Por Matías Carugati Economista
Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández se enfrentan a un conflicto de intereses. A corto plazo, ambos quieren mejorar su situación política, ya sea recortando la diferencia hasta forzar una primera vuelta (Macri) o estirarla para terminar la contienda electoral en octubre (Fernández). Esto los lleva, lógicamente, a confrontar entre sí. Sin embargo, la preocupación por el mediano plazo los lleva a cooperar. Macri va a ser el primer presidente no peronista desde Alvear en terminar su mandato y quiere dejar como herencia una economía lo más ordenada posible. Y Fernández sabe que asumirá el mando de un barco que hace agua, pero prefiere timonear una embarcación que no tenga el naufragio como destino inexorable.
Esta dinámica impacta de lleno sobre la situación económica. La cooperación mostrada días después de las PASO entre ambos contrincantes electorales redujo (un poco) la incertidumbre y colaboró en tranquilizar las variables financieras. La estabilidad probó ser efímera, ya que la confrontación resurgió rápidamente. No importa si primero movió Macri con la marcha del 24A o si fue Fernández quien “rompió la tregua” con las declaraciones (y rumores) pos reunión con la gente del FMI. Lo importante es que se resquebrajaron los puentes de diálogo que tanto había costado construir y ambos sectores entraron en una dinámica de “ojo por ojo”, tensionando nuevamente el sistema financiero.
En el golpe por golpe, el gobierno sale perdiendo. Todos los días, Macri y Alberto se enfrentan a la decisión de tensionar (o no) la situación política. El problema es que Macri sufre hoy los costos de la confrontación, porque la sociedad entiende que las dificultades económicas y financieras que ello acarrea son su responsabilidad. La situación de Alberto es inversa. Hoy se beneficia políticamente porque aumentan sus (ya elevadas) chances de ser elegido presidente. Y el costo recién lo pagará una vez que asuma, con una economía más deteriorada. Mientras confrontaban entre sí, el BCRA perdió reservas y aumentó la sensación de intranquilidad. La caída en el precio de los bonos y la dolarización de portafolios señalan la intención de reducir la exposición al riesgo de activos locales. Y el retiro de los depósitos en dólares de los bancos apunta a un creciente temor por el riesgo jurídico-institucional.
El margen de maniobra se achicó como para dejar opciones malas. Con el desembolso del FMI (US$ 5.400 millones) sin confirmar, el mercado de deuda cerrado incluso para vencimientos a corto plazo (Letes y Lecap) y renovadas presiones cambiarias, Hernán Lacunza entendió que las reservas podían escurrirse rápidamente. Simplificando, le quedaban dos “opciones nucleares”. Establecer algún tipo de control de capitales para cortar la dolarización y garantizar el pago de la deuda, o reducir el servicio de la deuda y disponer de la caja para contener las presiones cambiarias. Cepo o default, en pocas palabras. Eligió, la opción más fácil de digerir políticamente.
El Gobierno lanzó un gambito con las medidas más recientes. El pago en cuotas de las letras en manos de personas jurídicas despeja buena parte del programa financiero para lo que resta del año y “libera” recursos para atender la demanda de divisas. Si el FMI finalmente aprueba el desembolso de US$ 5.400 millones, mejor aún, ya que la reducción de la incertidumbre ayuda a estabilizar la situación cambiaria. Por otra parte, la intención de reperfilar voluntariamente la deuda de largo plazo es una señal políticamente correcta, ya que intenta ser vista como una “ayuda” para el próximo gobierno. El inicio de conversaciones con el FMI para transformar el crédito Stand By en un Extended Fund Facilities puede ser leído en el mismo sentido, ya que era una iniciativa de la oposición (Fernández y Lavagna). En pocas palabras, el Gobierno buscó facilitar la situación a corto plazo, al tiempo que hace propias las iniciativas de Fernández, el que, a la postre, posiblemente será quien tendrá que negociar el reperfilamiento. Apuesta arriesgada, porque el FMI aún no dio su apoyo pleno (no confirmó el desembolso), Alberto se llamó a silencio y los mercados reaccionaron de forma mixta. La pregunta queda en el aire. ¿Cuántas jugadas más puede hacer el Gobierno?
