Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
El ridículo debate interno que estalló tras el anuncio del preacuerdo político negociado para definir el alcance de los insumos que se reflejarán en el texto legal y en las concesiones de acceso al mercado del futuro acuerdo de librecomercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, dejó la impresión de que el país fue copado por una sorpresiva y anárquica charla de mamados.
Ninguno de los opinantes que hizo el esfuerzo de explicar su beneplácito, reserva o enojo ante el nuevo escenario, consiguió ilustrar con sólido y detallado fundamento sus puntos de vista. Al redactarse esta columna aún no existía una interpretación metódica y sustantiva, de fuente oficial, sobre la genuina extensión y densidad de los compromisos pactados.
A los que tienen alguna familiaridad profesional con el hilar fino de esta clase de historias, no dejó de llamarles la atención que los gobiernos del Mercosur dejaran pasar, con inquietante serenidad, o precariedad de conocimiento, algunos de los enfoques y mecanismos más tóxicos del actual proteccionismo regulatorio de la Unión Europea (UE). Sobre todo, porque los datos conocidos de esa fuente se apartan de la letra y la melodía que la gente del Tratado de Asunción defendió en las cuatro últimas décadas al elegir posiciones en los foros multilaterales o regionales en los que hubo debate o negociaciones sobre la liberalización del comercio agrícola y sobre sus diferentes y muy complejas modalidades prácticas. El lector tendría que recordar que sobran los testimonios sobre la inclinación troglodita y proteccionista del Viejo Continente en esta materia. Uno de sus dogmas es el sistemático rechazo a cualquier genuino intento de apertura a la competencia agrícola internacional, hecho que habitualmente no le impide dar lecciones de economía de mercado a las naciones asiáticas y a ciertos mercados del continente americano, incluidos Canadá y Estados Unidos.
Los que suelen decir que esas son sólo declaraciones, tendrían que encariñarse un poco más con la prudencia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron dijo, un rato después de suscribirse el antedicho preacuerdo UE- Mercosur, que en la actualidad su Gobierno no podía ratificar semejante enfoque. Y aunque todavía no se conocen las ideas que prevalecerán en el plantel que acaba de ser electo para desempeñarse en el Europarlamento, uno podría apostar, sin mucho riesgo, que irán por más, no por menos cuarentena vinculada al acceso agrícola. Unicamente bajo esa perspectiva será fácil interpretar los siguientes comentarios y ejemplos ilustrativos.
Antes de 2009, Argentina enfatizaba y privilegiaba en forma consistente su respaldo al concepto de seguridad alimentaria, en el que el comercio global era visto como una clara garantía y un enorme aporte constructivo a las necesidades del abastecimiento alimentario del planeta. Un poco antes de esa fecha, el Gobierno decidió plegarse al concepto de soberanía alimentaria, un dogma que se atiene a la noción de promover el autoabastecimiento a cualquier costo (y por lo tanto un proyecto mucho más caro, fiscalmente inviable, que redunda en un claro desincentivo a la producción y las inversiones y, sobre todo, desalienta el comercio global).
Aunque es un sistema todavía imperfecto, la seguridad alimentaria es económica y socialmente más justa para contar con un agro capaz de proveer la mejor contribución a la oferta de productos en los niveles nacional, regional y global. A la luz de esto último ¿Adónde quiere llegar el Mercosur, un exportador mundial clave y eficiente de alimentos, biocombustibles y fibras, al alinearse con los que sostienen que la agricultura y la pesca deben sujetarse a las reglas del autoabastecimiento sin someterse a la competencia internacional, porque son actividades sujetas a indomables fallas de mercado? ¿Con qué exportaciones vamos a conseguir las divisas no retornables que necesitamos a pasto? ¿Desde cuándo el comercio agrícola dejó de ser, como lo estableció el Capítulo cuarto de la Cumbre de FAO de 1996, en sostén real y estratégico de la seguridad alimentaria?
Los datos y ejemplos disponibles del reciente preacuerdo político EU- Mercosur, aún no alcanzan, como ya se puntualizó, para brindar una adecuada respuesta doctrinaria y operativa a ninguna de estas preguntas, ni permite diferenciar, en forma cualitativa, los enfoques nacionales del 2009 de los que subsisten, en muchos planos, en 2019.
Para aterrizar estos enfoques, conviene sumergir el análisis en las políticas y mecanismos específicos de lo que en apariencia resultó aprobado. Ese método nos induce a tomar como base el Informe que distribuyó, el 1/7/2019, la oficina de la Comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmström. Se trata de la única fuente escrita que saltó al ruedo, por lo que no sería lógico descartar otras sorpresas o la posibilidad de sacar conclusiones erróneas por la existencia de un agujero negro en nuestro conocimiento (o quizás en nuestro entendimiento, el lector elige). Se da por supuesto que el lector también sabe que si bien la antedicha fuente es seria, nadie puede dejar de lado que el informe europeo fue escrito para la tribuna del Viejo Continente, sus aliados y sus distintos simpatizantes.
