Bajo la tutela del FMI, Ecuador está al borde del caos

7 de octubre, 2019

bandera- ecuador

Por Héctor Rubini Economista

 

El entusiasmo que despertó en los inversores la obtención de un crédito del FMI y otros organismos a Ecuador quedó en el olvido. El 28 de febrero pasado observábamos que el Gobierno ecuatoriano “deberá aplicar ajustes de gasto público probablemente impopulares, y apostar a que no se registre ningún ‘cisne negro’ con el precio del petróleo”. Siete meses después, Ecuador se encuentra al borde de una guerra civil luego a que el Ejecutivo anunciara a la Asamblea Nacional varios proyectos de ley para aplicar reformas y ajustes que destrabarán el tercer desembolso (U$S 250 millones) del préstamo del FMI por U$S 4.200 millones por tres años.

 

  • Eliminación de subsidios y liberación al precio de los combustibles.
  • Bono mensual de U$S 15 para 300.000 familias de bajos ingresos.
  • Eliminación o reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas agrícolas e industriales.
  • Eliminación de aranceles a la importación de celulares, computadoras y tablets. Unos U$S 1.000 millones para créditos hipotecarios desde noviembre, a una tasa del 4,99% anual.
  • Renovación de contratos de trabajo ocasional con una baja de 20% de los salarios.

 

En materia de reformas estructurales anunció las siguientes.

 

  • Un nuevo impuesto (“contribución”) por tres años a empresas con ingresos anuales superiores a U$S 10 millones.
  • Impuesto a la renta única para el banano.
  • Devolución automática de tributos al comercio exterior.
  • Eliminación del anticipo del impuesto a la renta.
  • Reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas (ISD) por la importación de ciertas materias primas, insumos para bienes de capital.
  • Reducción del impuesto a los vehículos de menos de U$S 32.000 para uso productivo.
  • Reducción de las vacaciones para empleados públicos de 30 a 15 días al año, excepto personal de fuerzas de seguridad y de servicios sociales.
  • Impuesto (“aporte”) mensual sobre trabajadores de las empresas públicas equivalente al salario de un día de trabajo.
  • Un nuevo régimen laboral (no definido) para nuevas formas de contratación laboral.
  • Nuevas modalidades de contratos laborales para los que inician un emprendimiento y de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad y enfermedades catastróficas.
  • Facilidades (no especificadas) para teletrabajo.
  • Aumento de la contribución patronal de los trabajadores en 2% por cada nuevo trabajador a ser ahorrado en el sistema previsional estatal no en fondos privados. Además, el 1° de octubre el gobierno ecuatoriano anunció que en 2020 se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ya que los recortes a la producción que dicho cártel impuso el año pasado tuvieron impacto negativo en los ingresos fiscales de Ecuador.

 

De todo este paquete, la primera decisión concreta fue el decreto 833 que eliminó los subsidios a los combustibles desde el jueves 3 de octubre. Esto resulta en un aumento promedio de las naftas del 72% y en el caso del gas-oil, de nada menos que 123%. La medida desató la furia tanto de las tres centrales de comunidades indígenas y de los opositores al gobierno, incluyendo sus exaliados que siguen fieles a Rafael Correa, el expresidente enemistado con el actual mandatario, Lenin Moreno.

 

La actual administración está dispuesta a soportar los costos de estas decisiones impopulares. Su foco es la corrección del populismo de su antecesor, Rafael Correa, que dejó las cuentas en rojo, con un sector público sobredimensionado tanto en la administración central como en las 21 empresas públicas que tarde o temprano deberán ser privatizadas o achicadas.

 

En 2016 el déficit fiscal fue de 8,2% del PIB. En 2017 se redujo a 4,5% y en 2018, a 1,2% del PIB. El FMI y el Gobierno esperan cerrar el 2019 un déficit de 0,3% y saltar hacia un superávit de 3,2% del PIB en 2020. En cuanto a la cuenta corriente de la balanza pagos, el superávit de 1,3% del PIB en 2016 giró a un déficit de 0,5% en 2017 y luego a otro déficit de 0,7% en 2018. Para 2019, el FMI ha proyectado un superávit de cuenta corriente de 0,5% del PIB y 1,4% para 2020. Proyecciones algo difíciles de alcanzar si se tiene en cuenta que el propio organismo ha proyectado en marzo pasado que, luego de crecer 2,4% en 2017 y 1,1% en 2018, el PIB ecuatoriano cerrará 2019 con una caída de 0,5% y en 2020 crecería apenas 0,2%.

 

Las medidas aplicadas ciertamente tendrán un impacto negativo sobre el consumo y la actividad, pero también sobre la recaudación tributaria. No es claro que el aparente ahorro en subsidios a los combustibles más que compense la eventual baja de recaudación que acompañará a la caída de la actividad resultante de esta medida. Tampoco que efectivamente progrese el avance en la Asamblea Nacional de las reformas anunciadas. Y esto es un factor de riesgo adicional a la viabilidad de los futuros desembolsos del FMI.

 

En el informe de marzo, el FMI anticipó que los riesgos del programa de ajuste de Moreno están atados a la aceptabilidad de las políticas de reforma, a la eventual baja del precio del petróleo y la potencial profundización de la apreciación del dólar en el próximo año. Los dos últimos factores de riesgo están siempre latentes, mientras que el primero depende de la habilidad del gobierno para explicarla a la población. Algo en lo que falló el Gobierno, como lo ha mostrado el fuerte levantamiento popular junto a la huelga de transportistas. La gravedad de los incidentes en Quito y otras ciudades obligaron a Moreno a “refugiarse” en Guayaquil para dirigir desde allí la represión a los piquetes, cortes de ruta y manifestaciones. Un evidente signo de debilidad, más bien que de fortaleza.

 

Moreno ha advertido que no hay marcha atrás con los ajustes anunciados. En sus palabras “se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”. Habrá que ver si es cierto. En las áreas urbanas el 16,8% de la población está bajo la línea de pobreza (ingreso per cápita inferior a U$S 85,03 mensuales) y el 5,6% en la condición de pobreza extrema (ingreso per cápita inferior a U$S 47,92 mensuales). En la población rural, el 43,8% de ella es pobre, y el 17,9% se encuentra bajo condiciones de pobreza extrema. Resultado de décadas de políticas erráticas y una lamentable historia de corruptelas de todo tipo. La experiencia populista de Correa no revirtió el paisaje de relativa pobreza y falta de desarrollo. Lo que se observa en el actual mandato de Moreno tampoco. Ahora habrá que ver si podrá evitar levantamientos más duros que terminen forzando su renuncia, la caída del acuerdo con el FMI y una crisis económica y política sumamente costosa para todos los ecuatorianos.

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