Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Las noticias de las últimas semanas dejaron fuera del centro de atención al potencial agravamiento de la crisis de Venezuela. Las instancias de búsqueda de entendimientos entre Gobierno y oposición no mostraron ningún avance concreto. La movida de Juan Guaidó de fines de abril dio visibilidad al grave estado de cosas en dicho país, pero nada cambió. Además, la visita de la expresidente chilena Michelle Bachelet, actual Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tampoco tuvo gran impacto. Peor aún, en los últimos días han reaparecido testimonios en medios y redes sociales sobre nuevas víctimas del régimen.
El último caso de gravedad fue la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el sábado, luego de una semana de torturas en una cárcel.
La reacción externa ha sido mínima y en la reciente reunión del G20 en Osaka, Donald Trump afirmó que tiene cinco estrategias en mente para Venezuela, aunque no estaría ya tan interesado en involucrar a EE.UU. Pero el drama de Venezuela continúa, y sin final previsible.
La economía sigue en caída libre. Según la Asamblea Nacional, el PIB de Venezuela cayó 39,9% interanual en el primer trimestre, y desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, ya se redujo 64,4%. Aun así, la hiperinflación no se detiene. Según la Asamblea Nacional, en abril se acumuló una inflación de 1.300.000% en 12 meses. La estimación de mayo fue algo inferior: 815.915%, con una suba acumulada en los primeros 5 meses del año de poco más de 906%.
Bajo estas condiciones, el país sigue en un estado de desintegración económica, con escasez de bienes y servicios, y empeoramiento de todos los indicadores de desnutrición, mortalidad, morbilidad y mortalidad infantil y criminalidad. En una nota dirigida a la comisionada Bachelet con fecha 19 de junio de 2019, Cáritas de Venezuela incluyó un anexo con algunos indicadores de la escandalosa situación de Venezuela.
52 de cada 100 niños que llegan a Cáritas tienen algún déficit nutricional reciente.
10% de ellos requieren ayuda alimentaria inmediata.
24% de las mujeres embarazadas recibidas por Cáritas está cursando su embarazo en estado de desnutrición. Un tercio de ellas son menores de 18 años.
35% de niños y niñas que llegan a Cáritas lo hace con retardo irreparable en su crecimiento físico, y dicho retardo se observa hasta en bebés de menos de 1 mes de vida. Dos años atrás el 27% estaba ya bajo esas condiciones.
6 de cada 10 familias vive de la mendicidad y busca comida en la basura.
En el patrón alimentario habitual de una familia empobrecida ya han desaparecido la carne vacuna, el pescado, los huevos, la leche y los vegetales.
7 de cada 10 venezolanos depende absolutamente de comprar la caja de alimentos que vende el Estado.
Mientras tanto, la aplicación de las sanciones de EE.UU. seguirá sin cambios. Esto ha impedido volver a producir los 3 millones de barriles diarios de crudo. Si bien desde mayo ha habido cierto repunte, PDVSA produce menos de 1 millón diario de barriles, y en algunos días la producción a caído hasta 400.000 barriles. Otra dificultad de PDVSA ha sido la de hallar contrapartes para embarcar crudo. Los habituales compradores, como la subsidiaria CITGO, y otras de EE.UU., como Phillips 66 y Valero Energy Corp fueron sustituidas por refinadoras de China, India, la rusa Rosneft, el Gobierno de Cuba e intermediarios individuales que revenden a clientes asiáticos.
De esa forma, el régimen sigue tornando inefectivas a las sanciones de Washington. La OPEP, además, dispuso mantener hasta marzo de 2020 el recorte en las cuotas de producción de sus miembros, con excepción de tres socios de ese grupo: Libia, Irán y Venezuela.
Sin alguna nueva estrategia, y con real involucramiento de países extranjeros, Venezuela se seguirá desintegrando, vía hiperinflación, recesión y emigración de sus mejores recursos humanos. Y esto último se va a profundizar. Sobre 3,7 millones de emigrados venezolanos en los primeros meses de 2019, casi 3 millones se encontraban en América Latina y el Caribe. Sobre ese subtotal, más de dos tercios se encuentran en Colombia, Perú y Chile. Pero según datos de un informe de la OEA de marzo, a fin de 2019 el total de emigrados venezolanos ascendería a 5,4 millones de personas y, a fin de 2020, a 8 millones de personas. Naturalmente estos saltos migratorios serán nuevos contingentes humanos que tratarán de ubicarse en Sudamérica, México y algunos países del Caribe. ¿Están todos en condiciones de recibirlos? El lunes, el Ministro del Interior de Chile sostuvo que para los próximos meses, y hasta fin de 2020, unos 300.000 venezolanos tendrían intención de ingresar a Chile, donde ya residen 400.000 inmigrantes de Venezuela. ¿Y cuántos más serían los que desean venir a nuestro país?
En el marco de la campaña electoral, que está en sus inicios en nuestro país, es más que legítimo entonces requerir, tanto a oficialistas como a opositores, que aclaren públicamente cuál es su real postura frente al régimen de Maduro; si mantendrán de manera irrestricta y sin límites el ingreso de venezolanos a nuestro país; si están dadas las condiciones para la creación de vacantes laborales tanto para desocupados actuales como para la ocupación de nuevos migrantes y, en caso afirmativo, cuántos nuevos migrantes por año se podrán absorber sin complicaciones en materia de empleo y gasto asistencial.
No son preguntas triviales, pero ameritan respuestas concretas y de carácter anticipatorio, ya que todo indica que el drama de Venezuela está lejos de llegar a su fin. Sus efectos se harán sentir inevitablemente en la mayoría de los países de la región, incluido el nuestro. Si hay o no recursos y capacidad de respuesta, es algo que todavía está por verse.