Al notar que los partidarios nacionales de cualquier acuerdo con la UE (“algo tenemos que firmar” se escuchó en “las alfombras del poder”) vieron en este debate una oculta Línea Maginot y agruparon en el mismo redil a quienes insistimos en lograr un buen acuerdo con la UE, con los que son aviesos enemigos de la apertura económica, parece obvio que llegó la hora de poner las cosas en su lugar. La casi totalidad de estos predicadores no tienen la menor preparación para discutir el temario en debate, ni una idea razonable de quienes son los verdaderos cabecillas de los enfoques que dicen combatir (corrijo, que combatimos), ni dónde están ubicadas las casas matrices y las instituciones del proteccionismo global y regional. Tampoco son capaces de analizar con acierto los mecanismos específicos y las reglas artificiales que integran el perverso arsenal del proteccionismo regulatorio global, un juego que capitanean por lejos los cerebros técnicos de la Comisión de la UE y los chicos (y chicas) que trabajan en Washington, Tokio, Ottawa y otros centros de destrucción de comercio (China entra selectivamente en el juego, a pesar del colosal crecimiento de su intercambio).
Uno se pregunta cuantos de estos opinantes conocen los motivos que hicieron capotar las recientes negociaciones de la Asociación Transatlántica entre Estados Unidos y la UE, aquellas que indujeron a que la Casa Blanca de Barack Obama (no la del actual genio del mercantilismo anaranjado) decidiera parar, a fines de 2016, ese megaproyecto. Mi amigo Murphy, el de la ley, diría “todo es posible cuando uno no sabe de qué está hablando”.
Así las cosas, es evidente que nuestros amigos europeos hicieron prevalecer, otra vez, los delirios que a esta altura del Siglo XXI explican el “apartheid agrícola” (el único sector económico global que no está totalmente incorporado a las reglas generales de la OMC o de las que rigen ciertos acuerdos regionales de integración).
Hablemos de los hechos. Como no soy especialista en carnes rojas, consulté a cinco que lo son para confirmar si la cuota Mercosur de 99.000 toneladas que integra las concesiones obtenidas de manera humillante en esta negociación, ejercicio que me permitió confirmar que, al ser calculada en forma de peso en carcasa el volumen real de las exportaciones beneficiadas se reduciría a unas 70 a 72.000 toneladas (tengo estimaciones menores). Además, que la concesión no cubre sólo cortes especiales de alta calidad del tipo Cuota Hilton (el texto del informe de la UE es claro al respecto). Si se compara tal tonelaje con la oferta anual de la Unión Europea, que es de unos 8 millones de toneladas, se comprenderá que, como ya se sabía, Bruselas nos tomó el pelo del principio al fin con esta concesión (por las dudas, ver Político de Estados Unidos del 4/7/2019 y mis columnas previas). Además, la cuota debe dividirse, con método a definir (y respetando hasta donde corresponda las reglas de la OMC) entre los cuatro socios del Tratado de Asunción.
Tampoco es cierto que, como fruto atribuible al reciente esfuerzo negociador, Bruselas haya bajado del 20% el arancel de importación de nuestra Cuota Hilton, noticia que circuló con innecesaria precipitación e injustificada algarabía. Sin duda es mejor el cero que el 20%, pero hay que leer todo el papelito de la UE, incluida la desfachatez llamada cláusula de Salvaguardia (ver los siguientes párrafos). En un amplio dictamen profesional que hice en noviembre de 2013, opiné que era inaceptable, e ilegal, que dicha cuota siga pagando un arancel del 20% tras haberse aprobado e instrumentado la cuota hormonas con cero por ciento (Resolución 481 de la UE). Tengo noción de que copia de ese informe fue entregada a la Cancillería y a lo que es hoy la Secretaría de Agroindustria.
Si esto es así, la rebaja a 0 del arancel de importación que se pactó con Bruselas no se debe realmente a estas heroicas negociaciones, sino al emparche de una anterior obligación incumplida de la UE, motivo por el que nos estarían haciendo pagar las cuentas por duplicado, si el hecho no se tuvo en cuenta en las compensaciones que se negociaron. Sería deseable que los muchachos (y chicas) del Mercosur no olviden manejar con cuidado los sensibles temas del patrimonio históricocomercial y rechacen cualquier licuación de la renta de las cuotas, ya que tales disposiciones y ventajas surgieron de negociaciones ad hoc y fueron aprobadas como compensación de los efectos de la ampliación de Miembros de la CEE y otros hechos de similar importancia.
