Por Atilio Molteni Embajador
Tras varias semanas de general incredulidad, cualquier analista hoy sabe que el proceso de juicio político (JP) al presidente Donald Trump es una acción destinada a evaluar el desapego del mandatario a los tradicionales principios de la lógica, la política, la ética o de una visión geoestratégica y legal en el ejercicio de tales funciones.
Si bien nadie supone que sus explicaciones y fundamentos son creíbles o racionales, las encuestas aún dan cuenta de que subsiste un escenario de resignación y perplejidad social. La opinión pública no sólo reconoce que sobran razones válidas para juzgarlo, sino también que el nuevo disparate de la Oficina Oval no habrá de generar las sinergias indispensables para eyectarlo del poder. Guste o no, es lo que hay. Los observadores piensan que la mayoría republicana del Senado volverá a cerrar los ojos y frenar la posible destitución del Presidente.
Lo anterior no impide aprender de los hechos.
Los tres principales elementos del JP surgieron, primero, de una decisión presidencial orientada a retener fondos de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania por US$ 391 millones, medida que aumentó la vulnerabilidad de ese país ante Rusia. En paralelo, el 25 de julio último, Trump llamó telefónicamente a su colega, Volodymyr Zelensky, para solicitarle que haga lo posible por hacer que se investigue un presunto caso de corrupción atribuido al exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden (y de su hijo Hunter, que integró el directorio de una compañía energética ucraniana). En opinión de la mayor parte de la clase política, tales acciones guardan vínculo directo con las elecciones orientadas a definir, en noviembre de 2020, si habrá reelección o reemplazo del actual Jefe de la Casa Blanca. En tal escenario, Biden es uno de los competidores más populares del Partido Demócrata para librar la batalla electoral y la antedicha gestión plantea muchos problemas políticos y éticos, además de ser un acto sin precedentes en la vida institucional del país.
El segundo de los factores que inciden en el JP fue la revelación de que el pasado 12 de agosto un informante perteneciente a la CIA cuestionó el ocultamiento y la pasividad de ciertos funcionarios vinculados a las relaciones con Ucrania, los que hicieron distintos esfuerzos por evitar que trascendiera lo conversado entre ambos mandatarios, una actividad que podría implicar un abuso de poder debido a la injerencia de un país extranjero en asuntos internos. Según trascendió, el Inspector General de las Agencias de Inteligencia de Estados Unidos aseveró que su información provenía de primera mano.
Por último, el 24 de septiembre la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, propuso a ese cuerpo efectuar el proceso necesario para determinar si cabe su posible destitución mediante JP, convencida de que los insumos indicados y otros (existe la posibilidad de que haya otro miembro de la CIA compenetrado con las investigaciones), ya son conocidos y entendidos por los votantes. También afirmó que cualquier acción del Presidente destinada a impedir el proceso sería una obstrucción a las competencias del Poder Legislativo. No obstante lo anterior, Trump informó que su Gobierno no habrá de colaborar en lo absoluto con el mencionado proceso por considerar, sin mención de argumentos legales, que el JP es anticonstitucional.
Con el paso de las horas, semejante problema político tiende a menoscabar la legitimidad del accionar del mandatario involucrado, que recibe un persistente y enérgico castigo de los principales medios de comunicación del país en virtud de sus numerosas y cotidianas afirmaciones sin sustento real.
En estos días, el Presidente reacciona con especial violencia a las preguntas del periodismo, lo que se puso de manifiesto durante la reciente conferencia de prensa conjunta realizada en los jardines de la Casa Blanca como parte de la visita del Presidente de Finlandia. En adición a ello, redobló la emisión de tuits donde califica a esas investigaciones como una verdadera “caza de brujas”, alegando que los líderes del Partido Demócrata estaban tratando de dar vuelta los resultados de la elección que perdieran en 2016. Y no satisfecho con ello, también pidió que se investigue al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja por su conocimiento adelantado de la denuncia del informante aparte de exigir obsesivamente conocer su identidad, ya que calificó sus acciones como las de un espía (a pesar de que el anonimato del funcionario está legalmente protegido).
Trascartón, Trump sugirió que China, país con el que Estados Unidos sostiene una muy compleja y difícil relación, debería incorporarse a la lista de gobiernos que ayuden en las investigaciones acerca de los Biden y sostuvo que su destitución tendría los efectos de una guerra civil que fracturaría a la Nación. Aparte de Ucrania y China, Trump pidió similar asistencia al Primer Ministro de Australia. Con esa táctica intentó negar que existió un “quid pro quo” con Ucrania, suponiendo que ello le permitiría desviar la atención y ganar tiempo. Aunque en el pasado esa conducta le dio buenos resultados, a esta altura es aventurado pronosticar qué sucederá esta vez.
