La última instancia del prestamista

9 de agosto, 2019

FMI

Por Joaquín Waldman Economista de Ecolatina

 

Una vez agotado el salvataje del FMI, ¿cómo generaremos los recursos para hacer frente a la deuda? La crisis del 2018 nos dejó un salto cambiario de más de 100%. Al ritmo de la depreciación crecieron también las deudas, ya que por la conjunción entre un sistema financiero local pequeño, una historia de inestabilidad macroeconómica recurrente y decisiones erradas de política económica, la mayor parte de las obligaciones se encontraban denominadas en dólares. En este contexto el Gobierno acudió al FMI como ‘prestamista de última instancia’ frente a las dificultades para refinanciar los vencimientos, y este organismo ofreció los fondos necesarios para disipar el default, garantizando US$ 57.000 millones bajo el marco de un acuerdo Stand-By. Así, alivió transitoriamente el desbalance financiero del sector público, pero no solucionó el problema de solvencia del soberano.

 

El 80% de este préstamo ya fue recibido por el Tesoro y otro 10% se obtendrá antes de fin de año. Por eso, empiezan a surgir serias dudas sobre nuestra capacidad de repago en el mediano plazo. ¿Cómo se obtendrán los más de US$ 46.000 millones que Argentina deberá devolverle al FMI entre 2022 y 2023? La inquietud se agrava si consideramos que el Fondo difícilmente agrandará nuestro crédito disponible: Argentina ya representa más del 60% de su cartera, comprometiéndolo en su incertidumbre.

 

Una de las formas posibles de resolver este dilema sería extender los plazos de pago al FMI. Para esto, se podría acudir a su Servicio Ampliado (Extended Fund Facility oEFF), que brinda a países con graves problemas de balanza de pagos; es decir, aquellos que tienen salidas sistemáticas de divisas por motivos comerciales. En estos casos el financiamiento es por plazos de hasta diez años, permitiendo al deudor actuar sobre estos problemas.

 

Sin embargo, acceder a un EFF no es gratis. Como contrapartida, el Fondo exige aplicar reformas que, según diagnósticos frecuentemente erróneos, corregirían las mencionadas deficiencias estructurales. Así, los desembolsos quedan supeditados al cumplimiento de criterios cuantitativos y benchmarks estructurales o medidas de política (que van desde cambios regulatorios hasta grandes reformas laborales o previsionales, e incluso programas de inclusión educativa).

 

Esta forma de financiamiento fue la otorgada a Grecia y Portugal, países sumidos en profundas crisis que se agravaron por el ajuste fiscal ‘sugerido’ por el Fondo. En otros casos, como los de Serbia y Liberia, la firma de un EFF precedió a un despegue económico. La dinámica externa de los países que suscriben EFFs tampoco es homogénea: mientras que algunas de las economías en cuestión lograron superar su insuficiencia crónica de divisas por Cuenta Corriente (como Irlanda y Jamaica), la mayoría de ellas permaneció con déficit que incluso empeoraron. Por esta escasez de moneda extranjera, al menos seis países debieron refinanciar su EFF con un nuevo acuerdo. Para peor, los países que obtuvieron EFFs agravaron la situación de su mercado laboral, aumentando, en promedio, 3 p.p. la tasa de desempleo.

 

En conclusión, pasar del Stand-By al EFF ampliaría el horizonte temporal de repago de las obligaciones, pero no solucionaría inmediatamente el problema de la deuda. Tampoco garantizaría eximirnos de problemas en los frentes laboral y externo, ni resolver el estancamiento del nivel de actividad. La aplicación de políticas favorables al crecimiento de nuestro país y que ayuden a aumentar el ingreso de divisas debería negociarse con las autoridades técnicas del Fondo.

 

Gane quien gane, poder extender los plazos de pago de la deuda será imprescindible para evitar un default. Pero, aunque hacerlo mediante un EFF es viable, la pericia del próximo Gobierno para negociar con el FMI reformas adecuadas para el país será fundamental. En este sentido, no sobreexigir al fisco ahogando la actividad interna será muy importante para salir del laberinto estanflacionario actual.

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