Por Sandra Choroszczucha
La “grieta”, esa descarnada hostilidad entre dos partes enfrentadas, puede vislumbrarse en todas latitudes y en el gigante de América del Sur en los últimos tiempos también hizo de las suyas.
En ese estado de situación, pareciera casi un axioma afirmar que cuando se pretende castigar a un gobierno que gobernó corrupta y/o ineficientemente, elegir el opuesto a lo que tanto nos decepcionó suele transformarse en la regla.
¿Sólo de este modo podríamos entender que un ex capitán del Ejército, 28 años legislador, sospechado de numerosos actos de corrupción; un defensor acérrimo de las dictaduras militares; un personaje que sin pudor alguno manifiesta constantes comentarios racistas, homofóbicos, misóginos y a favor de la tortura y el asesinato, llegue a partir del 1° de enero de 2019 a ser el presidente de todos los brasileños? Seguramente.
Desde la vuelta a la democracia, en la región latinoamericana en general, existieron varios puntos de inflexión respecto a estilos y gestiones de gobierno, y orientaciones ideológicas que promovieron dichos estilos y gestiones.
Excepto en Chile, que se retrasó unos años más, durante los años '80 en América Latina transitábamos las maravillosas democracias, y los nuevos gobiernos recientemente elegidos enfocaron su interés en dos temas cruciales: los Derechos Humanos y la consolidación de la democracia mientras, en un plano económico, la fórmula proclamaba la implementación de planes de corte heterodoxo, con un Estado presente.
Sin embargo, la irresuelta crisis de la deuda, junto a crecientes déficits fiscales e incontrolables inflaciones, llevó a que a partir de los '90 se eligieran en la región gobiernos de signos políticos opuestos, con ideas, propuestas y planes bien diferentes.
De ese modo, afloraban los años neoliberales, donde los diferentes gobiernos diseñaron e implementaron un plan integral, que dio un giro brutal hacia la prometedora ortodoxia. Contrariando la etapa anterior, un plan de privatizaciones y de racionalización del Estado, y una notable desregulación de la economía, empezaban a conformar el corazón del nuevo sistema. Así, eran tiempos donde el mercado dominaba y el Estado reposaba.
Bajo este nuevo esquema anti-Estado, se logró equilibrar la crisis macroeconómica. La estabilidad de la economía parecía arribar para articularse felizmente con la conquistada consolidación de la democracia.
Pero si la solución había llegado, ¿por qué se avecinaba un nuevo cambio, un nuevo giro a partir del cambio de milenio?
Las medidas de ajuste estructural lograron estabilizar las economías, pero bajo un costo altísimo de soportar: un progresivo crecimiento del desempleo, traducido posteriormente en un aumento de la exclusión y la pobreza. Junto a este escenario desalentador, en algunos países de la región, empezaban a vislumbrarse notables prácticas de obscena corrupción.
A partir de ese estado de situación, se presionó hacia un nuevo cambio de rumbo, que daría comienzo a una nueva era: la de “las nuevas izquierdas” de América Latina.
Volvía la heterodoxia, en contra de la ortodoxia maligna, que nos llevó a un mundo de flexibilizaciones laborales y un monstruoso desempleo.
Así, las “nuevas izquierdas” de América Latina instrumentaron planes para mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados, a partir de proyectos de inclusión social y de enorme asistencialismo, aprovechando el ingreso gigantesco de divisas bajo condiciones de intercambio inmejorables.
Sin embargo, estas “nuevas izquierdas” que arribaban, demostraron que el Estado benefactor podía conciliarse muy bien con el Estado depredador. La corrupción, una vez más, se hacía notar vilmente.
En Brasil, “la nueva izquierda” encargada de promover bienestar social y asistencia para los sectores más necesitados fue presidida por el Presidente Luiz Inácio Lula de Silva, quien llegó a ocupar el cargo presidencial a partir del 1° de enero de 2003 por el Partido de los Trabajadores (PT).
Si bien Lula, luego de 3 fracasos para llegar a la Presidencia de la Nación, moderó su discurso antineoliberal, llegando hasta el extremo de negociar con el FMI la difusión de su “Carta al pueblo brasileño” (documento que lo comprometía a proseguir con determinada ortodoxia), varias fueron sus muestras a la hora de impulsar grandes mejoras respecto la cuestión social de Brasil.