La Constitución estadounidense establece los principios para destituir a un Presidente antes de concluir su mandato. Su texto indica que la primera etapa del proceso recae sobre la Cámara de Representantes (donde los demócratas tienen 235 miembros desde la elección de 2018 y los republicanos, 197). En principio la investigación le compete al Comité de Asuntos Judiciales, sin embargo, ya comenzaron a actuar los seis comités que investigan diversos cargos contra Trump y, especialmente, el de Inteligencia. Los elementos que surjan de las respuestas a sus pedidos de informes y testimonios deben ser considerados por el órgano que coordina esa tarea.
Si, como resultado de la investigación, la mayoría de sus miembros considera reunidos los cargos para proceder a la destitución, el asunto debe pasar al plenario de la cámara a fin de que ésta decida por la mayoría de sus miembros presentes y votantes. Aunque los demócratas hoy parecen tener los votos necesarios para lograr ese resultado, el proceso es políticamente complejo y, como se destacó, Trump y sus allegados no lo van a facilitar. La negativa de la Casa Blanca y del vicepresidente Mike Pence a suministrar voluntariamente toda la información que les fue requerida, basándose en los privilegios del Poder Ejecutivo, situación que podría resolverse judicialmente, no será fácil de remontar.
La segunda etapa consiste en el juzgamiento del presidente por parte del Senado. En esa instancia se presentan las pruebas y son recibidos los testimonios necesarios para llegar a un veredicto, donde la decisión condenatoria debe ser aprobada por dos tercios de los miembros presentes en los casos en que se establezca que existió traición, soborno o algún otro delito, lo que es un concepto importado del derecho común británico y se vincula con la figura de abuso del poder. Ese procedimiento del órgano legislativo no es apelable y se debe a que los redactores de la Constitución buscaron evitar que una potencia extranjera favoreciera los intereses personales de un Presidente dejando a un lado el concepto de bienestar común.
En el pasado fueron objeto de JP los presidentes Andrew Johnson, sucesor de Abraham Lincoln, en 1868. La acusación no fue aprobada por el Senado y pudo concluir su mandato. En 1974 se presentó el caso de Richard Nixon, quien optó por renunciar a consecuencia del JP desarrollado tras el caso Watergate (anticipándose a una decisión en su perjuicio de la Cámara Baja y a perder el apoyo de su partido). Finalmente, en 1998 le tocó a Bill Clinton, cuando la propuesta de la Cámara de Representantes (con mayoría republicana) no fue aprobada por el Senado, a pesar de que había mentido a un Gran Jurado y obstruido a la Justicia pues ese cuerpo legislativo consideró que no había elementos suficientes para condenarlo. Además, Clinton fue un mandatario muy popular y, tras capear la denuncia, esa batalla terminó favoreciéndolo políticamente.
Los desarrollos vinculados con el proceso de JP a Trump habían empezado antes de su conversación del 25 de julio, cuando Rudolph W. Giuliani (su abogado personal y un personaje central de estas maniobras) se reunió en Nueva York con el entonces Fiscal General de Ucrania, Yuriy Lutsenko y le solicitó que investigara a los Biden, afirmando que sería una acción que beneficiaría a ambos gobiernos. Desde 2016, Trump y sus asociados consideraron a ese país como una pieza fundamental de una conspiración contra el Presidente supuestamente urdida por los demócratas. Esas acciones tuvieron un cambio de escenario cuando devino presidente de Ucrania Pedro O. Poroshenko, quien no logró ser reelegido y le abrió las puertas de la política a una figura opositora proveniente del espectáculo y la televisión.
De todas maneras, si la viabilidad del JP fuese aprobada por la Cámara de Representantes, es preciso recordar que el Senado está actualmente controlado por 53 senadores republicanos mientras los demócratas tienen 45, es decir, 20 legisladores oficialistas deberían abandonar su apoyo a Trump para que éste resulte destituido. Hasta ahora, sólo dos senadores de ese partido demostraron una posición crítica, mientras el resto de sus colegas guarda silencio. El mismo escenario se vio en el caso de Nixon, cuando su situación dejó de ser políticamente defendible.
Por otro lado, las encuestas demuestran que la opinión pública aún mantiene inalterada sus preferencias, un estado de ánimo que puede cambiar a medida que avance la investigación parlamentaria. El precedente de la investigación realizada por el Fiscal Especial, Robert Mueller, sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, no dio los resultados esperados por los demócratas, hecho que podría reiterar el escenario del caso de Clinton, quien salió fortalecido del cuestionamiento y eso acreciente, en lugar de reducir, las perspectivas de que Trump sea reelecto en 2020.
