Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
Si bien el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe intentó levantar entre bambalinas el realismo y la sustancia de las reuniones preparatorias de la última Cumbre de líderes políticos del G20 que se acaba de realizar en Osaka, Japón, el diálogo demostró, una vez más, la obstinada presión que ejercen Donald Trump y sus apóstoles por minimizar las ideas antiproteccionistas enquistadas en la casi totalidad de los restantes miembros de este mecanismo cimero de diálogo y cooperación global, creado en 2008 a propuesta de otro presidente estadounidense y republicano. A nivel de la cumbre la valiente reacción del ministro japonés que decidió plantear las cosas como son, haciendo alarde del peligroso derecho a la verdad, no tuvo efecto tangible (ver mi columna de la semana pasada). Como era previsible, tan solitaria golondrina no hizo verano. Y esa esquizofrénica relación de fuerzas, sigue debilitando día a día la autoridad global del foro.
Así los hechos casi todas las iniciativas del Jefe de la Casa Blanca en el G20 se orientaron a la perversa tarea de no hacer ni dejar que otros hagan. El habitante de la Oficina Oval sólo se concentró en buscar que no prospere el regreso de la versión histórica del crecimiento económico y del comercio mundial que había en el foro antes de que él y sus operadores exportaran una onda mercantilista cuyos fundamentos son difíciles de entender y mucho más difíciles de aceptar. Y aunque la mayoría de los Miembros añora los consensos que solían emerger en el G20 antes de las sesiones que presidieron, con “exceso de tacto”, Angela Merkel y Mauricio Macri, el resto del grupo no se anima a recuperar la normalidad perdida que rigió sus acciones entre 2008 y 2016. Hoy nadie sabe a qué fin útil apuntan, caso por caso, los actuales guiones de este mecanismo de diálogo.
Toda esta franela explica por qué la Declaración Final que emitieron el pasado 29 de junio los Jefes de Estado y Gobierno del grupo tiene la sustancia de un verdadero parto contra natura. Ninguno de los asuntos que en estos días provocan severa inestabilidad económica o conflictos políticos que hacen temblar al mercado global, recibió debida atención en ese texto. El comercio, las inversiones y el Foro Especial sobre el Acero se comprimieron sin pudor en menos de 12 líneas, un espacio humillante al ver el libreto de doce páginas más una de anexos que tienden a rendir un generoso homenaje a la retórica.
Además resultó claro que Trump se las ingenia para bajarle el precio a cada expresión seria acerca de las guerras comerciales, a la lucha contra el cambio climático y a los esfuerzos por restaurar y modernizar el imperio de la ley en el intercambio global, algo que debería revertirse mediante la adopción de decisiones creíbles, empezando por la de no sabotear las propuestas razonables de modernización y la de sacarle el pie de encima a las gestiones de la OMC y el FMI. En la presente columna se atribuye interés a puntualizar el contrapunto entre lo que dicen las doce páginas de la nueva declaración del foro, con lo que hacen los mismos mandatarios cuando aprueban las decisiones o acciones cotidianas de sus respectivos gobiernos.
Aunque nadie se opone a que estas cumbres del G20 sean precedidas por ideas como la de hacer un taller académico sobre la economía digital, la inteligencia artificial y el empoderamiento de la mujer, siempre falta saber si el mundo subsistirá para convivir con tan fascinantes proyectos. El debate real es si tales nociones son compatibles con la guerra comercial, la globalización hecha a la medida de la retro-visión mercantilista de cada una de las grandes potencias hoy antagónicas y si el cambio climático permitirá tener planeta para llevar a la práctica semejantes progresos.
Entre los primeros axiomas de la Declaración, se encuentra la idea de que la expansión económica y la conducción de las innovaciones (lo que significa digitar por vía de regulaciones la economía) podrán beneficiar a todos, y si ello se logrará cerrando los mercados al estilo barra brava de la Casa Blanca. Estas nuevas y flexibles observaciones de la declaración fueron descubiertas tardíamente por Trump, al ver que las restricciones que concibió su gobierno para poner en caja al Grupo Huawei de China le pegaba de la misma manera a Apple (en lo referido al estrangulamiento de los provisión de partes y a los efectos económicos de las nuevas tarifas de importación para el acceso de los distintos iPhones a Estados Unidos, en un mundo donde las empresas líderes son esclavas de similares cadenas de valor). Al mismo tiempo, Washington hizo lugar a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y a la construcción de un planeta más inclusivo, sin darse cuenta de que ello supone un compromiso tangible y realista con la mitigación del Cambio Climático el que, otra vez en el punto 36 de la Declaración, su gobierno se niega a aceptar. El texto reitera que Estados Unidos habrá de retirarse del Acuerdo de París, quedándose con la soledad de un perfil norcoreano dentro del G20 y del resto del planeta.
