Con los indicadores económicos en caída libre y la crisis cambiaria que amenaza agudizar aún más la espiral inflacionaria, la situación social gana centralidad como preocupación. En varios sentidos. Evitar que crezca la conflictividad social sobre el final del mandato gana terreno en el Gobierno. Evitar una mayor desarticulación social figura en el programa de los opositores.
Ayer, por caso, el presidente Mauricio Macri se reunió con la cúpula de la Iglesia y acordaron “fortalecer la asistencia alimentaria sin especulaciones políticas” con el objetivo de “contener a la gente que más lo necesita”. Mientras que el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, anunció que presentará esta semana un programa alimentario que consta de una serie de medidas para “atender la grave situación social de millones de argentinos” y volvió a instar al Gobierno a que declare la emergencia alimentaria.
Algo parecido señaló Daniel Arroyo, referente del Frente de Todos en temas sociales y posible ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, si éste es electo. “Hay que hacerlo ya. Es muy serio el problema de la alimentación. Hay una diferencia muy grande entre comer y no comer. Esto genera situaciones de violencia cotidiana. Hay mucha tensión, mucha gente reclamando”, señaló el actual diputado nacional. Entre las medidas que también impulsa el referente está la de implementar un sistema de crédito no bancario para desendeudar a las familias y la de focalizar políticas hacia al sector productivo que más demanda mano de obra de jóvenes y mujeres, además de volcar más dinero en los comedores comunitarios, aumentar los recursos en los comedores escolares.
“Todos estábamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer la asistencia alimentaria y trabajar en conjunto para contener a la gente que más lo necesita”, afirmó el secretario de Culto, Alfredo Abriani, al término de la reunión que el Jefe de Estado mantuvo en su despacho de la Casa Rosada con el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. “La comisión ejecutiva expreso al Presidente la necesidad de buscar soluciones a la grave crisis del momento actual, más allá del desarrollo del proceso electoral. En este tiempo es necesario que se pueda mirar más allá de la coyuntura, y que la campaña electoral no impida poner la mirada en las necesidades urgentes de muchos ciudadanos”, sostuvo el prelado.
Un informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA realizado para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y difundido esta semana demostró que entre el 2017 y el 2018, la inseguridad alimentaria “severa” (haber experimentado situaciones de hambre) y la ayuda alimentaria gratuita tuvieron un fuerte incremento a nivel país, situación que se profundiza en el Gran Buenos Aires. La inseguridad alimentaria total subió del 21,7% en 2017 al 29,3% el año pasado a nivel nacional, mientras que en el conurbano, escaló de 26,7% a 35,8%.
