Por Jorge Colina Idesa
En los países federales, hay una organización de las funciones que debe cumplir cada nivel de gobierno. En general, los gobiernos estaduales (que serían las provincias, para Argentina) y los municipios financian y gestionan los servicios sociales. Esto es: educación básica, salud pública, vivienda, urbanismo, la asistencia social, entre las más importantes. El Gobierno Federal debe hacerse cargo de lo interjurisdiccional (como las relaciones exteriores, la seguridad exterior, las rutas nacionales, el transporte fluvial y aerocomercial, la energía) y lo que los gobiernos estaduales le delegan expresamente (la seguridad social, las universidades nacionales, la Justicia Federal).
Para el caso de Argentina, esto significa que la educación básica, la salud pública, la política de vivienda y urbanismo, la asistencia social, son funciones provinciales y municipales. Para ello, tienen la coparticipación más sus propios impuestos. Sin embargo, el Gobierno Nacional ?cualquier sea su color político? históricamente se entromete en estas funciones locales, con la idea de “ayudar”. Lo hace con los programas nacionales.
Este tipo de intervención invasiva de la Nación sobre las provincias y municipios tiene, básicamente, tres problemas. El primero es que inducen a la desidia de las autoridades locales dado que, si la Nación promete enviar ayudas en estas áreas, los recursos locales se redirigen hacia otras finalidades. Lo segundo es que son ayudas de montos nimios para los gobiernos locales y discrecionales con lo cual suman burocracia más que soluciones a las carencias locales. En tercer lugar, que en la suma de todas estas intervenciones, a los recursos nacionales este gasto sí les hace mella, máxime en tiempos de extrema restricción fiscal como los que se está atravesando.
Así es como los programas nacionales terminan siendo un contrasentido. Inducen a los gobiernos provinciales y municipales a una peor gestión, no llegan a compensar las carencias locales y tienen un sensible costo fiscal para la Nación. Para observar con claridad este contrasentido nada mejor que remitirse al proyecto de Presupuesto Nacional 2020, recientemente presentado en el Congreso.
La recaudación de impuestos nacionales total para el 2020 se estima en 23% del PIB. De estos recursos, por la vía de la distribución automática le van a las provincias y municipios 7% del PIB. A esto, hay que sumarle los impuestos provinciales con otro 6% del PIB. Así, entonces, las provincias y municipios cuentan con 13% del PIB para hacerse cargo de sus funciones sociales.
¿A cuánto ascienden los programas nacionales en el Presupuesto 2020?
Serán el 0,7% del PIB. O sea, apenas 5% de los recursos tributarios con los que cuentan las provincias. Esto demuestra que es imposible pensar que estos programas “mitigan asimetrías regionales” o “ayudan a paliar carencias en el interior”. Sin embargo, para la Nación 0,7% del PIB significa el 70% del muy esforzado superávit primario que las autoridades económicas hacen figurar en el proyecto de Presupuesto 2020, que es de 1% del PIB.
Para terminar de ilustrar el despropósito, nada mejor que transcribir algunos ejemplos de acciones que se plantean en el Presupuesto 2020 con algunos de estos programas nacionales.
Plan de Infraestructura de Transporte Público Urbano: busca extender el sistema de Metrobús y afianzar la Red en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Plan Nacional de Agua: busca dar agua potable y cloacas en áreas urbanas; entre las obras se destacan avances en Córdoba capital, San Lorenzo, Santa Fe, en el Sistema Matanza Riachuelo y en el interior de Chaco y Salta.
Plan Nacional de Vivienda y Hábitat: construcción de viviendas eficientes, cofinanciadas con las provincias y municipios, y finalizar el stock de viviendas sociales en construcción.
Plan Nacional de Primera Infancia: remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPI) para elevar la calidad edilicia.
Como se ve, son todas acciones que le corresponden a las provincias y municipios. Pero lo peor es que son discrecionales ?beneficiando sólo a algunas comunidades? y totalmente dispersas ?con lo cual difícilmente sean una solución integral a los problemas del interior.
En la misma tónica van estos otros programas nacionales en el Presupuesto 2020: Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia; el Plan de Integración Social y Urbana; la extensión de la cobertura del sistema de salud; el trabajo sobre la desnutrición y la malnutrición infantil; el acceso a los medicamentos; y la profundización de la políticas educativas. No se puede negar que son temas loables, pero corresponden que los resuelvan las provincias y los municipios, que para ello disponen del 13% del PIB en impuestos.
La discusión del Presupuesto 2020 debe ser la oportunidad para entablar un diálogo franco y políticamente adulto entre la Nación y las provincias para eliminar definitivamente estas intervenciones. Los programas nacionales son totalmente inefectivos y, por tal, demostraron ser un verdadero derroche de recursos fiscales.