Avancemos en profundidad. En el punto 5 del Informe de la UE, Bruselas nos dice que el Mercosur debe respetar las reglas sanitarias, fitosanitarias, ambientales y de calidad que fijen unilateral y soberanamente las instituciones de esa Unión Económica para la producción y el comercio de toda la región. Entre ellas, a título de ejemplo, nos obliga (punto 6) no sólo a aceptar las reglas sobre Bienestar Animal (los acuerdos regionales son creaciones OMC plus de las reglas comerciales), las que además de ser una burrada proteccionista (como el promover el uso de jaulas tipo clase ejecutiva para no traumatizar a las aves que viajan para ser sacrificadas con el objetivo de alimentar a los seres humanos), persiguen la clara y prioritaria meta de encarecer los costos y reducir la competitividad de los exportadores que pretenden acceder al mercado del Viejo Continente.
Según el informe de la UE (punto 6), el Mercosur tendrá que acatar y ayudar a difundir esas insólitas reglas para imponerlas en el resto del planeta. Una de las modificaciones de la legislación comunitaria sobre bienestar animal se hizo cuando en la UE estaban sin trabajo 24 millones de individuos, tras la crisis económico-financiera y multisectorial que arrancó en 2008. O sea que los pollos condenados al sacrificio terminaron por recibir mejor trato y compasión que los desocupados que originó ese fulminante episodio económicosocial.
Pero lo más grave de las revisiones agrícolas adoptadas por las partes (punto 5 del Informe), es la idea de “reforzar” el principio o enfoque precautorio aplicable a las reglas de protección sanitaria y fitosanitaria (Artículo 5:7 del Acuerdo de la OMC sobre esta especialidad, acotación mía), para hacer más fácil y ejecutiva la tarea de cerrar o restringir la importación de productos agropecuarios dando mayor discrecionalidad a la autoridad política, algo que supone el creciente menoscabo del uso de los principios y la evidencias científicas en las decisiones, las que constituyen el pilar fundamental de ese Acuerdo. Nuestros muchachos (y chicas, por supuesto) deberían recordar que es falso que la UE dispone, en todos los casos, de normas de vigencia regional en éste área (uno de los ejemplos más recientes son las prohibiciones de producir Organismos Genéticamente Modificados, para las que la Comisión se resignó a devolverle autonomía de decisión a los Estados Miembros y a través de ese pase mágico los autorizó a prohibir tales cultivos por “razones no sanitarias” dando facultades discrecionales a cada Estado). También computar que nuestra cuota de carnes con Estados Unidos, cuya negociación técnica dirigí como representante y negociador oficial, estuvo en el limbo por un cuarto de siglo debido a las jugarretas de Washington y a nuestra indolencia burocrática.
El enfoque de la OMC es de lo mejor que se escribió en el campo de las disciplinas multilaterales, si uno persigue la intención política de combinar una buena protección sanitaria con las opciones destinadas a crear, preservar y expandir el comercio agrícola y agroalimentario. Sugiero enfáticamente no ser flexibles en ese tema. Sería suicida permitir una licuación de tales enfoques o dejar que una medida destinada a resolver una situación específica, quiebre las reglas existentes en la materia. Sobre todo, cuando el próximo paso que se debate está referido al objetivo de prohibir las importaciones de OGMs en el territorio comunitario.
También debería pesar un alerta roja sobre el texto propuesto en materia de Reglas de Origen para regular la explotación y el comercio pesquero. Es urgente que nuestro Gobierno y el resto del Mercosur escuchen a los especialistas antes de seguir adelante, porque podemos hipotecar el patrimonio, la producción, el comercio y la soberanía (Malvinas) por un injustificable descuido.
Menciono sólo estos casos ilustrativos, para destacar que, a lo largo del Informe, hay muchas cosas que suponen un gigantesco paso atrás, y no una racional liberalización del comercio o la angelical reinserción en el mundo. Por ejemplo la salvaguardia especial aplicable unilateralmente por la UE al Mercosur, lo que no se condice con un proceso de librecomercio y con una potencia de esta magnitud, ya que esa facultad supone el derecho de suspender la vigencia de las concesiones preferenciales otorgadas por la UE en el marco del futuro acuerdo. De confirmarse la existencia de tal cláusula (está mencionada en el último párrafo del punto 4 del Informe), es obvio que nuestros negociadores deberían reparar la brújula que emplearon.
El lector notará que no se mencionan los acuerdos industriales y sus cláusulas transitorias, las compras del sector público y el disparate de haber concedido privilegios exclusivos o monopólicos para 335 indicaciones geográficas y de origen, más otras carísimas travesuras OMC plus sobre propiedad intelectual (punto 13 del Informe). Me gustaría conocer la explicación de cómo se calculó la incidencia de esas y otras concesiones difíciles de medir, sobre las balanzas de pagos del Mercosur, y acerca de cómo estas decisiones permitirán lograr un acuerdo equilibrado y justo. Por algo el sector químico y farmacéutico europeo sonríe y el de nuestro país (supongo que el de todo el Mercosur) sólo piensa en no ir a la oficina sin las tiritas de Rivotril.