El programa Hambre Cero, sin duda, ha sido su más noble y mayor conquista. Dicho programa tenía como objetivo principal erradicar la pobreza y el hambre en todo el territorio de Brasil. Se calcula que más de 10 millones de brasileños han logrado salir de la línea de la pobreza durante estos años benefactores.
Luego de sus dos mandatos, el 1° de enero de 2011, volvió a asumir el PT, llevando a la Presidencia de Brasil a Dilma Vana Rousseff. El plan de Gobierno de la nueva Presidenta profesó que mantendría los lineamientos básicos de su antecesor.
No obstante, empezaron a aparecer las primeras denuncias de alta corrupción que el PT se supo conseguir. A partir de ese escenario, comenzó una historia sin fin hacia mayores denuncias, indagatorias, procesamientos y condenas de funcionarios ligados directa o indirectamente al PT.
Tras los interminables escándalos por corrupción, el 31 de agosto de 2016, la presidenta de los brasileños fue destituida de su cargo. A partir de ese momento, el vicepresidente Michel Temer pasó a ocupar la Presidencia. Sin embargo, la feliz estadía del nuevo presidente interino tuvo corta duración, ya que en mayo de 2017 se lo acusaba de haber participado de una organización delictiva cobrando sobornos.
Se incrementaban las manifestaciones y protestas en las calles mientras gran parte de la sociedad comenzaba a reclamar que se llame a elecciones directas para elegir a un nuevo líder.
Varios fueron los escándalos en torno a un esquema de sobornos permanentes a legisladores del Congreso brasileño pero, sin duda, la madre de todas las operaciones delictivas fue la denominada Operación Lava Jato (lavado de autos), en referencia a una importante cantidad de lavaderos de autos donde se realizaban actividades ilícitas de lavado de dinero.
Luego de una interminable serie de detenciones por actos ilícitos, sin duda la de mayor impacto, fue la condena al expresidente Lula de Silva, por un período de 9 años y 6 meses de prisión. Su condena se fundamentó centralmente en la participación del ex presidente en el operativo Lava Jato, esa monumental trama de corrupción que implicó a la petrolera brasileña Petrobras.
Frente a tal estado de situación, ¿se aproximaba un nuevo giro económico-político e ideológico en el país brasileño? Sí.
Frente al descontento generalizado por una crisis económica que seguía creciendo y los escándalos interminables de corrupción, Jair Bolsonaro obtuvo un apoyo más que significativo. Así, Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales y asumió el 1° de enero de 2019 por el Partido Social Laboral. Su nostalgia hacia la dictadura militar nunca fue ocultada y en su fórmula presidencial lo acompañó un General, Hamilton Mourao, y varios de sus ministerios fueron ocupados por Generales del Ejército.
Bolsonaro, junto a su equipo ultra conservador, sin embargo, presentó una propuesta extremadamente neoliberal en el plano económico.
Así, ordenó un importante plan de privatizaciones de empresas públicas, descentralización y desregulación de la economía y un gigantesco ajuste fiscal. Al mismo tiempo determinó una importante reducción de las dimensiones estatales, eliminado siete ministerios, entre éstos el de Trabajo. Por otra parte, sus declaraciones sobre la necesidad de disminuir la inversión en políticas sociales se hacían escuchar.
Respecto a su espantosa postura ideológica, el nuevo Presidente de los brasileños se presentó, sin pudor alguno, como un absoluto discriminador contra las mujeres, los negros y la comunidad LGBT, entre otros.
Frases como "los negros no sirven ni como reproductores", "no merecía ser violada porque es fea” o que “como padre sería incapaz de amar a un hijo homosexual” puede ilustrarnos la figura monstruosa del que hoy ocupa el mayor cargo gubernamental en la República Federativa de Brasil.
Si respetamos como debe ser, “la norma de no intervención”, aquellos que repudiamos los dichos y actos de un presidente xenófobo, racista y misógino, nada podemos exigir. El no intervencionismo consiste en una doctrina en política exterior, que explica sobre la obligación de los Estados de abstenerse a intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro Estado.
Sin embargo, aquello que sí podemos hacer es aprovechar la preciosa libertad de opinión y expresión para promover una importante reflexión sobre el peligro que acarrea que un presidente ejerza sus funciones en un Estado de Derecho, pretendiendo amalgamar las virtudes de la democracia con la perversidad fascista.
Con personajes de ese calibre, los nuevos giros político-económicos pueden volver a ocurrir, sin duda, pero la democracia sustantiva recibe una daga al corazón, y la más esencial humanidad perece.
