El debate presidencial no debería incluir los temas sociales

23 de octubre, 2019

Debate presidencial

Por Jorge Colina

 

Los organizadores de los dos debates presidenciales que se llevaron a cabo en las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires demostraron no tener idea de como funciona el federalismo. En la agenda de temas a tratar para los candidatos presidenciales pusieron: relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad de género, producción e infraestructura, empleo, calidad institucional y rol del Estado. Hasta aquí, el listado es pertinente. Estos son temas que en un país federal debe resolver el presidente de la Nación.

 

Pero luego le sumaron seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda, que son todos temas que, en un país federal, les corresponde a los gobernadores e intendentes. La desorientación alcanzó su cumbre cuando colocaron como tema de debate el “federalismo”.

 

Primero, en un país federal, que los candidatos a presidente tengan que discutir el “federalismo” es exactamente análogo a que en un país democrático los candidatos a presidente tengan que discutir la “democracia” o que en un país republicano tengan que discutir la “república”. Si los candidatos a presidente deben tratar estos temas, es porque la degradación institucional ha alcanzado un nivel supino.

 

Seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda le corresponden a los gobernadores en un país federal.

 

Pero dejando a un lado estas consideraciones teóricas, también sirve ir a lo práctico. Cuando se mira cuanto gasta en total Argentina en seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda aparece que –según el Ministerio de Hacienda– equivale al 15% del PIB. De este porcentaje, las provincias ejecutan el 10% y las municipalidades el 2%. Por lo tanto, el gobierno nacional ejecuta sólo el 3% del PIB, o sea, apenas el 20% de lo que se asigna a estas funciones sociales.

 

Estos números son contundentes en torno a que estos temas no deben incluirse en el debate presidencial. Pero fueron incluidos y, desalentadoramente, sucedió lo peor. Todos los candidatos se pusieron a improvisar promesas y acusaciones cruzadas en torno a aumentos o rebajas de presupuestos de educación, de salud, de vivienda, urbanismo, cuando el grueso del presupuesto de estas finalidades sale de las provincias y municipios. Lo correcto por parte de los candidatos a presidente hubiera sido excusarse de responder señalando que se trata de responsabilidades de gobernadores e intendentes.

 

Lamentablemente, la ignorancia en la distribución de funciones de cada jurisdicción en una organización federal trasciende al debate electoral. La superposición de acciones entre los tres niveles de gobierno es una de las principales fuentes de derroche de fondos públicos e incentivos perversos. Las “ayudas” que da la Nación en estas áreas sociales imponen malos incentivos entre gobernadores e intendentes porque generan la señal de que mientras peor se administre a nivel local, mayores son las chances de recibir “auxilio” financiero de la Nación. Estos dispendios explican, además, buena parte del déficit fiscal que genera la inestabilidad macroeconómica.

 

Hacia el futuro, sería muy positivo centrar los debates presidenciales en los temas que son incumbencia de la Nación. Los candidatos a presidente deberían debatir sobre relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad de género, producción e infraestructura, empleo, calidad institucional y rol del Estado.

 

Para debatir propuestas sobre seguridad, educación, salud, desarrollo social, ambiente y vivienda habría que bregar para que en cada provincia y municipio haya debates públicos y obligatorios entre candidatos a gobernador e intendente.

 

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