Por Héctor Rubini Economista
Los disturbios en Ecuador parecían reflejar algo esperable y si se quiere previsible: la reacción negativa ante decisiones de ajustes drásticos que no son soportables por gran parte de la población o que son la gota que colma el vaso para años de paciencia frente a políticas que reducen el ingreso disponible, sin crecimiento sostenido.
La falta de posibilidades de progreso no sólo se explica por falta de crecimiento y en fallas en sus determinantes básicos (acumulación de factores de producción y aumentos de productividad) sino que también es la percepción inevitable de gran parte de la población en países con distribución de la renta y la riqueza en extremo desigual, y por la falta de oportunidades. Algo inevitablemente asociado en gran parte al marco institucional: es el régimen de políticas públicas, el sistema de regulaciones, los formatos organizacionales regulados y no reglados, y las pautas operativas y culturales de ese régimen. La definición clara de lo derechos de propiedad y su garantía es tan relevante como la existencia de leyes percibidas como justas, y de un Poder Judicial eficiente, creíble, percibido como ecuánime e imparcial.
Pero también eso está asociado a la forma en que las reglas formales e informales son aceptadas e influyen en empresas, familias y gobiernos para estructurar y canalizar incentivos y motivaciones, y hacer operativos mecanismos de coordinación para tomar decisiones. Esto es central para crecer, para el funcionamiento de los mecanismos de mercado y para la aplicación de políticas públicas relacionadas con la estabilidad macroeconómica, la sustentabilidad de la economía real y de sus recursos, la distribución de la renta y de la riqueza, y la mejora o no de la calidad de vida. Los resultados son básicos para el que gobierne: determinará en qué medida la población aceptará formas cooperativas o conflictivas para resolver problemas concretos.
La opción del conflicto abierto resulta de la pérdida de diálogo y, más aún, cuando se acumulan años de faltas de respuestas de las autoridades. Algo más que obvio en regímenes dictatoriales y autoritarios, pero cada vez más frecuente en sistemas democráticos. Cuando se deteriora la calidad de vida y ciertos indicadores de desarrollo económico y humano, la acumulación de presiones contenidas no debe ignorarse. Responder con el usual sermón de que “este es el único camino” es lo menos indicado: una pequeña decisión de política económica puede desatar luego un vendaval incontrolable.
Si los dirigentes chilenos no dan una respuesta concreta, y enfocada en los problemas de fondo que han motivado este estallido, la situación va a empeorar y Chile ingresará en una fase de violencia, inestabilidad macroeconómica, salida de capitales y habitantes y, potencialmente, el riesgo de incubar un régimen autoritario.
Lo que está ocurriendo en Chile no surge de un pésimo funcionamiento de los mercados. Tampoco por falta de seguridad y estabilidad jurídica. Es la falta de respuesta a demandas de gran parte de los reclamos de sectores crónicamente postergados por las políticas públicas de presidentes de distintos partidos. Es probable que la disconformidad de gran parte de la población haya llegado a un límite insoportable varios meses atrás. Una pequeña suba del pasaje en el Metro de Santiago no puede generar inestabilidad social desde Arica hasta las regiones limítrofes con nuestra patagonia. En cierta forma, el “caso Chile” es más comparable con la revuelta callejera en Beirut, Líbano: desde hace varios días el Gobierno libanés se encontró con el pueblo en las calles, y el disparador aparente fue la ocurrencia de un impuesto a las llamadas por WhatsApp, y el Gobierno debió en pocos días dar marcha atrás.
Dos son las palabras más usuales en las protestas de Chile: injusticia y desigualdad. Académicos de diversos enfoques vienen señalando no pocas deficiencias del sistema económico que la izquierda y la derecha chilenas han sostenido desde la dictadura militar: un sistema de salud caro y que no llega a toda la población; un sistema educativo que no parece ser garantía de movilidad social, sino de desigualdad a futuro; un Estado sobredimensionado con funcionarios caros y con discutible eficiencia; desigualdad regional, con menor acceso a la modernidad de la región central cuanto más alejada sea de la misma, y la lista sigue. Ya en la presidencia de Michelle Bachelet se registraron fuertes protestas de estudiantes universitarios y no universitarios. El “establishment” chileno tuvo señales anticipadas del descontento. Gobernaba la centroizquierda, y no Augusto Pinochet. La actitud fue mirar para otro lado y echarle la culpa al “neoliberalismo”. Típico síntoma de desorientación y no poca soberbia que hoy se paga muy caro.
Sebastián Piñera ahora comenzó por revisar algunas decisiones recientes de política. Intentará calmar las aguas con el menor costo posible. Pero su Gobierno y el de su sucesor deberán atacar los problemas de fondo detrás de las convulsiones de estos días. Mal que le pese a muchos, el pueblo chileno, al igual que el de la totalidad de los países de la región, quiere vivir en paz, y no quiere violencia ni saqueos. Pero quiere que el fruto de su trabajo y percibir los accesos a los servicios y promesas del Estado “benefactor” después de pagar impuestos y gravosas contribuciones compulsivas. Por lo pronto, buena parte de los reclamos tienen que ver con una reforma profunda del sistema de salud, una fuerte reducción del gasto público (en general se apunta al jolgorio de gastos del Parlamento), la eliminación del pago de contribuciones para la tercera edad, una política laboral y educativa que contemple a no menos de 300.000 jóvenes excluidos, condenados a la economía informal y a la delincuencia.
Las revueltas de estos días terminarán en algo positivo si reacciona efectivamente la clase política y sólo si los dirigentes políticos en el Gobierno y en la oposición, logra diseñar rápidamente alguna forma de acuerdo social en serio. Un acuerdo sobre reformas estructurales en serio y no mero palabrerío. Si los dirigentes chilenos no dan una respuesta concreta, y enfocada en los problemas de fondo que han motivado este estallido, el escenario va a empeorar. En ese caso, Chile ingresará en una fase de violencia, inestabilidad macroeconómica, salida de capitales y habitantes, el riesgo de incubar un régimen autoritario. Un escenario particularmente celebrado por el Gobierno dictatorial de Venezuela, y en particular por el video difundido el lunes por Nicolás Maduro desde Moscú, que generan no pocas suspicacias sobre el real origen de estas protestas.