El punto 8 y otras referencias de la Declaración condensan en poco más de un párrafo el diagnóstico sobre comercio e inversiones. El texto mechado sostiene que la economía global está afectada por tensiones comerciales (el concepto de guerra comercial no entra en el vocabulario “legal” y censurado del foro, ni tampoco el mencionar por su nombre al público diferendo entre Estados Unidos y China). Ahí se explica que, si bien los desequilibrios comerciales tienden a reducirse, aún subsisten condiciones de déficit excesivo, al que la Tesorería de Trump define con un valor que supera en forma persistente, para el comercio de bienes, los US$ 40.000 millones anuales. ¿Por qué esa cifra y no otra? Porque me “piace”. Después, la declaración califica y acota como debe ser el nuevo concepto de libre y justo comercio. Sostiene que debe apoyarse la reforma de la OMC para mejorar su funcionamiento y alega que las naciones del foro trabajarán con las demás para que la 12va. Conferencia Ministerial de esa organización sea exitosa, enfoque que hasta el momento no se notó en muchos de los grupos reales de trabajo que operan en Ginebra. Washington no trajo una propuesta concreta de reforma entendible para el Organo de Solución de Diferencias y para la Selección de miembros del Organo de Apelación de la OMC, pero objeta a todas las que pusieron sobre la mesa los demás Miembros del Sistema Multilateral de Comercio. La queja colectiva no es, en esencia, contra los diagnósticos de Estados Unidos, sino contra la falta de claridad y buen juicio de sus milagrosas recetas verbales.
En ese punto la declaración plantea que el comercio debe ser libre (lo que la Casa Blanca no practica en el caso de sus acuerdos de integración como el nuevo NAFTA), justo, no discriminatorio, transparente, previsible y estable (ninguna de estas precondiciones son originales, puesto que la mayoría están definidas en el GATT 1994 y en el Acuerdo de establecimiento de la OMC y sus anexos). Los equipos de la Casa Blanca tampoco practican aquello de que los acuerdos regionales o bilaterales de integración son positivos si resultan consistentes con las reglas del Sistema Multilateral de Comercio. Esa retórica es incompatible con los aumentos unilaterales de aranceles generados por el Gobierno de Trump con fundamento en la Sección 232 de la Ley de Comercio estadounidense de 1962 (Seguridad Nacional) y la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, la base jurídica empleada para aumentar los costos de importación de los productos que vienen de China y otros once países y regiones económicas (la UE). Casi todos enfrentan legalmente a Estados Unidos en la OMC, si bien hoy existen acuerdos bajo la mesa para congelar ciertas acciones. La declaración promueve la extensión del mandato global para el foro especial creado para resolver el problema del exceso de capacidad instalada en la industria del acero. Se sospecha que esta iniciativa debería resultar aceptable para todas las partes involucradas, salvo que haya un retroceso en los puntos de vista de China y otras naciones asiáticas.
En materia agrícola, el texto debe leerse con extremo cuidado. Por un lado, es importante saber con qué nuevas travesuras, aparte de las ya anticipadas por el EuroParlamento y la Comisión, llegará a la nueva Política Agrícola Común de la UE el programa de sustitución de importaciones de sustancias proteicas que hoy son abastecidas por Estados Unidos, Brasil y la Argentina. La Declaración sostiene que la agroindustria debe ser inclusiva, Dios quiera que sí, pero no está claro el enfoque que proponen los hombres. También que las cadenas específicas de valor tienen que ser sostenibles, basadas en la ciencia (un temita menos para Dios y de mayor responsabilidad para la EFSA -la Senasa comunitaria- a la que tanto la Comisión, Consejo y el Parlamento Europeo no toman muy en serio). En este caso bien vale un “ver para creer” (o sea la fe sin fe). Por último, Washington sostiene que no será parte del Acuerdo de París, pero practica enfoques eficientes contra el cambio climático. Alega que entre 2005 y 2017 sus emisiones cayeron en 14%, mientras su PIB (quizás por la revolución del gas natural), se expandió 19,4%. Sobre este tema respeto las opiniones de Alieto Guadagni y de mi distinguido y ecuménico colega Raúl Estrada Oyuela, los que conocen el tema mucho mejor que yo.
