Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Los vaivenes del tipo de cambio, las tarifas públicas y la inflación en los últimos cuatro años han más que confirmado que no se puede atacar el problema inflacionario sólo en sus causas últimas. Los mecanismos de propagación que le dan persistencia y volatilidad en el corto-mediano plazos a través de la indexación formal o informal de contratos tienen impacto efectivo, pero responden en gran medida a la búsqueda de precios absolutos y relativos de “equilibrio”. Un equilibrio entre comillas porque cada sector que desea cierta configuración de precios relativos tiene “su” equilibrio deseable, y aplicará todos los recursos y esfuerzos posibles para lograrlo.
Generalmente, el punto de partida es una historia o “herencia” de controles y fijaciones de precios por parte de regulaciones estatales, originados en acuerdos sociales, arreglos de compromiso previos, o decretos/leyes impuestos en situaciones de “necesidad y urgencia”, según lo evalúe el gobierno de turno. Las consecuencias son previsibles hasta para un estudiante de los primeros cursos de micro o macroeconomía: se determinan precios o ingresos que conducen a excesos de oferta o demanda. En el largo plazo, esos precios o ingresos fijados quedan relativamente desfasados o “atrasados” ante el avance de otros precios. La mecánica de su liberación es crucial porque tienen diversos impactos sobre costos y precios del resto de la economía. También su “timing”, y esto es fundamental para medidas preventivas respecto de su efecto sobre la inflación observada y esperada.
La experiencia reciente ha más que confirmado las lecciones aprendidas en los años '80 y '90. Una genuina política para derrotar la inflación debe tener en cuenta esos ajustes. En las experiencias del Plan Austral y de la convertibilidad un componente fundamental fue la desindexación de contratos, previo ajuste de tarifas y precios regulados para evitar disrupciones desestabilizantes y liquidación prematura de expectativas de baja de la inflación.
La postergación de esos ajustes torna inviable y nada creíble el anuncio de un programa para bajar la inflación. Máxime si persisten en el tiempo, están atados a idas y vueltas de rumbo incierto y si se le superpone una marcada falta de coordinación entre las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y de administración de precios regulados.
Los vaivenes del tipo de cambio, las tarifas públicas y la inflación en los últimos cuatro años han más que confirmado que no se puede atacar el problema inflacionario sólo en sus causas últimas.
Tales fueron las características de la fallida experiencia de metas de inflación en nuestro país de diciembre de 2015 a septiembre de 2018. Con metas iniciales surgidas en base a estimaciones propias de las nuevas autoridades, y a desde 2017 con un esquema formal de “inflation targeting” se trató de mantener la inflación bajo control. Sin embargo, desde el inicio se desdeñó el impacto inicial de las subas del tipo de cambio sobre el nivel de precios, y desde comienzos de 2016 se optó por ajustes tarifarios necesarios, pero incompatibles con cualquier promesa de estabilización creíble. Máxime, cuando desde el inicio de su gestión, el nuevo directorio del BCRA se mostró públicamente más enfocado en promover créditos hipotecarios indexados que en controlar efectivamente la inflación.
El incisivo paper de Guillermo Calvo de 2017 (“Fighting Chronic Inflation with Interest Rates. Cutting a Hydra's Heads with a Swiss Knife”) advirtió sobre los peligros de confiar sólo en las tasas de interés como instrumento de estabilización, a veces alentados por el FMI. Esto podría evitar escenarios de inestabilidad si las autoridades logran que el público se convenza de que es una estrategia que conduce, y de manera creíble, a un sendero de baja inflación.
La realidad pareció confirmar los temores de Calvo: estamos en presencia de inercia inflacionaria en los contratos privados y en la indexación de precios regulados, sin un ancla cambiaria u otra que complemente a las tasas de interés. Caso contrario, como bien lo advirtió en dicho trabajo, “el Banco Central puede estabilizar el tipo de cambio, pero disparar una fuga de capitales si el público interpreta la pérdida de reservas internacionales como una crisis de balanza de pagos”. Un peligro que finalmente se verificó en los tres estallidos cambiarios de los últimos quince meses.
Ciertamente, lejos están de terminar los debates sobre ya casi cuatro años de políticas bienintencionadas en su concepción, pero cuyo precio lo está pagando la población y, en la arena política, el oficialismo. Pero la próxima administración enfrenta un sendero con pocos márgenes para esquivar la imperiosa necesidad de estabilizar precios y expectativas de manera permanente, y no transitoria. Esto exigirá señales precisas y creíbles para desalentar expectativas de futuros saltos del tipo de cambio y abandono de políticas por aumentos transitorios de la inflación.
Mal que le pese al próximo Gobierno, acelerar la reducción del déficit en medio de una recesión en curso es peligrosamente procíciclico, pero entregarse a un jolgorio fiscal como el del período 2012-2015 precipitará una huida de deuda pública y de dinero que puede conducir a una aceleración inflacionaria sumamente riesgosa. Un programa de estabilización creíble debe buscar algún punto intermedio, coherente con la estabilización de expectativas, y algún mecanismo de última instancia para poner coto a reclamos sectoriales interminables que resultan en aumentos insostenibles del endeudamiento público y la emisión monetaria.
Cualquiera sea el camino que se elija, es claro que también serán necesarios algunos componentes centrales que debería tener un plan de estabilización creíble: a) una estrategia inmediata o previos ajustes de precios regulados, para desindexar contratos y gastos de la administración central y de los gobiernos provinciales), b) la desaparición, súbita o gradual, de los pasivos remunerados del BCRA bajo la forma de letras u otra deuda análoga, c) una mecánica legal, y rápida para sustituir las letras ilíquidas por deuda del Tesoro en el activo del BCRA y su uso para operaciones de mercado abierto, d) negociar o establecer algún mecanismo para limitar el endeudamiento público en moneda extranjera, en particular de gobiernos provinciales y municipales, que no pueden contar, al menos en el corto plazo, con refinanciamientos “fáciles” de sus pasivos en dólares ni con inyecciones irrestrictas de fondos vía emisión de dinero.
No son decisiones simpáticas ni de costo cero. Pero tarde o temprano alguien deberá adoptarlas, caso contrario, la propia dinámica de la inflación y del tipo de cambio se llevará “puesto” a uno o más equipos económicos. Y en ese caso, el “volver a empezar” se tornará más dificultoso, y probablemente más conflictivo.
