Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
Como el lector habrá notado, esta columna suele recorrer algunas discusiones macroeconómicas que rodean las redes sociales. Una de ellas se produjo recientemente tras declaraciones del candidato opositor afirmando que el déficit fiscal al final de la gestión anterior (2015) no era tan grande como se repetía, lo que disparó la respuesta inmediata por parte del Gobierno, que siempre declaró sobre la dificultad de lidiar con un resultado fiscal heredado muy elevado. El número que defendió Alberto Fernández fue un déficit primario de 1,8% del PIB mientras que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, situó al indicador en 8% del PIB.
Entre 1,8% y 8% del PIB hay mucha diferencia. ¿Cómo es posible que haya un desacuerdo tan enorme sobre un dato público? Recordemos que aquí la manipulación estadística del Indec sólo aparece indirectamente. Los datos fiscales eran provistos por Hacienda y no fueron objeto de duda. El denominador del indicador, mientras tanto, contenía algunas imprecisiones. El PIB nominal multiplica precios por cantidades, y si bien las cantidades estaban sobreestimadas, los precios estaban subestimados. A esto podría sumarse el problema del tipo de cambio real “atrasado”, que hace lucir el PIB en dólares más alto de lo que es, y por lo tanto estima una capacidad de repago de la deuda mayor a la real. Dado que estos efectos no operan todos para el mismo lado, para la presente discusión podemos ignorarlos.
Pasemos al numerador. ¿Cómo debe medirse el déficit fiscal? Esta pregunta no puede responderse sin explicitar el objetivo involucrado en la pregunta. Por ejemplo, algunos economistas calculan el déficit público para identificar el impacto de la política fiscal sobre la demanda agregada y estimar el “multiplicador” de la actividad. En cambio, otros analistas desean determinar el efecto del resultado fiscal sobre la deuda pública y la sostenibilidad externa. Estas medidas pueden ser muy diferentes.
Consideremos el resultado fiscal del año 2002. Según datos oficiales, ese año el Gobierno mostró un superávit primario (devengado) de algo menos de 2% del PIB. El resultado financiero, mientras tanto, fue negativo en 0,8%. Estos números, sin embargo, no permiten en absoluto comprender el problema de deuda que tenía Argentina en esa época. Luego de la devaluación que multiplicó el tipo de cambio prácticamente por tres, la deuda pública también se triplicó. Pero dado que según la restricción presupuestaria del gobierno el déficit fiscal debe igualar el aumento de la deuda más la emisión monetaria (que no fue un factor determinante en ese momento), depende qué lado de la ecuación se mire se llegará a conclusiones completamente opuestas. Lo cierto es que en ese momento Argentina reestructuró su deuda, lo que sugiere que el déficit “relevante” era el medido por el salto en la deuda, que se volvió impagable.
En 2015 el problema de la devaluación en la medición del déficit no era sustantivo, pero siempre hay aspectos contables que dificultan la estimación. ¿Deben incluirse las ganancias de capital del BCRA? ¿Y los bonos emitidos? ¿Y la base monetaria? ¿Qué pasa con las ganancias financieras que provienen de la caja del Anses? ¿Deben integrarse a las provincias para consolidar el déficit? ¿Importa el déficit base caja o base devengado? ¿Y qué hay del déficit implícito, basado en la capacidad de recaudación futura, en las tarifas públicas de equilibrio y en el grado de flexibilidad del gasto público?
Las posibles medidas son múltiples, y el debate sobre cuál es la mejor puede tornarse infinito. Sin embargo, y más allá de la precisión, a la hora de evaluar el peso de la deuda el número que el gobierno reconoce oficialmente resulta ser muy importante, porque fundamenta las expectativas de los inversores internacionales que le prestan a la Argentina (incluyendo al FMI). Si ellos creen que el déficit es alto, aunque “técnicamente” no lo sea, entonces el país se topará con dificultades de financiamiento. Lamentablemente, quizás en la actualidad ésta sea la dimensión más relevante.
