La firma estadounidense Southern Energy Corp envió una carta al procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, en la que le informa que solicitará la intervención del Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi) por lo que considera “reiterados incumplimientos tarifarios adoptados por el Estado Argentino (y particularmente de la provincia de Río Negro)”. La compañía alega que le han impedido aumentar las tarifas en el caso de su contralada Edersa, generándole un perjuicio.
Según se afirma en la carta, estos supuestos incumplimientos tarifarios “generaron un daño a la empresa de US$ 200 millones”, según informaron fuentes vinculadas al caso.
Se trata así del segundo reclamo que recibe el actual Gobierno ante el Ciadi, luego de que la empresa española Orazul International España Holdings presentara una demanda basada en la protección que entrega el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Argentina-España a las empresas nacionales, respecto de las conductas de alguno de los países.
El motivo de la carta enviada a Saravia Frías es descripto como “Denuncia de incumplimiento del Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscripto en Washington, D.C. el 14 de noviembre de 1991, y aprobado por la Ley 24.124”.
Southern Energy Corp es controlante de la Empresa de Energía Río Negro (Edersa), que está encargada de la distribución de electricidad en la provincia, exceptuando San Carlos de Bariloche y el departamento de Pichi Mahuida.
La compañía estadounidense basa su reclamo en una auditoría pedida por la Secretaría de Energía a la empresa Tecnolatina Ingeniería para realizar un estudio de revisión del cálculo del valor agregado de distribución (VAD), que es con lo que Edersa debe enfrentar los costos de salarios, materiales, comercialización e inversiones, entre otros.
Las conclusiones del informe señalaron que los ingresos autorizados por el Gobierno provincial y percibidos por la distribuidora Edersa son muy inferiores a los que deberían ser, y que no alcanzan a cubrir los costos, según informaron las fuentes del caso.
“Dicho estudio jurídico contrató auditores técnicos los cuales determinaron en base a la auditoria de la Secretaría de Energía, que el daño para nuestra empresa asciende a la fecha a los US$ 200 millones”, señala la carta.
