación tributaria entre los tres niveles de gobierno (para mantener la recaudación, sin elevar los impuestos), el ordenamiento del sistema previsional (para darle más equidad y sustentabilidad fiscal) y el ordenamiento funcional del Estado desmantelando programas y organismos nacionales que se superponen con áreas de gobierno provinciales y municipales (eficiencia del Estado).

 

“Reperfilado” y con “cepo”, al Estado no le queda otra salida que encarar un ordenamiento en serio para buscar el equilibrio de las cuentas públicas. Algo que debería haber hecho hace 5 décadas para no vivir atravesado por la inflación.

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